A pesar de la urgencia que se vive en los mercados, aún hay tiempo de implementar políticas públicas
que den señales de certidumbre.
Desde noviembre de 2021, el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores cayó 4,8%,
tocando un mínimo desde junio de 2020. Mientras que, desde su máximo de septiembre de 2013,
la caída fue de 41,1%. La emisión monetaria que viene haciendo el gobierno, primero por las
elecciones de 2021 y luego para financiar el déficit fiscal este año, se empezó a traducir cada
vez más en inflación. El IPC de Libertad y Progreso para junio mostró una suba mensual de
5,5%, lo que representa una aceleración respecto a mayo, mes en que se había superado la
barrera del 60% interanual de inflación.
La renuncia de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía dejó al descubierto las
debilidades del Poder Ejecutivo. El problema de fondo no fue su renuncia, sino lo que dejó al
desnudo, la ausencia total de un plan económico que pueda resolver los problemas de fondo de
la economía argentina. En este sentido, el mercado se expresó intentando resguardarse, ante la
posibilidad de que el nuevo gabinete económico acelere los procesos de empobrecimiento e
incertidumbre que caracterizan a las políticas públicas en Argentina desde hace muchos años.
Manuel Solanet, Director de Políticas Públicas dijo señaló la gravedad de la situación
institucional: “La renuncia de ministro Martín Guzmán y su reemplazo por Silvina Batakis ha
puesto más claramente en la primera fila de responsabilidad a la vicepresidente Cristina F. de
Kirchner. Ya no podrá tomar distancia del fracaso de la gestión económica y social, ni fustigar a
sus responsables incluyendo al Presidente, como lo ha hecho hasta ahora”. Solanet además
advirtió que el panorama es extremadamente complejo, “estamos frente a riesgos evidentes de
una altísima inflación y de la paralización de cadenas productivas”.
Aldo Abram Director Ejecutivo en Libertad y Progreso expresó que “Es obvio que lo único que
puede evitar un desbarranque de la economía es lanzar y avanzar en un programa de reformas
estructurales, como el que la Fundación está presentando a todos los espacios políticos. Sin
embargo, lo visto este fin de semana dejó claro que se continuará con el actual rumbo y no ya
con la moderación que pretendía el ex Ministro Guzmán, sino con la profundización que pretende
el ala kirchnerista de la alianza en el poder.” Y agregó, “En la pelea entre los que decían que no
hay un iceberg, reflejada en la definición de que tenemos una “crisis de crecimiento” y los que
consideran que es sólo un cubito de hielo; por lo que hay que acelerar y pasarle por arriba para
llegar a la Tierra Prometida, ganaron estos últimos y pusieron al timonel.”
Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso expresó que “los argentinos
están descontando una mayor probabilidad de que se acelere la pérdida del valor del peso y que
el gobierno efectivamente no cumpla con sus compromisos de deuda. De ahí la caída que vemos
en los activos en pesos y la suba de los dólares no regulados.”
Un plan para estabilizar y hacer crecer la economía debe comprender las siguientes
reformas
Los crecientes problemas, no solo permanecen irresueltos, sino que son agravados por políticas
teñidas de intervencionismo y de populismo. No es posible persistir en ellas. El déficit fiscal sigue
creciendo en términos reales e inevitablemente ha sido acompañado por emisión monetaria al
agotarse las otras fuentes de financiamiento. El índice de riesgo país ha alcanzado niveles que
inhiben la inversión y la creación de empleo privado, único camino para reducir la altísima
pobreza que nos agobia. Es imprescindible encarar reformas estructurales y hacerlo lo antes
posible. “Libertad y Progreso” viene trabajando hace 11 años para desarrollar propuestas
políticamente implementables para un futuro plan de gobierno, de las cuales aquí damos una
síntesis extrema sobre los temas más urgentes.
1 – Reforma laboral
Privilegiar los acuerdos laborales a nivel de empresa sobre los acuerdos colectivos a nivel de
sector de actividad. Ello requerirá que en la negociación se unifique la representación de los
trabajadores de la empresa. Esta reforma requiere un cambio en los artículos 17, 18 y 19 de la
Ley 14.250 de Convenciones Colectivas. Asegurar la libertad sindical. Desregular y simplificar
los controles administrativos de la autoridad de aplicación, y de la policía laboral. Modificar
mediante decreto reglamentario, el Art 84 de la Ley de Contrato de Trabajo para aumentar la
productividad y reducir el sobrecosto y el riesgo laboral. Reducir el costo y riesgo de despido,
respetando los derechos adquiridos, mediante la supresión hacia adelante de la indemnización
por despido (reforma de los artículos 231 a 255 de la Ley de Contrato de Trabajo),
compensándola por un fondo o seguro de desempleo.
2 – Reforma de la administración nacional
Reducir sustancialmente el número de empleados de la Administración Nacional y alcanzar una
mayor eficacia en la gestión, asegurando que ninguna persona pierda ingresos en lo inmediato
y que tenga oportunidad de reinsertarse y progresar. Comprende: i) Cambios en las normas
laborales del sector público para incorporar la gestión por resultados. Continuar con la
digitalización y las mejoras en la tecnología informática. ii) Un decreto con nueva estructura
(organigrama propuesto por Libertad y Progreso de 7 ministerios y Jefatura de Gabinete) en el
marco de las atribuciones establecidas en la Ley 25.164, de Empleo Público. Se definen las
unidades administrativas dependientes de cada uno de los ministerios, hasta el nivel de
direcciones nacionales, direcciones generales y organismos descentralizados. El decreto
establecerá la dotación de personal de cada unidad administrativa, por categoría. iii) Designación de los ministros de la nueva estructura. En forma transitoria, por 90 días, las unidades
administrativas de la vieja estructura son asignadas a cada uno de los nuevos ministerios. En
ese plazo cada nuevo ministro cubre los cargos de la nueva estructura dando prioridad al
personal en disponibilidad. Una vez completado el re encasillamiento del personal, los que no
hubieran sido reubicados en la nueva estructura quedarán en la condición de disponibilidad
establecida por la Ley N° 25.164 Art 11 (No cumplen tareas; pero cobran sueldos por uno o dos
años. Así se evita el costo social de que se queden sin ingresos.). iv) Incentivos a las empresas
que los contraten: Eximición de los aportes patronales durante un período de dos años y subsidio
sobre los gastos de capacitación en el nuevo empleo. Jubilación temprana a quienes, quedando
en disponibilidad, no hubieran conseguido empleo en dos años y tengan más de 60 años de
edad.
3 – Reducción gradual de planes sociales a quienes menos los necesiten
Buscando incentivar darles empleo, por ejemplo, generalizando el «Plan Empalme”. Supresión
de fondos asignados a la Economía Popular. Auditoría internacional para revisar los excesos
cometidos en la asignación fraudulenta de las prestaciones por invalidez.
4 – Reducción hasta la eliminación de los subsidios a la energía y al transporte
Normalizar en un plazo prudencial las tarifas y precios, para que cubran los costos más una
ganancia que incentive la inversión en el sector. El impacto sobre los estratos de menores
ingresos deberá amortiguarse selectivamente con instrumentos de subsidio a la demanda.
5 – Elevación de la edad jubilatoria y reforma previsional
En un proceso que se iniciará igualando mujeres y varones en 65 años anunciado llegar en una
década a 70 años para ambos sexos. A las madres se les reconocerá el equivalente a un año
por cada hijo hasta un máximo de 7 años. Habilitación de fondos privados de retiro admitiendo
la canalización de parte de los aportes. Recreación gradual del régimen de capitalización.
6 – Reforma Impositiva y de la Coparticipación Federal
Eliminación gradual del impuesto a las transacciones financieras (impuesto al cheque).
Reducción hasta su eliminación, de los derechos de exportación y del impuesto los Bienes
Personales
Envío al Congreso de una Ley para la devolución de potestades tributarias a las provincias
(Ganancias de personas físicas, Combustibles, Bienes Personales, Internos). Reemplazo de
Ingresos Brutos por Ventas (provinciales) y calibración de éste con la alícuota del IVA (nacional)
para empalmar los resultados con la distribución primaria vigente. Supresión de la coparticipación
vertical.
Compatibilización inicial con los porcentajes actuales distribución secundaria mediante un Fondo
de redistribución horizontal que produzca un empalme con sistema vigente, pero que al quedar
inamovibles esos porcentajes en el futuro se exija acompañar cualquier aumento de gasto de
una provincia, con impuestos provinciales propios adicionales. De esa forma se alinearán los
incentivos y se propenderá a que los gobernadores gasten menos y mejor.
7 – Apertura externa
Ampliar la concreción de acuerdos de libre comercio. Acordar en el Mercosur la forma de
reducción del arancel externo común.
8 – Desregulación y simplificación normativa
Particularmente de las normas de la AFIP, del BCRA y de otros organismos regulatorios.
Desandar las normas intervencionistas (Ej. Ley de Alquileres). Facilitar el uso de dinero
electrónico.
9 – Fortalecimiento y respaldo de la moneda. Gasto público emisión inflación
Luego de que se restablezca el nivel de las reservas, que podrán reforzarse con un swap o un
préstamo sólo utilizable como respaldo, y cuando alcance el nivel de la base monetaria al tipo de
cambio libre vigente, se quitará el curso forzoso de la moneda local y se evaluará la conveniencia
de una dolarización ordenada o de una convertibilidad peso-dólar. A diferencia de la que se
implementó entre 1991 y 2001, el depositario de las reservas asignadas a la convertibilidad y el
encargado de su manejo será una institución financiera internacional (Ej: Banco de Ajustes de
Basilea).
(*) Centro de investigación en políticas pública sin fines de lucro, privado e independiente de todo grupo político, religioso, empresarial o gubernamental
