Lado B: cómo afecta al ciudadano el vínculo entre la política y el narcotráfico

Existe una creciente preocupación, cada vez más palpable, por la influencia del narcotráfico en las estructuras de poder que terminó por consolidarse como una realidad que condiciona la vida política y social.

Existe una coincidencia amplia en un diagnóstico alarmante que indica que el crimen organizado no solo busca rutas de tránsito, sino que intenta consolidar una infraestructura de protección que solo puede ofrecer el Estado. 

Esta relación, a menudo descrita como una simbiosis, se manifiesta cuando figuras de alta relevancia pública aparecen mencionadas en expedientes judiciales o son blanco de denuncias por omisión, complicidad o financiamiento narco, lo que, a priori, genera cierta desconfianza de la ciudadanía sobre las instituciones públicas.

En el centro de esta tormenta se encuentran nombres de todo el arco político y sindical que fueron vinculados con el mundo del tráfico de narcóticos con distintos grados de responsabilidad.

Uno de los casos más emblemáticos de condena efectiva fue el de Sergio Varisco, el fallecido exintendente de Paraná, quien fue sentenciado por utilizar la estructura municipal para financiar y facilitar operaciones de narcotráfico, marcando un precedente sobre cómo los fondos públicos pueden terminar al servicio de las bandas.

En el ámbito sindical, puede mencionarse al líder camionero Hugo Moyano quien se vio envuelto en tramas narco en diferentes momentos de su vida, tanto en el mundo del transporte como en el deportivo, siendo presidente del Club Independiente.

Pero se insiste, el mundo del narcotráfico no distingue colores políticos y hay más, como el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, con claros vínculos narco y cuestionamientos por la falta de control en zonas donde el narcomenudeo desplazó al “Estado presente” que pregona.

Como si ello fuese poco, la gestión de Jorge Capitanich en Chaco fue puesta bajo la lupa por la presunta utilización de estructuras paraestatales que habrían facilitado actividades ilícitas. 

Por otro lado, la senadora y ex ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich vio su carrera política de los últimos años marcada por ciertos hechos sugestivos que la vinculan con el mundo narcocriminal, el financiamiento de la campaña presidencial del 2023 y el lavado de dinero.

Mientras, referentes oficialistas como José Luis Espert o Lorena Villaverde  fueron vinculados al narcotráfico de una forma tan clara que es imposible desmentir y tomar el relato oficialista como algo serio.

Los antes mencionados son meros ejemplos de algo mucho más grande y que encuentra nombres en todos los poderes del estado, como el juez Marcelo Bailaque, Sergio Massa, Maximiliano Pullaro, Juan Manuel Urtubey, Gildo Insfrán  y tantos otros.

Pero hay una pregunta que es más que oportuna en este punto de la columna: ¿Por qué esto afecta al ciudadano de a pie? El resultado de estos vínculos es una realidad cotidiana marcada por la inseguridad y el abandono.

Básicamente cuando el poder político y el narcotráfico se entrelazan, el Estado deja de ser un garante de derechos para convertirse en un espectador o socio de la degradación social que debería combatir. 

Esto se traduce en barrios donde la ley la dicta el búnker más cercano, en una justicia que parece paralizada ante los grandes capos y en una economía local distorsionada por el lavado de dinero.

En última instancia, la “narcopolítica” no solo afecta las altas esferas, sino que destruye el tejido social, obligando a los ciudadanos a vivir en un estado de alerta permanente, donde la línea entre quienes deben protegernos y quienes nos acechan se vuelve cada vez más difusa.

Esta degradación se profundiza mediante la captura de las instituciones básicas de convivencia. Cuando el narcotráfico permea el poder, se produce una metástasis institucional donde las comisarías, las fiscalías y las oficinas políticas dejan de responder al interés público para servir a una agenda criminal.

Por ejemplo, el vecino que intenta denunciar un punto de venta de drogas se encuentra con que el propio oficial que toma la denuncia es quien protege el búnker, generando un silencio forzado por el terror.

Esta ruptura del contrato social desplaza la autoridad del juez hacia el capo del barrio, quien comienza a ejercer funciones de asistencia social, justicia por mano propia y control territorial.

En términos económicos, el impacto es devastador para el desarrollo a largo plazo. El lavado de activos inyecta dinero sucio generando una competencia desleal que asfixia al comerciante honesto. 

Los precios se distorsionan y la economía formal se retrae, dejando a las personas en general con pocas opciones laborales más allá de convertirse en “soldaditos” o eslabones precarios de la cadena delictiva.

La educación también sufre: las escuelas en zonas de alta influencia narco ven cómo la cultura del esfuerzo es reemplazada por la fascinación del dinero rápido y la violencia como método de ascenso social.

Finalmente, la salud pública se convierte en una víctima silenciosa pero letal. Una sociedad donde el poder está vinculado al narcotráfico es una sociedad que carece de políticas serias de prevención y tratamiento de adicciones, ya que combatir el consumo iría en contra de los intereses económicos de quienes financian el sistema.

En una visión un poco desalentadora, en un caso así, los hospitales se desbordan con víctimas de enfrentamientos armados y jóvenes con cuadros de intoxicación aguda, mientras que los presupuestos de salud se diluyen en una burocracia que mira hacia otro lado. 

En este escenario, la democracia se vacía de contenido. El voto deja de ser una herramienta de cambio para convertirse en un trámite condicionado por el clientelismo narco, consolidando un ciclo de pobreza, violencia y sumisión que condena al ciudadano común a sobrevivir en los márgenes de su propia patria.

(*) Secretario General de Redacción de Tribuna de Periodistas. Redactor. Cronista . Editor general. Columnista político en Radio Desvelo