Detectan maniobras con inmuebles públicos en favor de Caputo durante el macrismo

Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó supuestas maniobras de corrupción en favor de Nicolás Caputo en la subasta de inmuebles públicos durante la Presidencia de Macri.

Dichos inmuebles, pertenecientes al Gobierno Nacional y ahora en manos del «amigo del alma» de Mauricio Macri, habrían significado «una pérdida para el patrimonio nacional cercana a los 75 millones de dólares». La investigación ya ha sido elevada a la Oficina Anticorrupción, cuyo titular es Félix Crous, quien deberá “definir el rumbo a seguir con estas actuaciones”.

El informe oficial también fue remitido a la Jefatura de Gabinete de Ministros, e incluye el relevamiento de 21 subastas sobre un total de 54 operaciones que tuvieron lugar en el período marzo de 2017-abril de 2018, en las cuales “se detectó la adjudicación de inmuebles por precios menores a su valor de tasación”.

La SIGEN aclaró que las subastas auditadas se seleccionaron “de acuerdo a criterios como el monto total y la diferencia entre el valor de tasación y el valor de adjudicación, y se determinó que en 16 de esas 21 operaciones se comprobó una diferencia negativa entre el valor de tasación y el monto en el cual los inmuebles fueron finalmente adjudicados”.

«El total de la tasación ascendió a 396 millones de dólares mientras que el monto efectivo en el que fueron vendidos alcanzó los 322 millones de dólares, lo que determinaría una pérdida para el patrimonio nacional cercana a los 75 millones de dólares», detalló.

«Entre las firmas que compraron bajo el precio de subasta figuran, entre otras, Consultatio Argentina SAU y TGLT”. La empresa Consultatio pertenece a Eduardo Costantini, un empresario macrista que tomó distancias hacia fines del Gobierno de Cambiemos. La desarrolladora inmobiliaria residencial con operaciones en Argentina y Uruguay TGLT, en tanto, entra en la órbita de las empresas de Nicolás Caputo, el «hermano de la vida» del ex Presidente.

El informe destacó que, para fundamentar esas ventas por debajo de su cotización, “desde la AABE se había señalado la aplicación del artículo 578 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite la subasta por dos tercios del valor del inmueble”.

“Sin embargo, los técnicos de la SIGEN consignaron que esa normativa está prevista para el cumplimiento de sentencias de remate en juicios ejecutivos, situación que no se ajusta a los procedimientos de las subastas en cuestión”, concluyó el informe. Ahora la Oficina Anticorrupción tiene la palabra.