La Justicia ordenó preservar los datos sobre las tierras rurales bonaerenses

A pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense, un juzgado de La Plata le dio cinco días al gobierno nacional para informar hasta cuándo se actualizaron las bases de datos y garantizar la conservación de los antecedentes registrales de los últimos 15 años.

La Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense y ordenó al gobierno nacional preservar la información vinculada con las tierras rurales de la provincia de Buenos Aires que fue recopilada durante la vigencia de la Ley de Tierras.

La resolución fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, que estableció un plazo de cinco días para que el Ministerio de Justicia de la Nación informe hasta qué fecha fueron actualizadas las bases de datos y garantice la conservación íntegra de los antecedentes registrales reunidos durante los últimos 15 años.

La presentación había sido realizada por el organismo que conduce Guido Lorenzino, a partir de los cambios introducidos tras la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023. La norma nacional había establecido restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y mecanismos de registro y control sobre la titularidad de esos inmuebles.

La Defensoría planteó que la eliminación de esas herramientas también puso en discusión la continuidad de la información construida durante los años de vigencia de la normativa. En particular, advirtió sobre la pérdida del mapa dominial y de los registros que permitían conocer la situación de las tierras rurales y la titularidad extranjera.

El planteo adquiere especial relevancia en algunos distritos bonaerenses donde los registros muestran niveles elevados de extranjerización. Campana y Zárate aparecen entre los casos más significativos, con porcentajes de titularidad extranjera que superan el límite del 15% que establecía la legislación nacional.

Para la Defensoría, la preservación de esos datos resulta necesaria para sostener las herramientas de planificación territorial y ambiental de la provincia. El organismo también vinculó la información sobre la titularidad de las tierras con la protección de los recursos naturales y el conocimiento del territorio bonaerense.

«No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural», sostuvo Lorenzino.

En esa línea, el titular de la Defensoría agregó que «proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones».

El juzgado consideró que una eventual pérdida o alteración de la información recopilada podría provocar un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la provincia. Por eso, además de requerir precisiones sobre la actualización de las bases, ordenó garantizar la conservación de los antecedentes registrales reunidos en los últimos 15 años.

La cautelar se conoce en medio de una renovada discusión política y judicial sobre el régimen de tierras rurales y el alcance de las restricciones a la adquisición por parte de capitales extranjeros. En la Legislatura bonaerense también avanzan iniciativas que buscan establecer un esquema propio de protección del suelo rural luego de la derogación del régimen nacional.

Así, mientras continúa el debate sobre las reglas que deben regir la propiedad de las tierras rurales, la Justicia puso el foco sobre un aspecto previo pero clave para esa discusión: que los datos construidos durante los últimos años no se pierdan y permanezcan disponibles para el Estado y la sociedad.