Columnistas

Me lo dijo una Machi

Por Gastón Bivort (*)

“Yo nací siendo Machi, no es una elección, una crece con este rol que es ser como guía espiritual del pueblo mapuche (…) y a través de sueños, nuestra familia designó el espacio correcto (…) Ahí está mi espacio sagrado, en esta zona de Villa Mascardi”.

Betiana Coluan, tiene 19 años y cree ser una especie de Moisés de nuestros tiempos conduciendo al pueblo mapuche a la tierra prometida. Claro está, esa tierra no es un páramo desértico, sino un paraíso conformado por el bellísimo escenario del lago Mascardi. La visión de la Machi fue proyectada a otros territorios cercanos ubicados en los alrededores de Bariloche y el Bolsón. También llegó a las cercanías de Añelo (Vaca muerta, Neuquén) y a los alrededores de las estancias de Benetton, en Chubut. Sin embargo, parece que la visión de la Machi tuvo una interferencia al llegar a Santa Cruz: no pudo sintonizar con las estancias de Lázaro Báez y con los hoteles y propiedades de Cristina en El Calafate y en Río Gallegos.

Estas tierras, ocupadas por violentos que se autoperciben mapuches, tienen dueño; pertenecen al Estado nacional a través de Parques nacionales o son propiedad de productores, empresarios turísticos, organizaciones de la Iglesia Católica, o de simples vecinos residentes en el lugar. Todas estas usurpaciones fueron precedidas de acciones que sembraron el terror en la población: ataques violentos, incendios intencionales, extorsiones y hasta la privación de la libertad de algunas familias que quedaron secuestradas dentro de sus propias viviendas.

El pueblo mapuche se atribuye el derecho a ser considerado uno de los tantos pueblos originarios que poblaron nuestro territorio; sin embargo, desde el punto de vista histórico es una tesis por lo menos discutible. Los araucanos o mapuches cruzaron la cordillera desde Chile a nuestro país hacia 1830, cuando la nación Argentina ya era un país independiente y soberano; por lo tanto podríamos considerarlos invasores. Se afincaron en la actual Neuquén y desde allí se fueron extendiendo a otras regiones, a expensas de un verdadero genocidio que cometieron con los tehuelches, el auténtico pueblo aborigen del norte de la Patagonia.

Vivían fundamentalmente del pillaje y el robo, atacando por sorpresa a pueblos y estancias desprotegidas. Lo hacían en malones, a caballo, utilizando lanzas, boleadoras etc., pero también armas de fuego. Muchas veces en sus incursiones, mataban a los hombres y se llevaban cautivos a las tolderías a mujeres y niños. Las vacas y ovejas robadas eran cruzadas al otro lado de la cordillera donde las traficaban a cambio de distintos productos, entre otros, alcohol, pólvora y armas de fuego.

La Confederación mapuche era una suerte de Estado dentro del Estado, que se había convertido en un grave problema para las jóvenes repúblicas trasandinas. Fue tal la dimensión que alcanzó la actividad depredadora de los mapuches que tanto Chile, con la “Pacificación de la Araucanía”, como la Argentina, con la “Campaña al desierto”, decidieron poner fin al problema enviando al Ejército, logrando de este modo restaurar la seguridad y la soberanía en la región patagónica.

En función de lo expuesto, la situación de los mapuches no se encuadraría dentro del artículo 75 inciso 17 de la Constitución nacional. Dicho artículo/inciso garantiza a los pueblos indígenas “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”. No sería el caso de los mapuches, que no tienen tradición en nuestro territorio nacional previa a la conformación de la Argentina como país soberano.

Más allá de esta cuestión histórica-jurídica, la gran mayoría de los descendientes del pueblo mapuche convive pacíficamente y en armonía integrados con el resto de la población, respetando las obligaciones y gozando de los derechos que la Constitución nacional le confiere a todos los ciudadanos argentinos

En realidad, la problemática que afecta hoy a parte de la Patagonia tiene que ver con seudomapuches o más bien vándalos disfrazados de mapuches, que actúan violentamente y no se reconocen como argentinos: pretenden establecer una “zona liberada” fuera del alcance del Estado, tal como lo quisieron hacer, por ejemplo, los integrantes del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo)  entre 1974 y 1975 en la selva tucumana. Pero lo que agrava la situación es la complicidad de funcionarios y allegados del gobierno nacional con la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), agrupación ultra violenta que alienta prácticas terroristas, liderada por el ex flogger devenido en caudillo mapuche, Facundo Jones Huala.

Actualmente Jones Huala se encuentra cumpliendo una condena de 9 años de prisión en Chile al comprobarse su responsabilidad en la quema de una propiedad en ese país. La actual ministra de Género, Elizabeth Gómez Alcorta lo ha representado como abogada y recientemente el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, le ha prestado asistencia jurídica. Desde la cárcel, suele lanzar arengas alentando la toma de tierras, incendios y otros tipos de ataques sobre propiedades en la Argentina. Vándalos encapuchados, entre ellos su hermana, siguen al pie de la letra  su pedido, utilizando para ello la ascendencia e influencia que han conseguido en el poder político K.

Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía, dos ex jefes montoneros de excelente relación con el kirchnerismo, reivindican su pasado guerrillero apoyando a la RAM. Juan Cabandié, ministro de Medio ambiente y militante de la Cámpora, que creyó haber heredado el pasado montonero de sus padres, avaló que Parques Nacionales retire la querella contra la supuesta comunidad mapuche que se apropió de esas tierras.

Dos dirigentes fuertemente alineados con el kirchnerismo como Oscar Parrilli y Estela Carlotto han dado un apoyo explícito a estos grupos. El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) que depende del Ministro de Justicia Martín Soria, no hizo ninguna declaración sobre los mapuches violentos. Y frente al pedido de intervención de fuerzas federales, la gobernadora de Río Negro recibió sendas respuestas de los Fernández (Aníbal y Alberto), una más cínica y desconcertante que la otra: “No se va a aplicar ninguna fuerza represiva” dijo Aníbal. “No es función del gobierno brindar seguridad” dijo Alberto.

Respuestas inquietantes que alimentan los temores de los gobiernos de las provincias patagónicas y de sus indefensos pobladores, expuestos a la impunidad de los violentos concedida por un gobierno que además de ser ineficiente para garantizar la seguridad en cualquier rincón del país, está teñido de ideología.

El gobierno nacional ha decidido resignar el monopolio de la fuerza frente a la avanzada mapuche, aconsejando el camino del diálogo para frenar la escalada de violencia, como si esto fuera posible con grupos terroristas que incendian y atacan propiedades. Usa como excusa las muertes de Maldonado, que se ahogó, y la de Nahuel, caído en un enfrentamiento con la gendarmería, para no intervenir. El kirchnerismo nunca entendió que es totalmente lícito que el Estado reprima dentro del marco de la ley, sigue atado al “relato” del pasado.

“Si piensan que esto lo van a resolver como Julio Argentino Roca, con la campaña al desierto, se equivocan feo”, dijo Aníbal Fernández. Si creen que se va a resolver avalando la usurpación y los daños a la propiedad perpetrada por la RAM y otros grupos afines también se equivocan.

Alcanza con que el gobierno, mal que le pese al profesor de derecho Fernández, ejerza la función indelegable de asegurar la soberanía del Estado en la región, defienda la propiedad privada y brinde seguridad a sus residentes.

Es Constitución nacional pura, sin contaminación ideológica.

(*) Profesor de Historia, vecino de Pilar

 

 

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