El alegato del fiscal Luciani, ese brillante corolario de la investigación que dejó al descubierto todo el entramado de corrupción orquestado por la familia Kirchner para apropiarse del dinero público, significó un soplo de aire fresco en este pesado clima de desesperanza que nos agobia. Por primera vez, desde hace un tiempo a esta parte, muchos argentinos nos levantamos al día siguiente con la convicción de que no todo es lo mismo, que no todo está perdido y que todavía hay esperanza.
El coraje de los fiscales Luciani y Mola para avanzar hasta el hueso en la causa, no solo es digno de reconocimiento, sino que también debiera ser inspirador para una parte de la ciudadanía adormecida que acepta con resignación la larga agonía de la Argentina.
Las palabras finales de Luciani nos retrotraen al año 1985, cuando en el marco del juicio a las juntas militares, y luego de presentadas las pruebas pertinentes, el fiscal Julio Strassera da a conocer su alegato final pidiendo la condena para aquellos jefes militares que dieron órdenes que violaron los derechos humanos más elementales.
En ambos casos, el contexto en el que se presentaron estos contundentes alegatos no era para nada favorable. En 1985 las FFAA seguían siendo una amenaza para el orden constitucional que Alfonsín intentaba consolidar, y Luciani hizo su investigación y presentó las pruebas en el marco de un gobierno donde la acusada es la vicepresidente de la nación y figura principal del partido o facción gobernante. Strassera describió y condenó como nadie el mal que aquejaba a la Argentina en aquellos tiempos, los ataques a la democracia y al orden constitucional. Luciani hizo lo propio con la corrupción, el mal de estos tiempos. Ambos coincidieron con total convicción en que hechos de esta naturaleza no podían quedar impunes.
Dijo Strassera en su histórico alegato de 1985: “… A partir de este juicio y de la condena que propugno nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia…”.
Dijo Luciani en su histórico alegato del lunes pasado: “… “Este grave caso debe marcar un antes y un después en materia de corrupción y administración pública. Debe transformarse en un hito de este paradigma tan nocivo para nuestra sociedad que está harta de la corrupción de sus gobernantes»[…] La sociedad necesita que nuestros dirigentes, de una buena vez y para siempre, practiquen los valores de la ética, la honestidad, la transparencia, la igualdad y el estado de derecho”.“Es corrupción o justicia” termina diciendo el fiscal, frase que quedará grabada en la memoria colectiva, tanto como el “Nunca más” con el que Strasseraconcluyó su alegato. Por su valentía, Strassera fue objeto de amenazas; las mismas que hoy sufren en carne propia Luciani y Mola.
El artículo 36 de la Constitución nacional, introducido con la reforma de 1994, tuvo la virtud de equiparar esos dos grandes males denunciados por Strassera y Luciani. “Esta Constitución -dice al artículo en cuestión- mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático […] atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento…”. “Sus autores –aclara la norma- serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29 (que les cabe a los infames traidores a la patria), inhabilitados a perpetuidad para cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas”. Es en este artículo en el que se basa el fiscal Luciani para pedir que Cristina quede inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos.
En su primera reacción frente al alegato del fiscal, la acusada denunció que estaba siendo sometida a un pelotón de fusilamiento mediático-judicial. Por suerte para ella y a pesar de todo su empeño en destruir la república, no logró evitar que la justicia conservara nichos que respetan los procedimientos y el derecho a la defensa; en regímenes como el cubano, que Cristina defiende con tanta vehemencia, los pelotones de fusilamiento han funcionado literalmente y no como una simple metáfora.
En una suerte de «17 de octubre» que organizó desde su despacho en el senado, aseguró que el juicio no era contra ella sino contra el peronismo. No dé ideas señora, no estaría mal revisar las persecuciones y torturas del primer peronismo, la violencia asesina de la «maravillosa juventud» montonera, el terrorismo de estado pergeñado por Perón y López Rega con la creación de la Triple A, la corrupción menemista y la pauperización de la sociedad promovida por un partido que gobernó la Argentina 30 de los últimos 40 años.
Vienen por el salario y las jubilaciones afirmó Cristina; si es así, es importante que los «conspiradores» se apuren antes de que la inflación de su gobierno los termine evaporando.
En un flagrante desconocimiento del art. 109 de la CN que señala que “En ningún caso el presidente puede ejercer funciones judiciales o arrogarse el conocimiento de causas pendientes…”, Alberto Fernández, violando el más elemental principio republicano que consagra la independencia del poder judicial, condena lo que considera una persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta. “Hoy es un día muy ingrato –dijo Fernández después del alegato del fiscal-para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña derecho penal hace más de tres décadas”. A juzgar por sus dichos no se estaría notando semejante currículum; cualquiera de mis alumnos de 5to año de secundaria sabe que la independencia de los poderes es el fundamento central del sistema republicano.
A pesar de que el fiscal Luciani pidió para Cristina 12 años de prisión efectiva, la devolución de alrededor de 1000 millones de dólares y la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos, no sabemos aún como puede terminar esto. Se espera que cerca de fin de año el Tribunal Federal se expida, pero ello no implica sentencia firme, ya que la acusada puede apelar ante el Tribunal de Casación y eventualmente ante la Corte Suprema.
Mientras tanto, y siempre recordando la laxitud de los tiempos de la justicia, es probable que Cristina sea candidata a senadora el próximo año antes de que su condena quede firme; de obtener la banca podrá usar los fueros como garantía de impunidad: solo una destitución por juicio político podrá obligarla a hacer efectiva su condena. Además, al cumplir 70 años podrá pedir prisión domiciliaria en el caso que efectivamente sea condenada.
No obstante, y más allá de que algunos terraplanistas, por conveniencia o por fanatismo, la sigan defendiendo, Cristina se ha ganado la condena moral de casi todo un pueblo que sufrió en carne propia las consecuencias del mayor latrocinio perpetrado en la historia argentina. A diferencia de lo que ella cree o le hacen creer sus fanáticos, la historia la condenará.
La plata que los Kirchner se llevaron junto a sus cómplices y testaferros, era plata que podía destinarse a escuelas, hospitales y obras de infraestructura. Como quedó demostrado en el siniestro ferroviario de Once, la corrupción también mata.
A partir del “Nunca más” de Strassera, los argentinos logramos convivir dentro de un marco democrático que está próximo a cumplir 40 años; es de esperar que a partir de lo actuado por Luciani ese “nunca más” se replique para terminar con el mayor flagelo de estos tiempos: la corrupción.
Como dijo este hombre que nos insufló tanta esperanza por estos días, el dilema es claro: se trata, nada más y nada menos, que de “Corrupción o Justicia”.
(*) Profesor de Historia, Magister en dirección de instituciones educativas, Universidad Austral, vecino de Pilar
