Coimas y lavado: la justicia federal ahora investiga el sistema de fotomultas en territorio bonaerense

Los principales acusados son el empresario Leandro Camani, el «rey de las fotomultas», y Diego Kempel, secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de San Martín (USAM). La investigación apunta a un entramado destinado a desviar fondos públicos y pagar coimas para habilitar la instalación de radares.

El fiscal federal y titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), Guillermo Marijuán, denunció a empresarios, funcionarios públicos y académicos por los presuntos delitos de lavado de dinero y coimas, y avanza sobre los mecanismos implementados para eludir los controles de contratación del servicio de fotomultas a empresas privadas.

De acuerdo a lo que entiende el fiscal, Camani -propietario de Secutrans y Tránsito Seguro-, y Kempel -nexo institucional con la USAM-, articularían con funcionarios de la Secretaría de Transporte Nacional, la Agencia de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte bonaerense -en manos de Martín Marinucci tras el desplazamiento de Jorge D’Onofrio-, para gestionar las autorizaciones que permitan la instalación de las cámaras de fotomultas a cambio de suculentos beneficios en metálico.

La operatoria no sería posible sin la participación de las universidades, ya que a través de fundaciones vinculadas que contratan en forma directa, sin licitación, a los privados, son las encargadas de hacerse con los fondos ingresados a través de facturaciones apócrifas y empresas fantasmas -generadoras del efectivo para el pago de las coimas-.

Según la denuncia de Marijuán, que quedó en manos de la jueza federal María Servini, el 70 por ciento de lo producido de esta manera queda en los intermediarios, mientras el sobrante es lo que se destina a los municipios y a la provincia.

Cabe recordarse que Leandro Camani, uno de los involucrados en esta investigación, fue denunciado ya en una causa que se sustancia en Pilar por el delito de «extorsión agravada», imputación que comparte con el dirigente de la CC local, Matías Yofe.

El empresario fue acusado por el presidente de la AFA y del CEAMSE, Claudio «Chiqui» Tapia, de haberlo amenazado al negarle la posibilidad de extender el negocio de las fotomultas en el Camino del Buen Ayre, jurisdicción del último organismo mencionado.

Por otra parte, también hay que recordar que desde 2017 el fiscal federal Paulo Starc investiga al empresario Camani por la presunta comisión del delito de asociación ilícita a través de su empresa Tránsito Seguro y sus vínculos con distintas universidades bonaerenses, como un medio para evitar las licitaciones y conseguir las adjudicaciones directas de los contratos de fotomultas con los municipios, actuaciones que se reactivaron recientemente