Pilar demora su respuesta a colaborar con la ley de Ética Pública propuesta por la provincia

Se trata de un proyecto que comenzó a articularse en noviembre pasado, y busca transparencia en la gestión. Por alguna razón que se desconoce y que ningún funcionario aclara, Pilar es uno de los 106 distritos que todavía no respondió a la convocatoria.

.El gobierno bonaerense convocó a los 135 municipios de la Provincia a colaborar con la confección del proyecto de ley de Ética Pública y Transparencia, en el que trabaja el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, e intenta generar consenso con los 135 distritos, de los cuales 29 ya dieron su conformidad, para evitar el debate partidario antes de que la iniciativa llegue a la Legislatura

La convocatoria se dio a través de un comunicado, en donde el antecesor de Pablo Bruera invitó a los 135 distritos que hay dentro del territorio “a participar de los siete equipos técnicos que desde el 2 de noviembre se reúnen en forma virtual”, buscando darle forma a un proyecto consensuado que, a partir del acuerdo entre las comunas, tenga un trayecto rápido por las cámaras de la Legislatura bonaerense, en la que los representantes de las distintas secciones electorales son quienes deciden los destinos de los proyectos que por allí pasan.

En ese sentido, la subsecretaria de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos, destacó que desde noviembre pasado “se han realizado 63 reuniones virtuales y más de 96 horas de trabajo con la finalidad de redactar un anteproyecto de ley consensuado, basado en el diálogo y trabajo colaborativo”, y explicó que “se trata de establecer un sistema de promoción, impulso y garantía de la ética pública y transparencia en cumplimiento de los tratados internacionales para subsanar un vacío normativo que supera los 21 años”.

Hasta el momento son 29 los municipios que se sumaron a la propuesta, menos de la cuarta parte de los 135 que conforman el territorio bonaerense. Alberti, Benito ­Juárez, Colón, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Escobar, Esteban Echeverría, General Belgrano, General Rodríguez, ­Hurlingham, Ituzaingó, La Plata, La Ma­tanza, Lincoln, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Mar del Plata, Mar Chiquita, Mercedes, Morón, Olavarría, Presidente Perón, Puan, Quilmes, Saavedra, Pigüé, San Miguel del Monte, Tigre y Tornquist dieron el sí, y se espera que los 106 restantes también lo hagan.

En tanto, continúa el trabajo de “los equipos técnicos, integrados por los tres poderes del Estado, universidades públicas, organismos de la Constitución, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, quienes realizan una tarea intensa y comprometida para lograr una norma de avanzada”, sostuvo el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal, Santiago Ávila.

Dentro de estos equipos técnicos coordinados por el Ministerio de Justicia se encuentran las universidades nacionales de Lomas de Zamora, José C. Paz, Mar del Plata, del Noroeste, La Matanza, Universidad Nacional de San Antonio de Areco, Tres de Febrero, y del Sudoeste.

Por el sector civil, participan el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, la Asociación por la Igualdad y la Justicia, las fundaciones Poder Ciudadano y Directorio Legislativo, y los Centros de Estudios para la Gobernanza e Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el ­Crecimiento.

En tanto, por el Estado nacional, está la Oficina Anticorrupción, y por la Provincia, la Fiscalía de Estado, la Defensoría del Pueblo, la Contaduría General, el Tribunal de Cuentas, representantes del Poder Legislativo, la Jefatura de Gabinete de Ministros y los ministerios de Gobierno, de Justicia, de Salud y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.