Cuando Alberto Fernández en la primera conferencia de prensa que brindó con motivo de la irrupción de la epidemia del corononavirus, se deslindó de cualquier intención de establecer un estado de sitio, enseguida interrumpió el hilo de su discurso para reivindicar los que había declarado Raúl Alfonsín, que se ha convertido desde hace poco en su prócer predilecto. No extendió su reconocimiento al que declaró De la Rúa el 18 de diciembre de 2001, aunque en ese entonces operaba a favor del gobierno de la Alianza en la Ciudad, en tándem con el intendente Aníbal Ibarra y la jefa del bloque legislativo porteño de la Alianza, Vilma Ibarra, ahora secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.
Alfonsín ‘contra la derecha’
En la primera declaración del estado de sitio, en octubre de 1985, Alfonsín violó la Constitución Nacional, porque lo sacó por decreto a pesar de que estaba en funciones el Congreso, el único con autoridad para hacerlo. Obviamente, las señoras y señores legisladores lo ratificaron con posterioridad, lo cual constituye una segunda violación constitucional. Dos violaciones sucesivas no se legitiman recíprocamente. El motivo del estado de sitio era una clara crisis de gobernabilidad, aunque el detonante fueron unos atentados a escuelas y complots políticos que fueron atribuido a un grupo derechista – que defendían la auto-amnistía que había declarado la dictadura, en vísperas de los juicios a las Juntas. Fueron detenidas unas veinte personas, “a la orden del Poder Ejecutivo” por treinta días – los permitidos por la Constitución. Concluida la cuarentena fueron liberadas sin que mediara ningún proceso judicial ulterior. Una farsa.
Cuando ese complot se convirtió en algo concreto, con la sublevación carapintada de abril de 1987, Alfonsín no decretó, sin embargo, un estado de sitio. Eso hubiera significado movilizar a las fuerzas armadas para enfrentar el golpe carapintada, que se vio imposible cuando el “mando leal” se quedó a mitad de camino de los cuarteles tomados. Al final el mismo Alfonsín envió al Congreso los proyectos de Punto Final y de Obediencia Debida con el apoyo de toda la ‘clase política’. La obediencia debida en tiempos de paz es un principio de militarización del Estado.
Alfonsín contra la izquierda
Cuando Alfonsín volvió a declarar el estado de sitio, en mayo de 1989, su gobierno estaba ingresando en la sala de velatorios. Como se puede apreciar, el estado de sitio no siempre representan la señal de fortaleza que pretenden dar los gobiernos. Dos semanas antes, el candidato de la UCR, Eduardo Angeloz, había sido fusilado en las urnas por Carlos Menem. Entretanto, una crisis de deuda externa había desatado una mega devaluación y una hiperinflación descomunal. Este derrumbe provocó asaltos a supermercados, por un lado espontáneos, por el otro inducidos por el elenco estable de intendentes pejotistas. Alfonsín prefirió mirar para otro lado: declaró que “treinta trotskistas no me van a torcer el brazo”. Es así que hizo detener, por medio de jueces amigos, a una gran parte del Comité Nacional del Partido Obrero y a numerosos dirigentes y militantes. Evitó ponerlos a la “orden del Poder Ejecutivo”, dejando la posibilidad de obtener penas mayores.
Que el hábito del estado de sitio termina mal, lo acabó demostrando De la Rúa que, de nuevo, lo sacó por decreto para defender a “la propiedad” contra la “turba”, logrando lo contrario de su propósito – que las clases medias se sumaran al movimiento piquetero para derribarlo con acciones callejeras.
Estado de sitio Covid-19
El estado de sitio que la ministra de Seguridad de Alberto Fernández ha justificado como necesidad eventual (“no lo descarto), serviría para detener a quienes sean sospechosos de violar la cuarentena, sin pasar por la Justicia. El estado de sitio suspende las garantías constitucionales. El “control de legalidad” de esos arrestos lo tendría el Poder Ejecutivo, no los jueces – en última cuenta la misma Secretaria, los Berni provinciales y, de un modo efectivo, la policía o el ejército. Quedaría instaurado un régimen extrajudicial de arbitrariedades, para llenar aun más de gente las cárceles abarrotadas. ¡Añadiría un problema adicional mayúsculo a la lucha contra la epidemia! La Suprema Corte, por su lado, decidió en plena emergencia social y sanitaria, una “feria judicial”, por ahora hasta el 31 de marzo, renunciando con ello a cumplir su propia ‘actividad esencial’, como está obligado a hacerlo, digamos, un supermercado. El juez federal de turno, Luis Rodríguez, se considera desbordado, según Clarín (21.3), por la situación. Argentina quedaría a merced de un estado de sitio por ‘default’ judicial. Las fuerzas armadas darían un salto brusco, en términos de facultades represiva, a las que le otorgaron Isabel Perón e Ítalo Luder en 1975.
Hasta ahora, los mayores violadores de las normas de conducta en una epidemia, y los mayores violadores de las cuarentenas, han sido de la clase media y alta, como lo muestra el número de viajeros al exterior desde la primera detección del virus en Argentina, y el tránsito vehicular privado desde que se declaró la cuarentena. El pueblo realmente pobre enfrenta una crisis de empleo, comida, hacinamiento, asistencia de salud y carestía. El otro problema, el sistema de salud se encuentra al borde de la quiebra, sin que los Fernández hayan tomado medidas de fondo, como sistemas de detección, respiradores, ampliación de camas regulares y en terapia intensiva. Esto se resuelve con una política de pago de salarios a los desocupados, changuistas, suspendidos y monotributistas – e intervención en el sistema privado de salud.
El conservador inglés Boris Johnson acaba de decidir los pagos de salarios, “por tres meses”, a siete millones de personas en condición precaria, por un monto total de 36 mil millones de libras esterlinas -aunque el dinero para rescatar capitalistas alcanza ya a los 300 mil millones de libras. Aunque con grandes limitaciones, ha impuesto una atención médica de parte de los institutos privados a precio de costo, que ya está supervisada por un auditoria especial. El interés del sistema británico de salud privada, en estas medidas, es que puede retener, en medio de la epidemia al personal médico propio que también trabaja hasta ahora en el sistema estatal (NHS). Para dar una pelea contra la epidemia sanitaria y social, Argentina debe repudiar la deuda pública financiera.
Copiando a Trump
Para algunos será curioso saber que Donald Trump pretende hacer lo mismo que se quiere hacer en Argentina. Para eso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado autorización legislativa para arrestar personas sin necesidad de intervención del Poder Judicial (Político, 21.3). Invoca para eso la vigencia del “estado de emergencia”, que en este caso pasaría a ser un estado de sitio. Esta claro que EEUU avanza hacia una crisis política pandémica, pero antes sirve como inspiración a los ministros de Seguridad de Argentina.
Un decreto de AF ha suspendido las elecciones, asunción de autoridades, reuniones y asambleas de los sindicatos, con la justificación conocida del ‘distanciamiento social”. Ha puesto a los sindicatos en cuarentena (lo mismo que hace con el poder judicial), o sea que nos interpreta como canal de movilización popular en esta crisis. Los sindicatos, sin embargo, son más importantes que las fuerzas armadas; al final, la construcción de hospitales en tiempos de crisis no la harán los soldados sino los obreros de la construcción. Detrás de la cuarentena burocrática de los sindicatos anida la intención de impedir las asambleas obreras, cuando respondan a una lucha contra las patronales que ponen sus intereses por encima de la salud y la vida de los trabajadores. Pero estas asambleas van a crecer como nunca, incluido en el sistema de salud, o especialmente en él. Todo reunido, el gobierno de los Fernández se encuentra cruzado por presiones que lo pueden llevar a una catástrofe política anticipada.
En la cuerda floja
Es una señal de esto que los ministros operen como voceros oficiales de medidas en discusión y que diez gobernadores reclamen que el Congreso vote el estado de sitio – que esta vez no se lo autorizan al Presidente al margen del parlamento. Una medida de excepción que no puede durar más de treinta días, según la Constitución, obligaría a reunir diputados y senadores una vez al mes para renovarla. El Congreso se convertiría en un bocado de cardenal para el Covid-18, con buena parte de sus mientras en los “grupos de riesgo”. Como estas alternativas cuestionables ocurren cuando los diarios describen la oferta de negociación de la deuda de Guzmán como “agresiva”, y la reacción de los bonistas como “negativa”, ¿el gobierno piensa valerse de los poderes del estado de sitio, para la deuda externa?
Todo el movimiento popular debe pronunciarse contra el estado de sitio y en favor del despliegue de las organizaciones populares para atender las necesidades de la mayoría sin trabajo regular o desocupada. Pronunciarse por el derecho a la deliberación de los trabajadores, no a pesar de la crisis de salud y de la crisis económica, sino para darle una salida.
(*) Fundador del Partido Obrero, ex legislador de la Ciudad, periodista y escritor
