Aseguran que Milei ofreció a Trump el Puerto de Ushuaia para entrar a la Junta por la Paz

Lo reveló la revista Foreing Affairs. La membresía para formar parte del Board es de mil millones de dólares.

Foreign Affairs Latinoamérica publicó un revelador artículo en el que plantea que la intervención administrativa del puerto de Ushuaia, dispuesta por el gobierno de Javier Milei, «se inscribe en una estrategia de política exterior más amplia, en la cual el ejecutivo argentino ofreció el puerto de Ushuaia como un activo estratégico dentro de una negociación orientada a facilitar la incorporación de Argentina a la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, iniciativa presentada en enero de 2026 durante el Foro Económico Mundial en Davos».

Cabe recordar que para formar parte de esta suerte de ONU paralela de Trump, el Estado argentino debió pagar una inscripción de mil millones de dólares. Lo que sostiene esta revista es que el puerto fue una especie de forma de pago para obtener esa membresía.

En este marco, añade el artículo, «el control federal del puerto adquiere un sentido político adicional, ya que permitiría destinar su uso a fines militares y comerciales vinculados a dicha relación bilateral, más allá de las funciones tradicionales del puerto dentro del esquema federal argentino».

«Más allá de la disputa interna, el valor de Ushuaia radica en su posición geográfica. El puerto constituye uno de los principales nodos de conectividad naval del Atlántico Sur y una puerta de acceso privilegiada a la Antártida. En las dos últimas temporadas operativas, recibió más de 1300 buques de turismo, carga, pesca, investigación científica y uso militar, transportando a cerca de 200 000 pasajeros y más de 120 000 tripulantes», apunta Foreing Affairs.

«Esta centralidad convierte a Ushuaia en un enclave estratégico en un momento de creciente competencia internacional por el control de rutas marítimas, recursos naturales y proyección hacia el continente antártico», continúa.

La decisión de intervenir el puerto de Ushuaia fue adoptada a mediados de enero de 2026 por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, organismo dependiente del poder ejecutivo. La medida, con una duración prevista de un año, fue justificada oficialmente por la falta de respuestas de las autoridades provinciales ante irregularidades detectadas en inspecciones técnicas, denuncias de vaciamiento formuladas por los trabajadores portuarios, preocupaciones expresadas por las empresas navieras que operan en la zona y una serie de deficiencias en la infraestructura que afectarían la seguridad y la operatividad del puerto.

El argumento más sensible, sin embargo, fue la existencia de indicios de un presunto desvío de recursos, lo que habilitó la intervención directa del Estado-nación.