Contrataciones, abusos e hipocresía: la sombra detrás de Federico Sturzenegger

En medio de un momento político marcado bajo la retórica de ajuste y transparencia, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se encuentra en el centro de un complejo entramado de denuncias judiciales y cuestionamientos éticos. 

El escándalo estalló con una virulencia inusitada tras la presentación de una denuncia penal que involucra directamente a su círculo íntimo y a la Oficina Anticorrupción, poniendo bajo la lupa un contrato millonario otorgado por la Cancillería argentina.

Según consta en el expediente judicial, el Estado Nacional adjudicó la suma de $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), una institución de larga trayectoria pero cuyo dato relevante es que la esposa del ministro, María Josefina Rouillet, ocupa un cargo directivo en dicha entidad.

El núcleo de la acusación, impulsada ante los tribunales de Comodoro Py, hace referencia al conflicto de intereses y a la presunta omisión deliberada de la normativa de transparencia vigente. 

Allí se alega que el ministro y las autoridades de la Cancillería habrían evitado publicar el pacto de integridad obligatorio en la web oficial, una herramienta diseñada precisamente para que la ciudadanía pueda monitorear contrataciones donde existen vínculos de parentesco entre funcionarios y proveedores.

Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores intenta justificar la contratación argumentando que la AACI es proveedora estatal desde el año 2018 y que el proceso cumplió con los estándares técnicos, la justicia ahora debe investigar si hubo un direccionamiento o una falta de ética pública al no abstenerse el ministro de una operación que beneficiaba a la entidad de su esposa. 

A ello se le suma un escándalo que generó un fuerte malestar y refiere a la contratación de una nueva sede para el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. 

A pesar de que el discurso oficial promueve el ajuste y el achicamiento de la estructura del Estado, la cartera que conduce Sturzenegger firmó un contrato por $720 millones para el uso de cuatro pisos y veinticuatro cocheras en un lujoso edificio de Diagonal Norte, en pleno microcentro porteño.

La oposición no tardó en reaccionar y tildar este hecho como “hipócrita”, y remarcaron la contradicción entre el ajuste exigido a la sociedad y los gastos suntuarios en oficinas para una burocracia que, paradójicamente, tiene como misión eliminar la burocracia. 

El historial del funcionario también aporta una sombra adicional al presente. A principios de 2025, el nombre del ministro ya había circulado en los tribunales por una causa de presunto abuso sexual iniciada por una exsecretaria privada, proceso que sumó escándalo cuando se reportó la destrucción de pruebas clave en el expediente, aunque el entorno del funcionario negó tajantemente los cargos.

Este cúmulo de irregularidades, que van desde el presunto tráfico de influencias y malversación de caudales públicos hasta el incumplimiento de los deberes de funcionario, colocó a Sturzenegger en una posición de extrema debilidad política, justo cuando los informes de Transparencia Internacional posicionan a la Argentina en una zona delicada en lo que refiere a corrupción.

En fin. En lo referente a la multimillonaria contratación de la entidad que dirige la esposa de Sturzenegger, la justicia ahora debe determinar si estas acciones configuran delitos penales o si se trata de una serie de desprolijidades administrativas en una gestión que, hasta hace poco, se presentaba como el estandarte de la regeneración moral del país.

(*) Secretario General de Redacción de Tribuna de Periodistas