A una semana de la apertura de ofertas para la licitación de la Hidrovía, el tema puede ingresar en la zona del escándalo. Una de las oferentes, la firma belga DEME, ya inició acciones judiciales y publicó un comunicado denunciando el direccionamiento de la licitación. DEME denuncia, entre otras cosas, el plazo exiguo exigido, la insuficiencia de documentación, los requisitos de equipamiento y calado máximo, la exigencia de experiencia en dragado fuera de parámetro, el impedimento de formación de UTES y restricciones sobre experiencia en dragado. También señala que se piden antecedentes innecesarios al personal técnico y que la evaluación de antecedentes financieros favorece al actual concesionario, Jan de Nul.
Otro aspecto de la licitación es que se les exige a los oferentes una garantía de US$ 10 millones para impugnar el procedimiento. Se trata de una exigencia muy inusual y que desinteresaría a la mayor parte de los oferentes, quedando sólo Jan de Nul y Van Oord.
Por último, la denuncia pone de manifiesto que estas condiciones producirían un aumento de los costos de la Justicia. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, le habría manifestado esto a Milei recientemente.
Por su parte, Mauricio Macri, interesado en que pierda Jean de Nul, le habría encomendado a su ex Secretario de Transporte, Guillermo Dietrich, la tarea de sabotear la licitación.
Pero el probable escándalo de la Hidrovía no es el único que acecha al gobierno, ya que la UIF se suma a la lista.
Este organismo dictó recientemente una resolución que reduce notablemente el listado de las personas políticamente expuestas que tienen la obligación de aportar información relevante para la persecución del lavado de activos. El listado alcanza a funcionarios de los tres poderes del Estado, de organismos de control y autoridades de cámaras y entidades empresarias. La Resolución 192/2024, a juicio de distintas entidades que se ocupan del tema, implica un retroceso en el sistema antilavado. Además, va en contra de las recomendaciones del GAFI y descoloca a la Argentina ante la comunidad financiera internacional. Entre los excluidos están además los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Penitenciarias, las autoridades de partidos políticos y los secretarios de las universidades. Por su efecto potencial, este cambio está llamado a generar consecuencias.
Con suspenso
Por último está en el tapete la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Cristian Ritondo y a su esposa Romina Diago. El Fiscal Federal Eduardo Taiano, de gran parsimonia, deberá expedirse sobre la denuncia presentada por el abogado Jeremías Rodríguez y la UIF sobre la otra denuncia iniciada por la diputada Mónica Frade de la Coalición Cívica.
Mientras ambos organismos siguen en silencio, sólo se escucha la letanía de Ritondo insistiendo en que todas sus propiedades están declaradas. Lo cual no es cierto, porque los departamentos no lo están. Aparte, la cuestión de la declaración de los bienes no es lo más grave. La clave es establecer de dónde salió el dinero para adquirir cerca de 500 propiedades por alrededor de US$ 100 millones y si se trata de una operación de lavado a gran escala.
Ritondo fundó su empresa constructora Emprendimientos Rivadavia siendo ya funcionario público y no se le conoce otra actividad que ésta. ¿Cómo pudo entonces una pequeña empresa, que tiene un solo empleado registrado, formar semejante imperio inmobiliario? La complicidad del PRO con el gobierno para encubrir el caso Ritondo podría caer si aparecen, como es probable, informaciones sobre los movimientos de fondos del diputado millonario.
(*) Abogado administrativista. Director del portal El Informador Público, ex secretario Legal y Técnico de la comuna de Pilar (administración Bivort)
