La creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ha sido una respuesta al extendido convencimiento de que no hay solución posible en un país en el que el Estado gasta más de lo que recauda y que además lo hace ineficientemente. La inflación, la pobreza creciente y el estancamiento son consecuencia de ese crónico e histórico desequilibrio.
El Pacto de Mayo, suscripto por el Presidente y 18 gobernadores, plantea su corrección en dos de sus postulados: aquellos que señalan que el equilibrio fiscal es innegociable y que la reducción del gasto público debe retornar a niveles históricos en torno del 25% del producto bruto interno. El rumbo y la cuantificación de la meta están así establecidos, pero hay más. El Estado no solo gasta por demás y cobra impuestos excesivos. También le genera costos e ineficiencia al sector privado a través de una maraña de regulaciones innecesarias que llegan a constituir una verdadera máquina de impedir. El nuevo ministro, Federico Sturzenegger, se ha referido a ellas como “la hojarasca” y aseguró que se propone limpiarla.
Según relevamientos preliminares, hay más de 2000 regulaciones vigentes que responden a leyes, decretos o resoluciones dictados en algún momento y que hoy solo encarecen el consumo o la inversión.
La tarea de Sturzenegger tendrá tres líneas de acción; 1) desregular; 2) reducir y hacer eficiente el gasto estatal; 3) desarrollar y proponer los mecanismos para privatizar, concesionar o liquidar empresas y organismos estatales. En estos tres frentes el nuevo funcionario ya ha trabajado y a él se deben las propuestas materializadas en los proyectos del decreto de necesidad y urgencia 70/23 y en el original de la Ley Bases. El DNU está vigente, a excepción de algunas de sus disposiciones en materia laboral que se encuentran sujetas a la consideración de una acción de amparo judicial. La Ley Bases atravesó el Poder Legislativo dejando en el camino buena parte de sus propuestas. Justamente, las dificultades enfrentadas para lograr las reformas han puesto en evidencia la magnitud del desafío. Cuando una desregulación o una privatización producen un beneficio al conjunto de la comunidad, pero un perjuicio a muy pocos, estos desarrollan resistencias concentradas y potentes, mientras el conjunto social a veces ni siquiera percibe su efecto benéfico y, por lo tanto, no lo defiende. Este fenómeno explica la dificultad de desregular y la profusa creación de normas que van alejando el sistema del ideal de reglas uniformes, sin privilegios indebidos. La corrupción que caracteriza los sistemas altamente regulados es la consecuencia de poner en manos de funcionarios la administración absolutamente discrecional de favores de alto impacto económico. Esta realidad de las regulaciones no parece haber sido tenida en cuenta por el nefasto pensamiento estatista-populista que ha predominado en las últimas décadas en la política argentina y en la intelectualidad. De ahí la telaraña que ahora es necesario desmembrar y para lo cual el electorado dio mandato en la elección del 19 de noviembre de 2023.
La depuración de regulaciones facilitará la reducción del gasto público, pero no será por sí sola suficiente para alcanzar la meta de reducirlo al 25% del PBI partiendo del actual 42%. Debe haber una reducción física y una modernización de la burocracia estatal, y deben transferirse al sector privado actividades empresarias, comerciales y de servicios.
Una de las limitaciones que enfrentará el nuevo ministro radica en el hecho de que el conjunto de gobiernos provinciales y municipales son responsables de aproximadamente la mitad del gasto público del país. No sería factible lograr la meta del Pacto de Mayo si los gobiernos subnacionales no acompañan el proceso de racionalización. Un intenso trabajo político será necesario para conseguir la adhesión de gobernadores e intendentes, ya que los incentivos juegan en sentido contrario. El régimen de coparticipación federal de impuestos determina que los gobernadores gasten en mayor medida con billetera ajena: la del gobierno nacional. Mientras no se reemplace este sistema por un régimen de correspondencia fiscal, ocurrirá que desde la Casa Rosada se verán tentados a usar las transferencias discrecionales a las provincias como instrumento de presión. Esto no es bueno para lograr un federalismo sano. La aparente decisión de mantener un sistema de coparticipación interpone una dificultad mayor en el trabajo de Sturzenegger para lograr reducir el gasto público de las provincias.
Es innegable que hay un amplio espacio para reducir el gasto burocrático. La cantidad de empleados públicos en la Nación, las provincias y los municipios creció desde 2.010.000 en 1993 hasta 3.900.000 actualmente. El mayor aumento se produjo en los niveles municipal y provincial. En 1993 el Estado ya estaba sobredimensionado y, desde entonces, hubo avances en la tecnología que impulsaron la productividad de las tareas administrativas y que debieron haber obrado en favor de la reducción del personal, pero esto no sucedió.
El ministro Sturzenegger deberá en el menor tiempo posible presentar un programa orgánico de reforma cuyos fundamentos permitan superar los argumentos que naturalmente emergerán de cada unidad administrativa, intentando justificar su permanencia y su dimensión. La informática y la inteligencia artificial son piezas esenciales de un nuevo diseño administrativo. La ejecución de ese programa deberá apoyarse en los procedimientos de los artículos 11 y 12 de la Ley N° 25.164 modificados por la Ley Bases, que contemplan los amortiguadores sociales y los mecanismos que faciliten la reinserción en el sector privado. La recuperación económica en un marco de estabilidad y confianza y la consecuente creación de empleo deberán permitir transformar en virtuoso el histórico círculo vicioso que determinaba el aumento del empleo público como solución a la falta de creación de empleo privado.
Por el bien del país, esperamos que el nuevo ministro tenga éxito en su ímproba tarea.
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