
Aquellos que cursamos el secundario entre finales de los 70 y principios de los 80, supimos tener una materia en 5to año denominada Instrucción Cívica, cuyo programa consistía básicamente en el estudio de la Constitución nacional. Durante 1982, en una de las aulas del viejo edificio de la escuela Tratado del Pilar, el querido “Oficial”, mi profesora Dalmira Gómez, a quien respeto y admiro profundamente, hacía enormes esfuerzos y todo tipo de malabares para explicarnos que lo que ella nos enseñaba, no se correspondía con la realidad que se vivía en aquel entonces.
¿Cómo convencernos de las bondades del art. 14 que consagra, entre otros, el derecho de publicar las ideas sin censura previa, en un contexto donde no existía libertad de prensa? ¿Cómo estar seguros de que, como lo dice el art. 18, gozábamos de ciertas garantías como el juicio previo o no estar obligados a declarar contra nosotros mismos, en el marco de una época signada por la tortura y la desaparición de personas?
Para nosotros, la importancia del principio de la división de poderes, en un país sin Congreso y con jueces sacados y puestos a dedo por el General presidente de turno, era algo tan difícil de entender como el misterio de la Santísima Trinidad.
No obstante, a la postre, el año 1982 se transformaría en el punto de inflexión para una sociedad que, a partir del fracaso en Malvinas, pediría a gritos que lo que dice la Constitución Nacional, lo que aprendimos con nuestra querida profesora Dalmira, se plasme en la realidad. Fue así como, desde 1983 a esta parte, el respeto a los principios constitucionales fue el gran acuerdo, el gran consenso, al que pudimos arribar y que nos propusimos defender.
Todo este preludio, sacado del arcón de mis recuerdos, lo traigo a colación por las “ideas locas” sobre la división de poderes y la independencia del poder judicial que viene sosteniendo el kirchnerismo desde hace algún tiempo. Su último y desvariado proyecto sobre una Corte con 25 miembros nombrados por los gobernadores de cada provincia lo confirman.
El peronismo carga con otros históricos manoseos a la Corte. En su primer gobierno, Perón destituyó a casi todos sus miembros argumentando que habían convalidado los golpes de estado (no olvidemos la paradoja de que Perón tuvo participación activa en el golpe de 1930 y fue uno de los grandes protagonistas y beneficiario del golpe del 43). El verdadero objetivo de su decisión era allanar cualquier obstáculo a su proyecto de reforma constitucional que le otorgaría la reelección indefinida.
Recordemos también cuando el gobierno de Menem decidió elevar a 9 el número de sus integrantes para tener una Corte adicta (la famosa mayoría automática) que le respondiera incondicionalmente. Pero esta nueva propuesta para modificar la composición de la Corte supera todo lo imaginable.
En alguna oportunidad ya Cristina se había referido a la idea de la división de poderes como una idea vetusta, desconociendo el más elemental principio que indica que si no hay balances y controles mutuos dentro del gobierno peligran los derechos y garantías de los ciudadanos.
En 2018, en uno de sus habituales discursos a sus aplaudidores incondicionales, criticó el principio de la división de poderes bajo el insólito argumento de su antigüedad, que se remonta al siglo XVIII: “Quiere decir que estamos con el mismo sistema de gobierno de cuando no existía la luz eléctrica o el auto ¿A alguien se le ocurriría hoy sacar una muela o hacer una operación de apéndice […] con los métodos de 1789?”. Recordémosle a la señora que la democracia que ella dice defender nació en el siglo V ac, hace más de 2500 años atrás.
También hizo referencia a que el poder judicial es el único poder donde el pueblo no elige a sus integrantes, criticando además su inamovilidad, es decir su carácter vitalicio. Cómo abogada exitosa debe saber muy bien que esto no es un resabio monárquico, como falazmente señaló, sino que se trata de disposiciones que tienden a asegurar la independencia y la imparcialidad del poder judicial.
En diciembre de 2020 la vicepresidente había expresado en referencia a este poder que “De los tres poderes del Estado, solo uno no va a elecciones. Solo un poder es perpetuo. Solo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”. Y sí, es así Cristina, en definitiva “la Constitución es lo que la Corte dice que es”, es la institución a la que le compete el control de la constitucionalidad de las leyes. La división de poderes le impide a Cristina y a cualquier gobernante que se cree omnipotente, tener la última palabra. Y eso es un gran alivio para nosotros, los ciudadanos.
El actual y disparatado proyecto que solo busca librar a la vicepresidente de sus numerosas causas judiciales que inevitablemente van a recalar en algún momento en la Corte Suprema, plantea elevar a 25 miembros el número de integrantes del máximo Tribunal. Cada uno de los gobernadores de las 24 provincias (algunos de ellos tan respetuosos del sistema republicano como Gildo Insfrán), designaría un juez y el restante, el presidente de la nación. El argumento: hacer una corte más federal y más “sensible” garantizando la igualdad de género. La razón de fondo: una Corte totalmente dependiente del poder político.
El inefable profesor Fernández apoya con mucha fuerza el proyecto con el fin de aceitar el “síndrome de Estocolmo” que lo ata a su titiritera. Sin embargo, en una declaración de abril de 2016, cuando todavía no había entregado su alma al diablo, Fernández aseguraba que “La Corte debe tener cinco miembros y deben ser miembros tan probos como los que están y tan probos como los que está proponiendo Macri”. Huelgan las palabras.
Está clarísimo que el proyecto es a todas luces inconstitucional. Según nuestra Constitución las provincias encuentran en el Senado su órgano de representación y a los jueces de la Corte Suprema de la Nación los elige el presidente con acuerdo del Senado, sin limitación alguna para designar mujeres. En 2013 Cristina presentó un proyecto para “democratizar” la justicia y hoy está presentando otro para “federalizarla”; en definitiva, no está haciendo otra cosa que atacar las bases de la república en pos de su impunidad.
No tengo dudas que, a Cristina Kirchner, a Alberto Fernández y a los 16 gobernadores que acompañan este engendro jurídico, nuestra recordada profesora de Instrucción Cívica los mandaría directamente a marzo.
(*) Profesor de Historia, Magister en dirección de instituciones educativas, Universidad Austral, vecino de Pilar