La Constitución nacional significó el primer gran punto de encuentro entre los argentinos. Su sanción, en 1853, puso fin a varias décadas de conflictos y guerras civiles que enfrentaron a distintas facciones. Significó también la culminación de un proceso iniciado en 1810 cuyos valores y principios debían quedar plasmados en un contrato que nos recordara cada día quienes somos y como queremos vivir los argentinos.
Juan Bautista Alberdi, en sus “Bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina” lo señaló con claridad: “… ¿Qué son esos principios representados por la Revolución de Mayo? Son el sentido común y la razón ordinaria aplicada a la política. La igualdad de los hombres, el derecho de propiedad, la libertad de disponer […] A menos que se pretenda que pertenecemos a la raza de orangutanes, ¿qué otra cosa puede esperarse para lo venidero que un gobierno legal y racional?…”.
No obstante, y a pesar de que no pertenecemos a la raza de orangutanes, aquellas ideas que fueron recogidas por los constituyentes del 53, aquellos pilares tan sólidos sobre los cuales se fue edificando nuestro país, parecen hoy estar en duda.
El 10 de junio pasado en Mercedes, el presidente Alberto Fernández cuestionó uno de ellos, el derecho de propiedad, al afirmar que “no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno, no tiene sentido guardarlo para el día que se muera y un hijo lo herede”.
Quizás esta frase pasó desapercibida porque fue dicha un día después de que esbozara su desopilante teoría acerca de la procedencia de los mexicanos y los brasileños; sin embargo, lo que dijo sobre el derecho de propiedad, ese derecho tan elemental que acordamos respetar al darnos nuestra carta magna, es mucho más peligroso y preocupante.
No es la primera vez que el Presidente y los adláteres de su gobierno se expresan y actúan en esta dirección, abriendo la puerta a las expropiaciones y a la toma de tierras.
Vale la pena recordar los embates del gobierno contra la propiedad privada durante 2020 al propiciar la expropiación de la empresa Vicentín. También es oportuno repasar su pasividad frente a las tomas de tierra en Guernica o frente a las perpetradas por organizaciones que se autoperciben como pueblos originarios en las localidades de Villa Mascardi y El Bolsón. No olvidemos tampoco la experiencia de Juan Grabois y su gente tomando tierras en un campo entrerriano del ruralista Etchevehere. La siembra intensiva de perejil en terrenos ajenos, fundamento central del proyecto de Grabois, podría resultar muy cómico de no trasuntar un mensaje tan peligroso.
En los últimos días, tomamos conocimiento de la extraviada e inconstitucional ordenanza aprobada en el municipio de Avellaneda, terruño del ministro de Desarrollo y Hábitat Juan Ferraresi, que habilita al gobierno municipal a expropiar aquellos terrenos baldíos en los cuales, pasados 8 años, no se haya edificado. Esta ordenanza es doblemente inconstitucional, ya que no solo atenta contra el art. 17 sino también contra el 14 que garantiza el derecho “a usar y disponer de la propiedad”.
Las últimas noticias sobre el tema, nos llevan a la localidad de Reconquista, al norte de Santa Fe. Allí también en estos días se está produciendo una toma masiva de tierras, incluso sobre campos con actividad agropecuaria.
En muchos de estos casos hubo complicidad por acción u omisión de distintos funcionarios. La ocupación de tierras en Villa Mascardi por parte de grupos violentos que dicen ser mapuches, contó con el aval de la responsable del Instituto Nacional de asuntos indígenas Magdalena Odarda. También, con el del ministro de Ambiente Juan Cabandié, quién hizo la vista gorda cuando fue tomada una zona perteneciente a Parques nacionales. La propia ministra de seguridad de la nación, Sabrina Frederic, aportó su granito de arena a la causa cuando afirmó que el problema de las tomas no era un problema de seguridad. ¿Qué tipo de problema sería aquel donde alguien se apropia de lo ajeno?
En relación al episodio de Grabois en Entre Ríos, el profesor de derecho Fernández, que me imagino conoce al dedillo el artículo 17 de la Constitución expresó: “Atrás del planteo de Grabois hay algo serio, razonable”. No nos olvidemos tampoco que Gabriela Carpinetti, Secretaria del Ministerio de Justicia y Derechos humanos respaldó la toma compartiendo una noche entera con la gente de Grabois en el campo intrusado.
Con respecto a los recientes tomas en Reconquista, Santa Fe, los ocupantes reconocieron que la titular del área de Hábitat y Vivienda de este municipio gobernado por el Frente de todos, Haydee Vargas, fue quién los convocó para asentarse ilegalmente en tierras privadas.
Estos son solo algunos ejemplos de las amenazas que pesan hoy en la Argentina sobre la propiedad privada. Está claro que una cosa es la intervención del Estado para resolver dentro del marco legal el déficit de viviendas y otra es alentar, con un fuerte sesgo ideológico, la violación de la propiedad privada.
¿Quién facultó a Fernández y a otros funcionarios a poner en tela de juicio un derecho tan elemental e indiscutible como el derecho de propiedad? ¿No se dan cuenta que con estas señales desalientan la inversión y dañan de muerte la seguridad jurídica? ¿No entienden que este derecho fue uno de los que hizo grande a la Argentina, propiciando la generación de riqueza?
Alberdi iluminó magistralmente sobre la importancia de preservar este derecho al afirmar: “arrebatad la propiedad, es decir, el derecho exclusivo que cada hombre tiene de usar y disponer ampliamente de su trabajo, de su capital y de sus tierras para producir, y con ello no hacéis más que arrebatar a la producción sus instrumentos, es decir, paralizarla en sus funciones fecundas, hacer imposible la riqueza. Tal es la trascendencia económica de todo ataque a la propiedad…»
Al apelar a nuestra memoria histórica y recordar nuestro pasado de grandeza, recordemos que el derecho de propiedad no solo fue fundamental para que se realizaran grandes inversiones productivas y generadoras de trabajo, sino también para que millones de inmigrantes pudieran cumplir con el sueño de ser propietarios. Ese inmigrante que llegaba a la Argentina, conseguía trabajo, mandaba a sus hijos a la escuela pública y con sus ahorros compraba un terrenito donde hacía realidad el sueño de la casa propia. Acceder a una propiedad fue el sueño de todo argentino; un sueño que debía estar sustentado en el trabajo y el esfuerzo cotidiano. Es verdad que la realidad del país es otra y que el Estado debe colaborar para que todos puedan tener la casa anhelada; pero nunca en desmedro del esfuerzo, el trabajo y el mérito. Nunca apropiándose de lo ajeno.
Alberdi lo anticipó hace más de un siglo cuando alertó sobre aquellos gobiernos que “con el pretexto de organizar esos derechos pretende restringir el uso y disponibilidad de la propiedad y nivelar el trabajo del imbécil con el trabajo del genio”
Es menester que nuestras autoridades defiendan la propiedad privada con el mismo celo con que han cuidado y acrecentado la propia.
A la hora de votar, tengamos presentes miradas como la de la posible candidata a diputada del Frente de todos, Victoria Tolosa Paz, quién expresó recientemente que en Venezuela rige el Estado de derecho.
Lo que no dijo la probable candidata es, que desde el inicio del régimen chavista, más de 2000 expropiaciones se consumaron en Venezuela.
(*) Profesor de Historia, vecino de Pilar
