Acerca de Adorni, la impunidad y la (cada vez más) cercana posibilidad de zafar de la Justicia

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni ya no pertenece al Gobierno del presidente Javier Milei, sin embargo nunca le soltaron la mano y ahora buscan que la causa por enriquecimiento ilícito, acaso la que más complicado lo tiene, se frene y logre conseguir la impunidad a la que tanto aspira.

Adorni hoy es un muerto político. Es probablemente una de las personas con la carrera más corta y escandalosa de la historia Argentina. Durante toda su vida lo va a perseguir el fantasma de la corrupción más allá de la decisión que finalmente termine tomando la justicia.

Pero sus preocupaciones hoy no están ahí, sino en ver cómo zafa de una sentencia que lo tendría tras las rejas de confirmarse que se enriqueció ilícitamente luego de exhibir un sustancial crecimiento en su patrimonio que nunca, a pesar de las oportunidades que tuvo, pudo explicar. No al menos elocuentemente.

En tal sentido, hay un incansable trabajo de parte del Gobierno Nacional para ayudarlo a zafar del peso del martillo de la justicia y cuyas gestiones en las sombras las lleva adelante el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.

Es así que por estas horas se está dando un fuerte movimiento en la Sala I de la Cámara Federal Porteña para que el ex vocero pueda ser beneficiado de la mano de Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, dos jueces conocidos por su íntima cercanía con el ex presidente Mauricio Macri.

Lo cierto es que a pesar de lo insólito no resulta sorprendente, nadie esperaba algo diferente luego de la designación de Mahiques como ministro de Justicia, un hombre con fuertes lazos con un sinfín de magistrados a quienes hoy intenta convencer de adormecer y aletargar las causas más picantes que pesan sobre los principales funcionarios del Gobierno.

Lo curioso del caso es que esto se da después de que trascendiera, poco más de una semana atrás, que Adorni planeaba irse a vivir a Uruguay, un plan que quedó totalmente trunco luego de que la Justicia le prohibiera salir del país sin un permiso judicial.

Peor aún, porque todo este movimiento que el Gobierno se esfuerza por hacer zafar al ex funcionario caído en desgracia se da luego de una serie de hechos que objetivamente exponen las intenciones de consagrar la impunidad de Adorni.

No casualmente seguirá siendo protegido por las fuerzas de seguridad manteniendo privilegios aún después de dejar el cargo, tampoco resulta casual que dentro del Gobierno dieran la orden de no realizar una auditoría sobre los funcionarios que le prestaron la tarjeta de crédito al ex jefe de los ministros para realizar compras millonarias a través de su cuenta personal de Mercado Pago.

Pero al igual que los movimientos del titular de la cartera de Justicia, no sorprende la búsqueda de impunidad. Es un sistema que, tal como ya contó Tribuna de Periodistas, el Gobierno viene impulsando y perfeccionando con el tiempo.

Se trata de una serie de medidas que analizadas en conjunto no dejan lugar a dudas sobre las intenciones del Gobierno de Milei en la búsqueda del armado de un sistema de corrupción e impunidad.

Parte de ello tiene que ver con el ataque sistemático al periodismo, al que no odian lo suficiente, con el fin de deslegitimarlo y que haya un sector de la sociedad identificado con La Libertad Avanza que descrea de la información que revelan los medios de comunicación.

Ello es lo de menos, ciertamente, porque hay otros eslabones en esta cadena de impunidad que son mucho más peligrosos, graves y que terminan por beneficiar a los funcionarios más corruptos, de esta y otras gestiones.

El hecho de haber limitado el acceso a la información pública, dividiendo lo que desde el Gobierno considera discrecionalmente qué es público y qué es privado es una parte de ello. No hay un manual que diga qué información puede o no entregarse. Esa es una facultad que se arroga la propia administración Milei.

Ni hablar del la decisión de quitarle a la Unidad de Información Financiera (UIF) la capacidad de ser querellante en causas de lavado de dinero, una herramienta que fue de vital importancia para condenar figuras del poder en el pasado.

Qué decir entonces del intento de meter al cuestionado juez Ariel Lijo por la fuerza en la Corte Suprema de Justicia o la captura de la Oficina Anticorrupción (OA), donde la designación de Gabriela Carmen Zangaro, impulsada por el influyente  ministro Mahiques, que no hace más que reducir la independencia del organismo al mínimo.

Las gestiones en las sombras entre el Poder Ejecutivo y el Judicial siempre existieron, pero nunca habían quedado tanto a la vista como ahora, sobre todo en causas complejas como es $LIBRA o ANDIS.

Lo cierto es que el Gobierno de Milei armó una estructura en la búsqueda de la impunidad, una estructura que hoy es aprovechada por Adorni, a quien, a pesar de eyectarlo del Gobierno, nunca le soltaron la mano.

(*) Secretario General de Redacción del portal Tribuna de Periodistas