Columnistas

Alberdi y la imprescindible sociedad entre trabajo y libertad

Por Gastón Bivort (*)

La fecha primero de mayo adquiere en nuestro país una doble relevancia. Por un lado, festejamos el día internacional del trabajo, efemérides instituida en homenaje a los Mártires de Chicago, quienes en 1886 pagaron con su vida el justo reclamo por “las tres ocho” (8 horas de trabajo, 8 horas para dormir y 8 horas para la casa). Por el otro, tenemos a nivel local una celebración no menos importante, el día de la Constitución Nacional, fecha que al coincidir con el día del trabajador, pasa habitualmente inadvertida. Intentaré en esta columna entrelazar ambas celebraciones que a priori parecen tener poco en común.

Como es tradición, en cada primero de mayo se rememoran los avances en la legislación laboral que permitieron reconocer y resguardar los derechos de los trabajadores. Entre finales del siglo XIX y mediados del XX, encontramos distintos hitos que reflejan una clara evolución al respecto. En el ámbito nacional, lo legislado durante los gobiernos radicales, los proyectos de los diputados socialistas, la legislación del Estado peronista y el artículo 14 bis de la Constitución introducido con la reforma de 1957, son un claro ejemplo de ello. Se llegó así a una situación de pleno empleo donde la mayoría de la población económicamente activa pudo tener un trabajo formal con todos sus derechos laborales reconocidos. Hoy, los sindicalistas y el gobierno se siguen jactando de las “conquistas sociales” obtenidas para los trabajadores, ignorando que un 50% tiene empleos precarios y en “negro”: ninguno de ellos goza de los beneficios que otorga la legislación laboral vigente.

Por otra parte, el gobierno y los sindicatos se niegan a tomar nota de la revolución en materia laboral a la que estamos asistiendo; en ella pierden protagonismo los trabajos convencionales y rutinarios que son fácilmente reemplazados por máquinas programadas al efecto, y adquieren cada vez más importancia aquellos que tienen que ver con determinadas áreas de servicios (educación, salud, turismo etc.), de producción (agroindustria) y de  tecnología (programación, inteligencia artificial etc.). Asimismo, podemos ver una gran flexibilidad horaria donde es cada vez más usual el home office entre los trabajadores. Malas noticias para los sindicatos: el clásico obrero sin calificación que trabaja 8 horas en una fábrica está en vías de extinción. Por atarse a un pasado que no volverá, con regulaciones estatales obsoletas, se crean cada vez menos puestos de trabajo generadores de riqueza genuina y, por el contrario, se suma más gente que vive de la burocracia estatal improductiva. Según datos oficiales, solo 6 millones de personas trabajan en la actividad privada y hay casi 3 millones y medio de empleados estatales. A ello hay que sumarle que casi 20 millones de personas reciben algún tipo de beneficio del Estado (asignación por hijo, planes sociales, jubilaciones y pensiones etc.). Es evidente que con un número cada vez menor de trabajadores que aportan contribuciones casi asfixiantes y con un creciente gasto en empleos y subsidios públicos, vamos hacia la tormenta perfecta.

Sin embargo, una gran parte de la población está reaccionando. Está tomando conciencia de que si no se cambia el rumbo, el colapso será inevitable. Mientras tanto, el gobierno se empecina en seguir la misma receta echando leña al fuego: más emisión monetaria, más IFE, más planes sociales, más regulaciones y más impuestos alimentan la hoguera.

En el “tractorazo” del sábado pasado, la gente del campo, gente que produce en serio trabajando de sol a sol, ha dicho basta. La han acompañado miles de ciudadanos que se levantan todos los días para ir a trabajar y que como ellos, también son víctimas de la insaciable rapiña estatal que se va por el agujero negro de la corrupción y el derroche. No queremos que el Estado nos de una mano, decía uno de los manifestantes, queremos que el Estado nos saque las manos de encima.

Juan Bautista Alberdi, el padre de la Constitución que hoy también celebramos y arquitecto del modelo de país que nos hizo potencia por décadas, dejó en dos de sus obras fundamentales, “Bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina” escrita en 1852 y “Sistema económico y rentístico de la Confederación argentina” de 1858, las claves para crear riqueza y asegurar, de este modo, el derecho a trabajar. Transcribo a continuación algunos de los postulados que encontramos en sus obras:

“En todas las funciones que no son de la esencia del gobierno, obra como ignorante y un concurrente dañino de los particulares empeorando el servicio del país”

“La abundancia de la renta pública depende del respeto asegurado a los derechos naturales del hombre […] esos derechos son la propiedad, la libertad, la igualdad […]. La Constitución quiere que la ley fiscal respete y proteja esos derechos, lejos de atacarlos”

“Todo dinero público gastado en otros objetos que no sean lo que la Constitución señala […], es dinero malgastado y malversado”

“Los medios ordinarios de estímulo que emplea el llamado sistema protector o proteccionista […] son la protección dada a la estupidez y a la pereza, el más torpe de los privilegios”

“La libertad de usar y disponer de su propiedad es un complemento de la libertad del trabajo y del derecho de propiedad; garantía adicional de grande utilidad contra la tendencia de la economía socialista […] que con pretexto de organizar esos derechos pretende restringir el uso y disponibilidad de la propiedad (cuando no niega el derecho que ésta tiene de existir), y nivelar el trabajo del imbécil con el trabajo del genio”

“Son opresoras de la libertad del trabajo y contrarias a la Constitución […] las leyes que prohíben ciertos trabajos moralmente lícitos; las leyes que se introducen a determinar cómo deben ejecutarse tales o cuales trabajos”

Todos estos postulados  emanados de la preclara lucidez de Alberdi mantienen una sorprendente vigencia. Perfectamente podrían ser ofrecidas como respuestas, escritas hace más de 160 años, a las pésimas decisiones que en materia económica viene tomando hoy el oficialismo. Pésimas decisiones que dificultan la creación de trabajo (en este escenario un empresario lo va a pensar dos veces antes de incorporar un nuevo empleado) y empeoran la calidad de vida de los trabajadores formales, cuyos salarios son comidos por la inflación creciente. Mejor no hablar de las consecuencias sobre los trabajadores precarios o informales, quienes carecen de toda protección.

En el relato peronista/kirchnerista la libertad económica es enemiga de la generación de empleo, siendo por el contrario la mano providente del Estado presente, la que se encargará de  librarnos de la  “demoníaca” reforma laboral y de defender las conquistas sociales de los trabajadores. Mientras estas ideas pululan en las cabezas de funcionarios cargados de ideología que viven de la teta del Estado, es decir, de nosotros, la realidad nos demuestra lo contrario: Cada vez son más los trabajadores precarizados y menos los que reciben los beneficios propios de su condición.

Solo la imprescindible alianza entre trabajo y libertad, como aseguraba Alberdi hace ya más de un siglo, permitirá crear la  riqueza necesaria para detener la larga agonía económica de la Argentina.

 

(*) Profesor de Historia, Magister en dirección de instituciones educativas, Universidad Austral, vecino de Pilar

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