Impulsan una pensión vitalicia para personas travestis y trans víctimas de violencia institucional

La diputada bonaerense de Fuerza Patria, Romina Barreiro, busca establecer una pensión mensual y vitalicia, de carácter reparatorio, destinada a personas travestis y trans que hayan sufrido violencia institucional por motivos de identidad de género en la provincia de Buenos Aires. La herramienta social contempla un beneficio equivalente a cinco sueldos básicos y medio de un trabajador estatal bonaerense ingresante, además de cobertura médica a través del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

“Hay una deuda histórica y moral con dicho colectivo que merece el reconocimiento institucional y social, y que se haga justicia”, señaló la impulsora de la iniciativa, que cuenta con respaldo multipartidario y que en las últimas horas también recibió el apoyo de La Cámpora, a través de las redes sociales de su espacio de diversidad.

Según establece el articulado, el beneficio estará destinado a personas mayores de 40 años que hayan sufrido detenciones, privaciones de la libertad, sanciones o multas por causas relacionadas con su identidad de género. La iniciativa también contempla a quienes hayan recibido castigos en virtud del antiguo Código de Faltas bonaerense, que establecía penalidades por conductas vinculadas con la homosexualidad, el travestismo y la prostitución.

“Las bajezas más terribles ocurrieron en las sombras de los calabozos, donde se llevaron a cabo prácticas crueles, inhumanas y degradantes. Muchas personas travestis y trans fueron reducidas a la esclavitud, humilladas y sometidas a la violencia sexual más aberrante, y todo esto perpetrado por agentes del Estado y en dependencias estatales”, explicó la promotora del impulso parlamentario.

La propuesta de la legisladora, que además integra las filas del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), designa al Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, que según pudo consignar este medio participó activamente en la elaboración del articulado, como autoridad de aplicación, con facultades para coordinar las áreas gubernamentales involucradas, asesorar a las personas beneficiarias y supervisar el funcionamiento del régimen.

En cuanto al aspecto económico, la dirigente kicillofista fija el monto de la pensión reparatoria en el equivalente a cinco sueldos básicos y medio de un trabajador ingresante, bajo el régimen de 30 horas semanales que establece la Ley 10.430. Además, el proyecto contempla una bonificación extraordinaria de carácter permanente, que las personas beneficiarias percibirán en dos cuotas semestrales, cada una equivalente al 50% de la mayor remuneración del semestre correspondiente.

Cabe destacar que, a diferencia de otras prestaciones sociales, la presentación oficialista establece que la pensión será compatible con cualquier actividad remunerada, así como con otras reparaciones, indemnizaciones, jubilaciones y prestaciones contributivas o no contributivas. Sin embargo, el texto excluye la posibilidad de percibir simultáneamente otro beneficio reparatorio por el mismo motivo, otorgado por el Estado nacional, otra provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por lo que las personas alcanzadas deberán optar por una de las prestaciones.

En materia sanitaria, el proyecto garantiza a los futuros beneficiarios la cobertura del IOMA, en las mismas condiciones que las personas pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS). El planteo también dispone que el organismo previsional bonaerense tendrá a su cargo la liquidación y el pago de las pensiones, que tendrán carácter personal e inembargable y no podrán transferirse a terceros.

“La vida y la existencia misma de estas personas se vieron alteradas continuamente, atento a que no podían llevar a cabo ninguna actividad de la vida en comunidad sin verse amenazadas con la detención y el abuso de autoridad. La sistematicidad que desnudan los prontuarios da una somera idea del nivel de hostigamiento que sufrían las víctimas, quienes atravesaban una cotidianeidad insoportable”, justificó Barreiro al respecto.

Con relación al procedimiento de acceso, las personas interesadas deberán presentar una solicitud formal y acreditar que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa. No obstante, el proyecto incorpora el principio de amplitud probatoria, por el cual los y las solicitantes podrán presentar testimonios, documentos, informes y otros medios de prueba, mientras que el organismo competente tendrá la facultad de producir pruebas de oficio cuando los elementos aportados resulten insuficientes.

Asimismo, la presentación establece que los organismos oficiales deberán responder los pedidos de información en un plazo máximo de 30 días hábiles, mientras que el beneficio tendrá carácter retroactivo a la fecha de presentación de la solicitud, con un límite de dos años. El articulado también contempla la posibilidad de recurrir las resoluciones que rechacen total o parcialmente el otorgamiento de la pensión, de acuerdo con los procedimientos administrativos y judiciales vigentes.

Por último, el planteo retoma los reclamos de la campaña “Reconocer es Reparar”, impulsada por los propios representantes del colectivo LGBT+, con un antecedente legislativo en noviembre de 2022, cuando el gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley elaborado por el entonces Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Sin embargo, aquella iniciativa no logró avanzar más allá de las comisiones parlamentarias y terminó por perder estado legislativo, pese al respaldo de organizaciones sociales que reclamaban una reparación histórica para las personas travestis y trans.