Con la frase del título de este comentario describió la gran María Elena Walsh a la justicia, aludiendo a la imagen que recibe a todo aquel que ingrese al edificio del palacio de tribunales, en la calle Talcahuano en la ciudad de Buenos Aires.
El militante de los movimientos sociales Juan Grabois, al ocuparse críticamente del tratamiento que medios y dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición dan a la remanida cuestión de la denominada “toma de tierras”, aún sin proponérselo, concuerda con la desaparecida compositora. La “señora” sigue portando la mentada venda pero, seguramente por descuido, dejó libre uno de sus ojos. (/ https://www.eldestapeweb.com/politica/toma-de-tierras/grabois-estallo-por-la-toma-de-tierras-toda-familia-que-se-mete-en-un-terreno-lo-hace-por-necesidad—20209416300).
Y fuerza es reconocerlo, la vulneración del anhelado vendaje llamado a garantizar la imparcialidad en las decisiones judiciales, proviene de la presión mediática y la sumisión a la misma de dirigentes de todos los pelos y colores. Sumisión que, lógicamente, los descalifica en el rol de guías de la sociedad que se aspira que todos ellos conlleven. Guías sociales que se escamotean abiertamente tal rol, dejándose arrastrar por un sentido común que presupone lo que la misma cúspide de nuestro ordenamiento jurídico no establece.
Cursamos días de pandemia y de profundización ostensible de la miseria en que han caído millones de argentinos. Compatriotas hundidos en todo tipo de privaciones, hacia las que se aproximaron raudamente como consecuencia de la política económica del macrismo entre 2015 y 2019, agravadas a partir de la pandemia del coronavirus, con su retahíla de desempleo, enfermedad, postración y muerte. En ese contexto, las condiciones de hacinamiento y de situación de calle de hombres, mujeres y niños, jóvenes y viejos, trocan de una deleznable realidad que suele desnudar la indiferencia e insolidaridad de buena parte de nuestra sociedad y del mismo Estado, a una afrenta a la condición humana imposible de ignorar por un Estado mínimamente democrático.
Bajo tales condiciones, que cientos de personas asienten sus empobrecidos reales, por ejemplo en un predio de cien hectáreas en Guernica, partido de General Perón, tercera sección de la provincia de Buenos Aires, es susceptible de merecer distintas miradas y análisis. Pero ninguno tan sesgado como para recalar sólo en la pretensión de acudir una vez más al código penal como primera y única alternativa.
Rápidamente los voceros mediáticos y los émulos del ex alcalde de New York y padre de la famosa “tolerancia cero”, Rudy Giuliani, se yerguen como paladines de la propiedad privada y claman por un ejemplar castigo del delito de usurpación. Sin siquiera, en este caso, ponderar que no se trata de una propiedad privada de un particular, sino que lo es del Estado municipal. Predio que, según ha trascendido, estaba siendo materia de negociación entre el municipio y los impulsores de un emprendimiento (club de campo) de las inmediaciones para erigir sobre el mismo canchas de golf y otros espacios recreativos para sus miembros.
A eso me refiero con la venda removida en uno de los ojos de la señora (la justicia). Es que quienes así opinan, no sólo desdeñan humanamente la suerte de sus semejantes más vulnerados. Sino que, además, muestran sin pudor alguno su ignorancia.
La Constitución Nacional garantiza el derecho de propiedad privada en su artículo 17. Pero también asegura el derecho de todo habitante de este bendito suelo a contar con una vivienda digna (artículo 14 bis, tercer párrafo). Y ello lo hace en consonancia con los tratados de derechos humanos incorporados en su artículo 75, inciso 22.
Como bien se conoce, ningún derecho o garantía constitucional es absolutamente predominante sobre otro. Es menester armonizarlos, aunque siempre respetando las diferentes jerarquías de los valores en tensión.
Entonces me pregunto: ¿debe en estos tiempos de pandemia atroz, predominar, por caso, la legítima aspiración de un grupo de emprendedores de concretar un negocio inmobiliario de lujo y abultadas ganancias, por sobre la necesidad extrema de hombres, mujeres, ancianos y niños pobres de toda pobreza de contar con un pedazo del extenso suelo de esta gran nación en el que asentar una mínima pero digna vivienda?. Sin duda que no. Entre otras cosas porque mal se puede endilgar el delito de usurpación a quienes, bajo condiciones de extrema necesidad, fueron dejados de lado por el propio Estado, que incumple con la clara manda constitucional ya mencionada.
Esas familias no eligieron ocupar unos pocos metros cuadrados donde asentar una choza maloliente que no cobija del frío ni del calor, que carece de agua y cloacas y de todo cuanto se pueda imaginar. Acudieron allí bajo tan adversas condiciones porque, al menos, les habilita la esperanza de erigir con la ayuda mancomunada de todos los vecinos, en comunidad organizada, un hogar más digno de temerse por tal.
Las oprobiosas reacciones que se disparan con la velocidad de un rayo exigiendo que caiga sobre los “usurpadores” todo el peso de la ley, se hunden en la peor de las hipocresías y reflejan una repugnante condición humana.
Tiene razón Grabois. Nadie toma un pedazo de terreno en esas condiciones si no es por la extrema necesidad que padece. Necesidad acuñada en el abandono de la sociedad y del Estado mismo.
Pero, peor aún. Quienes claman por la mano dura contra los “ocupas”, no censuran la toma de tierras. Condenan que la tomen los pobres y callan si lo hacen los poderosos. Yo vivo en el partido de Pilar y fui concejal en ese distrito hace ya muchos años. Por entonces, a favor del ensanchamiento de la ruta Panamericana, empezaron a crecer como hongos los clubes de campo. La zanahoria para atraer compradores, básicamente de la Capital Federal, era el remanido argumento de la seguridad y la vida al aire libre. Es decir, se vendía la alternativa de vivir en un saludable contacto con la naturaleza, entre altos muros y custodiados por servicios especialmente contratados para ello. Reconozco que me disgustan esos emprendimientos que, representan fielmente la línea divisoria entre los estratos sociales. Pero, por supuesto, eso es opinable.
Lo que no resulta opinable es que contaron con el alborozado recibimiento de, incluso, un muy considerable número de pilarenses que no se apresuraron a censurar el modo en que se apropiaron de tierras públicas. Si, se apropiaron de innumerables calles y espacios públicos porque les eran imprescindibles para brindar diversión y seguridad a sus habitantes. Claro que lo hicieron mediante la prepotencia que emana del poder económico que, por lo que puede verse, no merece la misma censura que la conducta de los pobres guiada por sus extremas necesidades.
Tampoco se alzaron alarmados por la violación del código penal periodistas y políticos. Por el contrario, vieron en ello una ventana de oportunidades para gestar todo tipo de negocios en torno a tan prósperos emprendimientos inmobiliarios. Y, por el contrario, recuerdo haber recibido el monte de “Robespierre” por parte de Bernardo Neustad, famoso vocero mediático de entonces, por pretender yo que se devuelvan esas tierras y que se les imponga los gravámenes correspondientes.
Tampoco he visto en estos tiempos que se alcen estas mismas voces que claman contra los ocupas impúdicamente desvalidos, reclamando que el emporio mediático Clarín devuelva las calles públicas de las que se apropió para erigir sus instalaciones en la ciudad de Buenos Aires o al diario La Nación el predio de La Sociedad Rural Argentina.
Menos aún se escucharon estas mismas voces exigir que caiga furiosamente el código penal argentino sobre Joe Lewis que, no sólo se apropió ilegalmente de cuantiosas extensiones de valiosísima tierra patagónica sino, incluso, de todo el lago Escondido.
En este caso, efectivamente, asiste razón a Juan Grabois.
