El 25 de junio de 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner designó a Amado Boudou como candidato a
vicepresidente de la Nación. Esta fue finalmente la fórmula del Frente para la Victoria, que se impuso en las
elecciones presidenciales de 23 de octubre de 2011 por un amplio margen, obteniendo aproximadamente un 54 %
de los votos válidos, la mayor cantidad relativa desde 1983.
El 27 de diciembre de 2011, se anunció que Boudou ejercería funciones presidenciales desde el 4 de enero hasta el 25 de enero de 2012, mientras la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se sometía a una cirugía de tiroides. Más tarde, el 6 de octubre de 2013, se anunció que Boudou volvería a ejercer nuevamente la presidencia, mientras la titular Cristina Fernández de Kirchner se recuperaba de una cirugía para la retirada de un hematoma subdural.
Amado había llegado a la cúspide de su carrera ejerciendo el cargo más alto de la república. El año 2011 había sido el más glorioso de su vida. Bastón y banda presidencial mediante.
Sin embargo el año siguiente, traía grandes sorpresas y desgracias. El caso Ciccone se hacía presente, sin previo aviso y con la fuerza destructora de un tornado.
En febrero de 2012, Amado Boudou se encontró involucrado en un litigio acerca de la compra de la Compañía de Valores Sudamericana, una empresa por entonces privada que contaba con la tecnología necesaria para imprimir papel moneda. Fue finalmente denunciado por el fiscal federal Carlos Rívolo por la supuesta compra fraudulenta de la empresa que imprimía el dinero en la Argentina.
La denuncia realizada por Laura Muñoz, manifestaba que la empresa había sido adquirida por su esposo Alejandro Vandenbroele y éste estaría presuntamente relacionado con Boudou en calidad de testaferro, con lo que se le acusaba de «negociaciones incompatibles con la función pública».
Vandenbroele y Muñoz atravesaban en aquel momento, un turbulento proceso de divorcio. Fue ella quien comentó que denunciaba a su marido por estar viviendo «una situación matrimonial extrema, temiendo por su seguridad y la
de sus hijos».
Inicialmente, la causa recayó en el juez Daniel Rafecas, pero este magistrado fue luego apartado y, por sorteo, la Cámara Federal designó a su colega Ariel Lijo.
Vandenbroele negó conocer «ni siquiera de vista al vicepresidente Amado Boudou» y manifestó que el banquero Raúl Moneta puso el dinero para levantar la quiebra de la empresa. Vandenbroele negó todas las acusaciones y afirmó en una solicitada que «todo se trata de una mentira».
En noviembre de 2013 el fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, emitió un dictamen favorable a la defensa de Boudou, que pedía el cierre del caso. Tanto Vandenbroele como Moneta negaron tener relación directa con Boudou.
Ante las acusaciones, el 8 de febrero de 2014 Boudou se presentó espontáneamente ante el juez Lijo, aseguró ser víctima de «una trama de operaciones políticas y mediáticas», al tiempo que pidió su sobreseimiento. Lijo citó a Boudou para audiencia indagatoria. Finalmente, el juez decidió unificar las causas por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito relativas al caso Ciccone. Un cachetazo enorme.
En definitiva Amado Boudou fue procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con su condición de funcionario público. Según el fiscal, Amado Boudou aceptó como soborno el 70 % de las acciones de la imprenta Ciccone para hacer negocios para sí, y se interesó en los trámites para levantar su quiebra.
El 12 de febrero de 2015 renunciaron sus abogados, que pertenecían al estudio penal de Darío Richarte, ex jefe segundo de la SIDE.
En diciembre del año anterior el juez había ordenado allanamientos vinculados al funcionario, donde obtuvo documentos que certificaban gastos de viajes realizados entre 2009 y 2011, mientras fue ministro de Economía.
El 19 de febrero de 2015 la Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Boudou en la causa, al considerar probado que Boudou incurrió en negociaciones incompatibles con su cargo, dejando así firmes las acusaciones y quedando estas nuevamente en manos del juez federal Ariel Lijo.
La defensa de Boudou recurrió la decisión de la Cámara Federal ante la Cámara Federal de Casación Penal. El 25 de junio de 2015, la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, dejó firme el procesamiento de Amado Boudou por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
Al año siguiente, el fiscal Jorge Di Lello requirió la elevación del caso donde el ex vicepresidente Boudou está acusado de apropiarse de la fábrica de billetes para hacer negocios con el Estado, por lo que el caso se encamina a juicio oral.
El 7 de agosto de 2018, Boudou fue condenado, luego del juicio por el Tribunal Oral, a 5 años y 10 meses de prisión por el delito de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, por el caso Ciccone.
La defensa de Boudou apeló y, en julio de 2019, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas porque quedaron debidamente acreditadas maniobras para quedarse con la empresa que imprimía los billetes utilizando empresas fantasmas y operaciones simuladas.
La empresa había sido estatizada en 2012 por el gobierno cuando Boudou era vicepresidente y ya había sido denunciado, sin que se pudiera saber quiénes eran los dueños de la empresa ni nadie se presentara a reclamar el dinero correspondiente a indemnizaciones varias.
La defensa de Boudou apeló nuevamente y llegó a la Corte Suprema de Justicia. En diciembre de 2020, con el kirchnerismo nuevamente en el gobierno, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena calificando como “inadmisible” el recurso presentado por su abogado. Cabe aclarar que Boudou permanece aún en arresto domiciliario.
Laura Muñoz, después de haber sido amenazada y perseguida durante años, por haber hecho la denuncia, declaró su alegría al llegar viva y poder evidenciar la condena firme.
Con el fallo de la Corte que rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de Boudou, ya fueron 16 jueces de primera instancia y de alzada los que encontraron culpable a Boudou. Sin embargo el ex presidente no está solo en la mala. Parte de su movimiento intenta imponer otra mirada sobre los acontecimientos. Es el momento donde
la trama se da vuelta y los acusados acusan a los acusadores. Lo que se definiría “argentinidad al palo”.
«Con Lawfare no hay democracia» titula la carta donde juristas, dirigentes políticos y sindicales, y representantes de organizaciones de derechos humanos respaldan al ex vicepresidente. Figuras como Eugenio Zaffaroni, Taty Almeida, Pablo Moyano, Hugo Yasky, Martín Insaurralde, Jorge Ferraresi, Carlos Heller, Oscar Parrilli, Mayra
Mendoza, Leopoldo Moreau, Victor Santa María y muchos más representantes del sector kirchnerista manifiestan que lo actuado por la justicia «atenta contra un Estado de Derecho».
«Expresamos nuestra preocupación ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que afecta a nuestro sistema democrático, vulnerando derechos y garantías constitucionales», señala el primer párrafo del documento
presentado. Y señalan que el lawfare se instala como instrumento de disciplinamiento y persecución hacia un proyecto político de ampliación de derechos para las mayorías y los más “vulnerabilizados».
Por otro lado el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo de Buenos Aires, Andrés Larroque, entre otros, rechazaron el fallo de la Corte Suprema con declaraciones públicas y pronunciamiento en las redes sociales.
Lo paradojal y volviendo a la “argentinidad al palo” es que nuestro presidente Alberto Fernández es quién mejor explicó la culpabilidad del rockero ex vicepresidente. Alberto Fernández, político de a pie por entonces y distanciado del kirchnerismo, publicaba en 2014 en el periódico La Nación una columna titulada «Boudou, Game over», precisamente en el momento de indagatoria.
Para el primer mandatario las conclusiones estaban claras: Boudou se había quedado sin coartada (por eso lo de «game over»). Los delitos que se le atribuían no podían deberse a una confabulación mediática, decía en aquella
columna Alberto. Y enumeraba la serie de «mentiras» (esa es la palabra que usa) en las que incurrió Boudou, según el Presidente; las acusaciones contra el procurador Esteban Righi; el desconocer a Vandenbroele, que era su socio en el intento de apropiarse de Ciccone, y la negación de su relación con The Old Fund, la empresa implicada que, se demostró, benefició a familiares de Boudou.
En ese artículo, los cuestionamientos del actual Presidente también alcanzaron a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la voluntad de encubrimiento hasta el extremo, al sancionar una ley, la expropiación de Ciccone, para hacer más compleja la causa y obstaculizar la Justicia. Escribía con relación a ella y su elección de compañero de fórmula, “Le ha costado mucho admitir el error que ha cometido. Tanto le ha costado, que ha preferido resguardarlo antes que aceptar que se equivocó”.
El Presidente de hoy, abogado y profesor de la Universidad de Buenos Aires, concluyó hace seis años: «Ya es imposible aceptar que todo lo que hoy se conoce sea tan solo el resultado de un impresionante accionar mediático. Son demasiados los fallos judiciales que les restan razón a los argumentos con los que ha pretendido protegerse y son muchas las mentiras que se le han verificado.» “Boudou ya no tiene coartadas. Los argentinos saben cuánto ha
mentido en su alocada carrera por escapar de los hechos que se le atribuyen”.
¿Cuál será la visión de los hechos en la actualidad? No es la primera vez que el ex Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner debe confrontar sus posicionamientos actuales con los que sostenía en el pasado, siempre con el mismo resultado: la contradicción insalvable.
“Liberación de los presos políticos” reclaman amplios sectores del kirchnerismo al gobierno kirchnerista. Se supone que un preso político es víctima de una violación de la libertad de expresión y de la libertad de pensamiento. Aunque existen distintos modos de entender el concepto, es habitual que se califique a un preso como político cuando su detención no está vinculada a un delito concreto y probado o cuando su castigo resulta exagerado a causa de sus ideas políticas. Cuesta encontrar las ideas políticas censuradas y reprimidas en el caso Ciccone.
Amén de los avatares del sistema político y judicial, la opinión pública se ha manifestado en forma contundente, bajando su pulgar, ante las controversias del caso. Ella ha tenido en cuenta que un político preso no siempre es un preso político.
La nube de palabras que define al ex vicepresidente trae con la contundencia de los números los vocablos “Ladrón”, “Corrupto”, “Delincuente” y “Chorro”. Es conocida por todos la expresión “a buen entendedor bastan pocas palabras”. La condena social, más allá de los vericuetos y prestidigitaciones de la justicia, está
vigente más que nunca.
(*) Psicólogo, director de Giacobbe & Asociados
