Dictadura militar. Sábado 30 de abril de 1977. Un pequeño grupo de madres se reúne en la Plaza de Mayo, pidiendo por el paradero de sus hijos desaparecidos. La reunión de personas en la vía pública se encuentra prohibida, y los uniformados ordenan a las madres: “circulen”. Las mujeres acatan la orden, pero no para irse de la plaza, sino que comienzan a circular alrededor de la Pirámide, dando inicio a la tradicional ceremonia de los Jueves, que aún hoy persiste, aunque ya en manos de una organización desprestigiada y vaciada de contenido.
El DNU 235/21, dictado por el Presidente Alberto Fernández, no sólo prohíbe la reunión de más de 20 personas en la vía pública. También pone en la clandestinidad a las reuniones que se realicen en domicilios particulares. Y, como si esto fuera poco, se atreve a prohibir la circulación de personas en horario nocturno (de 00:00 a 00:06 hs).
El motivo, según pretende fundamentar el nuevo DNU se reduce a que “…la dinámica actual de la transmisión y la aparición de nuevos casos se origina principalmente en actividades sociales y recreativas nocturnas que implican contacto estrecho prolongado, en espacios cerrados con escasa ventilación o abiertos con aglomeración de personas que dificultan el uso de tapabocas/nariz y el mantenimiento de la distancia física, y conllevan alto riesgo de transmisión, en especial en los grupos de personas que luego se constituyen en agentes de contagio hacia los grupos de mayor riesgo.”
Aún en el caso en que fuera cierto que los nuevos casos aparecen “principalmente” a partir de determinadas actividades nocturnas, el método elegido para conjurar el peligro es de una arbitrariedad absoluta. En efecto, las actividades nocturnas, en muchos casos, se encuentran restringidas y, las que funcionan, deben hacerlo siguiendo los protocolos fijados por la autoridad sanitaria. En definitiva, la respuesta a eventuales incumplimientos debería estar focalizada en los incumplidores, en los comercios que violan los protocolos y en quienes llevan adelante actividades no habilitadas o ilegales. Aun cuando resulta difícil, pareciera más sencillo para los organismos de control y las fuerzas de seguridad, concentrarse en las situaciones concretas de peligro, antes que perseguir indiscriminadamente – con excepción de los “esenciales”-, a todo ciudadano que ponga un pie en la calle de 00:00 a 00:06 hs.
Algo similar ocurre con las reuniones en domicilios particulares. ¿Quién las controlaría? ¿Apuesta el Estado a la delación entre vecinos que se tienen bronca? ¿Estimula Alberto Fernández a un mayor autoritarismo en los feudos provinciales? ¿A qué vivienda irán a golpear la puerta, aquellos policías formoseños que trotaban cantando alabanzas al tirano feudal?
Porque hay que decirlo, Alberto Fernández ha dictado un DNU inconstitucional que, además, viola los tratados internacionales de DDHH, y ha delegado en los gobernadores la facultad de aplicar y ampliar restricciones. Para decirlo más claramente, ha concedido a los mandatarios provinciales facultades que ni él mismo posee y que sólo podrían ser empleadas lícitamente en el contexto de un Estado de Sitio.
Difícilmente las medidas restrictivas sean útiles a los fines sanitarios, por la sencilla razón de que no son masivamente aplicables. No obstante, sí profundizarán el deterioro institucional. Los argentinos no sólo nos cuidamos de la pandemia, también intentamos hacerlo, cada vez con menos éxito, en relación a un Estado destructor de libertades que sí son esenciales para nuestra dignidad, y para nuestro desarrollo individual y colectivo.
El concepto de ética pública y la exigencia de un correcto desempeño de los funcionarios no obedece a una mera cuestión moral, sino a la necesidad de preservar la credibilidad de las instituciones y de aquellos que las conducen. Por eso, luego del robo de vacunas, y del incumplimiento permanente y persistente de las normas sanitarias por parte del Presidente de la Nación, de su vice y de un elevado número de funcionarios, la autoridad del gobierno –en materia sanitaria- ha quedado reducida a su mínima expresión.
Todo lo que queda del “Comandante en Jefe”, según denominara Mario Negri al primer mandatario, al inicio de la pandemia, es un Presidente visiblemente desmejorado y devaluado por su vice, que llama “imbéciles” a quienes le decimos “Dictador de Costa Pobre”, que reacciona a la palabra “lastre” aunque no vaya dirigida a su gobierno, y que le dice, a personas adultas, que no deben estar “paveando” después de las doce de la noche.
Ahora bien, para quienes se preguntan por qué el gobierno seguiría un camino que lleva al fracaso sanitario, la respuesta es la siguiente: imposibilitado de vacunar masivamente por su propia impericia o corrupción, las alternativas, a esta altura del partido, son sólo dos: no hacer nada (cosa que nunca es buena en épocas electorales) o montar un espectáculo dictatorial y propagandístico. Esta última opción, la que hoy sigue el gobierno, permite unificar a su desorientada tropa de fanáticos, y correr el eje de la información. Que se hable más de las drásticas (aunque inútiles) medidas fachosanitarias del gobierno, y menos de los muertos. De paso, con el río institucional revuelto, intentará el gobierno la postergación de elecciones y de las causas que lleva la Justicia contra la vicepresidente y sus secuaces.
En definitiva, el kirchnerismo da por hecho el desastre sanitario, y solo apuesta a taparlo con diarios.
(*) Abogado, orientado al Derecho Administrativo. Titular del Estudio Magioncalda & Asociados. Presidente de Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil. Publica en Tribuna de Periodistas.
