Política

El oficialismo en el Senado trabaja en una ley de ingreso universal, pero sólo para indigentes

Cristina Kirchner apoyó el salario básico universal que propone Juan Grabois pero senadores de su bloque empezaron a trabajar en una idea alternativa, que consistiría en definir un ingreso mínimo para los indigentes con un financiamiento que no complique tanto las cuentas fiscales. Podrían presentarlo en el Senado o ofrecerlo para que sea salga por decreto presidencial.

Sólo así podría pasar el filtro de la ministra de Economía Silvina Batakis, quien aseguró que no es momento de debatir un salario universal y lo dejará plasmado en su proyecto presupuesto 2023, que deberá presentar el 15 de septiembre en la Cámara de Diputados.

El año pasado su antecesor Martín Guzmán no cumplió ese ritual porque no lo invitaron. En el kirchnerismo lo responsabilizaban de haber provocado la derrota en las primarias unos días antes, por borrar planes de asistencia como el ingreso familiar de emergencia, el IFE, que alcanzaba a una población similar a la que apunta el salario básico universal.

Por ahora el único proyecto fue implementar el SBU fue presentado por el diputado del Frente de Todos Itaí Hagman, que responde al frente Patria Grande, de Grabois. Cristina lo respaldó en un acto, pero por la resistencia del presidente nunca se debatió el comisiones.

Grabois lo reclamó en la manifestación del último jueves y le pidió a Alberto que aplique por decreto, porque aún si se uniera el Gobierno no será fácil convencer a la oposición.

En el oficialismo tampoco tiene mucho respaldo: en la última sesión repartieron pancartas a los diputados del Frente de Todos pero sólo 30 de los 118 la pegaron en sus bancas.

Por eso Cristina evalúa iniciar el debate en el Senado y la jefa de su bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, dialoga con ministros y organizaciones sobre una idea alternativa, que sería un ingreso a personas que no tengan como garantizar su alimento, consideradas indigentes.

No se trataría de un salario, porque entienden que sólo es posible si hay contraprestación. Y consideran que si no hay oferta de puestos de trabajo es por errores en los planes económicos y no por una crisis sistémica.

Esa sería la principal diferencia con la CTEP de Juan Grabois, uno de los ya consultados por Di Tullio.

En el kirchnerismo habían mantenido en reserva las gestiones de Di Tullio, pero se filtraron el mismo día de la marcha. La senadora ya se reunió con organizaciones, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y de la Anses, que debería cruzar datos para definir el alcance de los beneficiarios.

La idea sería reducir los beneficiarios a los indigentes y darles un aporte individual similar al que establece el proyecto de Hagman, que es la canasta básica alimentaria, hoy en el orden de 14 mil pesos.

De ningún modo se consideraría un salario, porque no hay contraprestación directa, aunque el proyecto de Cristina podría incluir una auditoría de las cooperativas vigentes para determinar cuanto dinero llega a los beneficiarios. Esa es su pelea con el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico.

Recién cuando defina el universo de beneficiarios, Di Tullio planea revisar los números con el Ministerio de Hacienda y estudiar si el costo fiscal es restrictivo.

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