El gran problema de Argentina es que el Gobierno piensa que la economía está en terapia intensiva por una lesión grave. Como toda administración que cree que el Estado es quien genera crecimiento, pretende curarla con un plan de ajuste fiscal y monetario; pero con las mismas pócimas mágicas, con distintas etiquetas, que terminaron agobiando a la producción y a la gente.
El ajuste no pasa por el gasto público, sino mayormente por el sector privado. Mientras, la lucha contra la inflación apenas implica una moderación del ritmo de emisión; mientras suben la tasa de interés endeudando cada vez más al Banco Central (BCRA), se abusa de los controles de precios y se retrasa el tipo de cambio.
Todo esto en el marco de intentar sostener un cepo que, como ya pasó las 21 veces anteriores que así se hizo, terminará en una gran crisis cambiaria y monetaria. Recordemos que tres de esos controles cambiarios derivaron en las tres hiperinflaciones que ya vivimos y vamos en ese camino.
A esta altura, ni un buen plan de estabilización que garantice cumplir con las metas del FMI serviría para curar a este paciente. Su enfermedad es terminal y hace décadas que viene avanzando. Tiene que ver con que ni argentinos ni extranjeros creen que Argentina tenga un futuro de normalidad con las políticas que ha estado implementando. Por eso, vivimos en una permanente decadencia, con algunas mejoras coyunturales y otras tantas crisis que nos van dejando cada vez peor.
La clave es recuperar esa credibilidad perdida; ya que eso implica más crédito y la gente trabajando e invirtiendo cada vez más, impulsando la economía y el bienestar de todos. Los países normales generalmente no pagan sus deudas, las refinancian; pero para eso debe ganarse un nivel de confianza que geste el financiamiento necesario.
Hoy eso no existe, los papeles de la deuda que les entregamos a los acreedores reestructurados en 2020, con una quita, tienen un precio que significa que, quienes los compran o venden, piensan que en los próximos 4 años se los dejará de pagar y se los canjeará en condiciones similares.
Para que argentinos y extranjeros volvamos a confiar en el futuro de Argentina, se necesita que realicemos lo que hicieron hace décadas, todos los países que hoy miramos con envidia por las posibilidades de progreso que le dan a su gente. Desde hace demasiado tiempo hemos dejado que los gobiernos construyan un Estado que les sirve a ellos y se sirve de los argentinos. Hoy, eso exige una presión tributaria que nos ubica en el lugar número 21, entre 191 países, entre los que más exprimen a sus empresas. Otro ejemplo, un trabajador que está en blanco y no paga “Ganancias”, trabaja cerca de la mitad del mes para el Estado y sólo el resto para su familia. Ni así alcanza para pagar los excesos de gasto público, el gobierno absorbe la mayor parte del crédito disponible y nos cobra cada vez más impuesto inflacionario, a través del BCRA.
Hay que reformar el sector público para que cumpla con las funciones indelegables que establece la Constitución y que lo podamos pagar con un nivel de gravámenes razonable. No es cierto que esto implique dejar sin ingresos a alguien.
De hecho, la Ley de Empleo Público prevé que, si alguien pierde su cargo por ser innecesario, queda en disponibilidad por un año, que podría ampliarse a dos. En ese tiempo se le sigue pagando, se lo capacita para pasar al sector privado y se premia al empresario que lo tome. Por ejemplo, haciendo que el Estado le pague los aportes patronales por un tiempo.
Esto generará un creciente ahorro en el Estado que permitirá sancionar una reforma impositiva que determine cómo se irán bajando los gravámenes en el tiempo. Además, debería incluir cambios que lleven a un mayor federalismo tributario para eliminar los incentivos perversos al malgasto de las administraciones provinciales y a la dependencia del poder central que conlleva la “Coparticipación de Impuestos”.
Por último, necesitamos desarmar la enorme maraña de regulaciones que asfixian al sector productivo argentino. Debe sancionarse un paquete con aquellas que realmente se necesitan y, el resto, derogarse. Todo esto atraerá más inversiones y alentará a los emprendedores; pero necesitamos que la mayor producción signifique más ocupación de gente.
Tenemos una legislación laboral que sólo desalienta la generación de puestos de trabajo productivos. Hay que reformarla para que la incentive y, así, se gesten más de 4.000.000 de empleos en los próximos 5 años.
Todo esto es posible y, desde hace 11 años, la Fundación “Libertad y Progreso” viene trabajando en un plan de gestión que contempla estas reformas urgentes y otras que también son necesarias (su quinta edición está disponible en su página web).
Basta aprender de lo que hicieron en otros países exitosos y que los argentinos nos negamos a encarar por temor a los sacrificios que pueda implicar. Así, hemos venido pagando costos mucho mayores por el empobrecimiento relativo y las sucesivas crisis. Éstas últimas reflejan el máximo costo social posible y, encima, no resuelven los problemas de fondo. ¿No será hora de que “apretemos los dientes” y curemos al paciente con el tratamiento necesario para garantizar un futuro de progreso para todos los que viven en Argentina?
(*) Economista y Director Ejecutivo de la fundación Libertad y Progreso
