Provincia

El Senado bonaerense avanza con Alcohol Cero

La Cámara Alta convocó a cuatro plenarios de comisiones para tratar las iniciativas presentadas. Una de ellas es la del Ejecutivo. Búsqueda de consenso y un punto conflictivo.

El Senado bonaerense acelera con el debate por la ley de Alcohol Cero, para lo cual ha organizado una serie de exposiciones a lo largo de cuatro plenarios que tendrán lugar cada 15 días.

Así, el Frente de Todos y Juntos analizarán las iniciativas presentadas en las comisiones de Transporte, Prevención de las Adicciones, Legislación General y Puertos e Intereses Marítimos.

Hoy se llevará a cabo la primera de las sesiones, para escuchar la experiencia de funcionarios de municipios bonaerenses donde ya rige una ordenanza en este sentido.

A la cita está convocados Gustavo Jara y Sofía Pomponio, subsecretario de Seguridad y Coordinadora del Centro de Monitoreo de Mar del Plata, respectivamente. También expondrán Marcelo Remonda, jefe de Gabinete de la Junta de Seguridad en el Transporte del ministerio de Transporte de la Nación.

De igual manera estarán presentes cuatro representantes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI): Marcelo Marzocchini, director Operativo; Héctor Laiz, gerente de Meteorología, calidad y ambiente; Leandro García, responsable del Programa de Meteorología Legal y la ingeniera química Fabiana Barrera.

En la segunda jornada participarán colectivos de familiares de víctimas y el Consejo de Víctimas de la provincia de Buenos Aires; a la tercera concurrirán funcionarios provinciales y en la cuarta expondrán representantes de los empresarios vinculados a las industrias cerveceras y vitivinícolas.

Actualmente existen en el Senado dos propuestas legislativas, presentadas por el massista José Luis Pallares (FdT) y la peronista en Juntos, Claudia Rucci, además de la que giró el Ejecutivo con la firma del gobernador Axel Kicillof.

Uno de los debates centrales girará en torno a la posibilidad de presunción de consumo de alcohol cuando un conductor se niegue a realizar las pruebas de alcoholemia por orden judicial, mientras que se presume un piso de consenso en el resto de los puntos contenidos en las propuestas.

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