Extorsión agravada: además de Yofe y Camani, aparece Del Gaiso y asoma la figura de asociación ilícita

Tal como lo adelantara oportunamente este portal, Laura Andino, dueña originaria de Secutrans S.A., la empresa de fotomultas con la que hoy Leandro Camani factura millones de pesos, dejó al descubierto el modus operandi del empresario y sus adláteres como el legislador porteño Facundo del Gaiso.

Con el entramado de relaciones expuesto por la mujer – sumado otras testimoniales coincidentes ya recibidas en el expediente-, la justicia analiza por estas horas mudar la carátula de la causa de «extorsión agravada» -que tiene al «lilito» pilarense Matías Yofe como principal imputado- a «asociación ilícita».

En este caso, Laura Andino se sentó durante la mañana de este miércoles frente al fiscal N°3, Germán Camafreitas para recordar que «conocí a Camani  a fines de 2017 por intermedio de Daniel Rubinovich, que es su socio y abogado«, y que «en ese contexto compré el  25 por ciento de Secutrans y Rubinovich el otro 25 por ciento«.

«Comenzamos a trabajar, logramos mediante licitación cerrar convenios con varios municipios, entre ellos Malvinas Argentinas, Hurlingham, Escobar«, y los socios entendieron que «había que hacer una inversión importante«. Fue entonces que «Camani propone asociarse con la empresa ‘Soflex SA’  del 911, que iba a hacer la inversión, y que cuando  comenzáramos a facturar le pagaríamos el alquiler de esos equipos«.

El caso es que «cuando comenzó a ingresar el dinero de las fotomultas, apareció la primera factura de lo que en teoría era el 911, y el alquiler de los equipos costaba tres veces el costo de compra y se facturaban más equipos de los instalados«. La maniobra tenía que ver, según la mujer, «con una empresa paralela creada por Camani para  generar el vaciamiento de Secutrans«. Su socio Ruvinovich le vendió su parte al empresario en un millón de dólares, mientras éste «decidió desconocer mi paquete accionario con lo que empecé un camino de litigio que duró siete años«.

Cuando reclamó su parte, Camani «desconoció la operatoria fraudulenta con la empresa paralela, y lo primero que hizo fue amenazarme» . «Nos amenazó a mi y a mi exmarido con que  iba a poner carteles en la escuela de mis hijos, la universidad donde doy clases, en las tapas de los diarios con la causa que tiene mi exmarido por enriquecimiento ilícito. Me dijo: «Te voy a hacer más famosa que Tinelli, te voy a arruinar la vida, a tus hijos los vas a cambiar de colegio todo el tiempo«, recordó.

Andino reportó ante la justicia todas y cada una de las amenazas del «rey de las fotomultas», al tiempo que denunció también sus inconductas en los negocios: «Lo allanaron y encontraron de todo, es un entramado societario que tiene un objeto distinto«, que «utiliza la presión mediática como medio de extorsión«. Incluso, «en 2023 como no me pudo quebrar la voluntad apareció un legislador, Pedro Galimberti (diputado por Entre Ríos)», quien «hasta hizo un proyecto de ley para echarme» de su cargo en YPF.

El objetivo de Camani «era destruir mi imagen, para quedar sin trabajo y vender mi parte a un precio paupérrimo«. «Galimberti hablaba monotemáticamente de mi sobre YPF, y Camani de manera paralela las tomaba y reproducía en RealPolitik,en New Digital, mientras yo veía las transferencias bancarias a los periodistas«.

Tanto trabajo de demolición resultó exitoso: «YPF me termina echando porque no podían bancar la presión mediática; me echaron de la Junta de Seguridad del Transporte. Tengo siete hijos, estoy separada y mi ex marido tiene cáncer sin poder aportar nada a la familia, y Camani sabía que si me asfixiaba económicamente, me acorralaba«.

«Asfixiada económicamente«, Andino tuvo que acordar con el empresario un resarcimiento económico en 23 cuotas, y la posibilidad de «limpiar mi imagen con una publicación en New Digital», «pero me suspendió los pagos en 2024 cuando declaré ante el fiscal Paul Starc, de San Martín, que investigaba la  utilización de la Universidad de San Martin como un medio para evitar las licitaciones y conseguir las adjudicaciones directas de los contratos de fotomultas con los municipios«.

La mujer recordó además que le «advertí al fiscal Álvaro Garganta que el patrón observado que incluye la utilización de los medios de comunicación y la justicia  como mecanismo de presión y disciplinamiento, no es un hecho societario aislado sino una metodología consistente en amenazas iniciales, la activación de un legislador, una exposición mediática sostenida y una asfixia económica con la utilización instrumental del sistema judicial«.

También apuntó que Camani «sigue actuando a nombre de Secutrans que hoy es mi empresa, porque cayó el convenio societario y la IGJ informó que no hizo la escisión societaria pactada en ese convenio» al tiempo que indicó que «le informé de esto al Dr. Masi, que mis derechos societarios están desconocidos, y le detallé todas las denuncias contra Camani«.

(N.de la R.: Juan Pablo Masi, titular del Juzgado de Garantías Nº 4 del departamento judicial La Plata, fue objeto de un pedido de juri por parte de Yofe y del diputado Luciano Bugallo -ambos Coalición Cívica- en octubre del año pasado, acusado de intentar beneficiar a Jorge D’Onofrio en la causa VTV y fotomultas)

Laura Andino, por su parte, advirtió que «veo en esta causa lo mismo, ya que Camani  tiene el modus operandi de usar un legislador, en mi caso Galimberti. El punto en común con Del Gaiso es que son opositores al peronismo. El mío es nacional, Del GAiso, es de CABA. Son dos legisladores que no legislan, pero con perfil mediático«.

Para ella «el mecanismo es el mismo, el legislador, que tiene cobertura parlamentaria, se instala en los medios hablando monotemáticamente sobre un tema que nada tiene que ver, se instala ese tema y se replica en los medios, y en mi caso fue el descredito, y la sumisión«.  «Con  (Claudio) Tapia creo que buscan lo mismo«, evaluó.

Urgente y al cierre

A última hora de esta jornada, este portal recibió una comunicación del fiscal federal de Tres de Febrero, Paulo Starc, en el marco de las investigaciones iniciadas este año y caratuladas como «Tránsito Seguro y otros s/ Asociación Ilícita»,  por la que requirió al Ministerio de Transporte de la provincia, información más que sensible y que impacta directamente en la figura del empresario Leandro Camani.

Puntualmente, el funcionario judicial quiere acceder al «registro de proveedores autorizados de tecnología de instrumentos de constatación de infracciones que pueden operar en las jurisdicciones provinciales desde el 1 de enero del 2020 a la fecha».

Cabe recordar que Starc, además, hace tiempo investiga al empresario por presuntas irregularidades en los convenios firmados con distintas universidades bonaerenses.