Informe: las jubilaciones como la variable de ajuste del gobierno nacional

Un estudio del CEPA sobre la política previsional adoptada por el tándem Milei-Caputo reveló una pérdida del poder adquisitivo y licuación en los haberes mínimos. Los detalles.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizó un informe sobre la política previsional adoptada desde diciembre del 2023 a la fecha y reveló una gran pérdida del poder adquisitivo en los jubilados, utilizados, según el estudio, como la variable de ajuste para el tándem Milei- Caputo.

“El gobierno sostuvo el superávit fiscal a costa de las jubilaciones. En el período enero-septiembre de 2024, el 25,3% del ajuste del gasto del Estado estuvo explicado por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones”, sostiene el informe del CEPA.

Por otro lado, otro aspecto que afectó a los jubilados tiene que ver con la modificación de la fórmula previsional por el DNU 274/24, atando los haberes a la inflación. “Si bien la fórmula atada a IPC permitió recuperar parte del terreno perdido en el primer trimestre, a esta altura podemos concluir que la fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras”, en referencia a la formula derogada (Ley 27.609 vigente desde 2021) .

“Tanto en septiembre como en diciembre, los aumentos por la fórmula anterior hubieran sido superiores a los efectivamente otorgados. En diciembre 2024, con la fórmula de Milei, la jubilación mínima (sin bono) se ubicará en $259.599, mientras que de haber continuado la fórmula anterior se ubicaría en $314.303 (21,1% por encima)”.

Paralelamente, desde marzo, el bono compensatorio que recibía el 70% de los jubilados fue congelado en $70.000, licuando mes a mes su capacidad de compra. Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo y diciembre 93,1%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 61,2%. De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debiera ser en diciembre de $135.140, es decir, $65.140 más de lo actual.

En ese sentido el informe revela que contrario a lo que sostenía el presidente Javier Milei, los jubilados no le ganaron a la inflación: “en el trimestre septiembre-noviembre de 2024, el poder de compra de las jubilaciones que no perciben bono se ubica 4% por debajo del mismo período del año anterior, mientras que las jubilaciones con bono se encuentran 13,1% abajo”.

Al atar las jubilaciones al IPC, «éstas no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperar. Por el contrario, la Ley 27.756 sancionada por el Congreso y vetada por el Ejecutivo incluía: una recomposición por única vez de 7,2% para todos los haberes, un haber mínimo equivalente al 109% de la CBT de un adulto, y una cláusula gatillo una vez al año (en marzo) si hubiere recuperación real de los salarios en el año calendario anterior».

Por otro lado, el CEPA pone el foco en la “Ley de leyes” y sostiene que en el proyecto de Presupuesto 2025, se contempla la ratificación de la fórmula por IPC y mantener congelado el bono para la mínima en $70.000 durante todo el año. Esto implicará, a diciembre de 2025, negarles a los jubilados $102.793 adicionales. Ello siempre y cuando se cumplan las previsiones del gobierno: si ocurriese algún acontecimiento que ponga en riesgo el equilibrio financiero, el bono podría recortarse en el marco de la regla fiscal que propone el ejecutivo.

Por último, se refirió a la moratoria previsional sostiene que, “el gobierno confirmó que no se prorrogará por lo cual vencerá en marzo de 2025. Esto implica que 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones en edad de jubilarse, deberán conformarse con una PUAM, equivalente al 80% de la jubilación mínima y no pensionable”.