Una propuesta más equitativa para el financiamiento universitario

El 37% de los alumnos de las Universidades estatales nacionales pertenece a niveles socioeconómicos altos o medio-altos.

Un informe de la Fundación Libertad y Progreso señala que de implementarse un arancelamiento selectivo en los sectores que asisten a Universidades Nacionales podría solucionarse la crisis de financiamiento que atraviesa el sistema y redundar en una solución más equitativa para los estudiantes.

El presupuesto del conjunto de universidades nacionales para 2024 alanza a 1.952.778 millones de pesos, en tanto hay 2.030.633 alumnos. Esto arroja un gasto anual promedio por alumno de 961.600 pesos o 80.138 pesos por mes.

PRESUPUESTO UNIVERSITARIO POR ALUMNO

En pesos. Año 2024.

Fuente: Libertad y Progreso en base a Oficina Nacional de Presupuesto y Ministerio de Capital Humano.

De esta forma, si se buscase arancelar la universidad estatal con el objetivo de cubrir el 100% del presupuesto exigiría una cuota mensual de 80.138 por alumno. En comparación, las cuotas de otras universidades de gestión privada, se encuentran entre los $300.000 y $800.000 por alumno por mes.

Sin embargo, estableciendo criterios de equidad e inclusión, se pueden articular mecanismos de tal forma que el arancelamiento solo alcance a aquellos alumnos de familias con una capacidad económica acorde. Una alternativa es que los alumnos ubicados en los dos quintiles de menor nivel socioeconómico mantengan la gratuidad actual, mientras que los tres quintiles de más altos ingresos cubran con su arancel la totalidad del presupuesto, aunque el tercer quintil lo haga con una cuota que sea la mitad de los dos más altos. Con esto, prácticamente el 60% de los alumnos tendrían una beca total o parcial en la universidad estatal.

ARANCELAMIENTO UNIVERSITARIO SEGMENTADO

En pesos. A septiembre de 2024.

Fuente: Libertad y Progreso en base a Oficina Nacional de Presupuesto, Ministerio de Capital Humano, Universidad Nacional de Hurlingham y estimaciones propias.

El arancelamiento selectivo sería una forma socialmente equitativa de generación de fondos y de asegurar la igualdad de oportunidades. Este tipo de reglas son las utilizadas en diversos países, incluyendo Chile, Uruguay, Colombia, Francia, Canadá, España, India y Nueva Zelanda.

El informe señala que la implementación de estos mecanismos contribuiría positivamente a mejorar la equidad del sistema universitario y a asegurar la autofinanciación. Lo que modificaría positivamente los incentivos en la gestión de los fondos y consolidaría la autonomía universitaria.

El trabajo realizado por la Fundación Libertad y Progreso analiza otras alternativas de financiamiento. En una de ellas se limita la cuota de los alumnos de mayor nivel socio económico solo hasta el nivel del presupuesto por alumno promedio, cubriendo el Estado el porcentaje del presupuesto que corresponde a la gratuidad de los alumnos de los dos quintiles de menor nivel socioeconómico. En este caso subsistiría una contribución estatal anual de 818.000 millones de pesos.

Otras variantes planteadas considerarían que la gratuidad de ese segmento del alumnado sea cubierta por becas solventadas por fondos constituidos por aportes privados con incentivos fiscales. También se plantea el sistema de prestamos de honor en condiciones blandas mediante garantías y subsidios estatales a la tasa de interés. También podría articularse un sistema de financiamiento mixto, donde los alumnos de mayores ingresos estén arancelados mientras que los de menores ingresos sean cubiertos con transferencias del Tesoro Nacional. O establecer un Fondo Solidario para becas, similar al utilizado en Uruguay, tal que los graduados que recibieron asistencia de la universidad para cursar sus estudios luego aporten un porcentaje de sus ingresos para el presupuesto de becas.

La visión de nuestros expertos: urge una reforma integral 

Manuel Solanet, Director de Políticas Públicas en la Fundación Libertad y Progreso analizó la situación actual del sistema universitario: “La gratuidad para todos entra aquí en directa colisión con el concepto de equidad. Se está subsidiando con impuestos pagados por personas de menores recursos a quienes son beneficiarios y podrían pagar una cuota razonable. La gratuidad universitaria universal no contribuye, sino que contradice la igualdad de oportunidades para aquellos que quieran estudiar”.

Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, opinó que “la educación superior en Argentina puede mejorar mucho y parte de esa mejora tiene que ver con mejorar el financiamiento y la autonomía universitaria. Lamentablemente, la última Ley del Congreso sobre este tema otra vez buscó una solución de compromiso, buscando aumentar el presupuesto pero sin explicitar cómo financiar ese incremento de gastos. En cambio, se eludió hablar del verdadero tema, que es la reforma del sistema de financiamiento de las universidades nacionales. Hoy, dependen de las transferencias del Tesoro Nacional, lo que constituye un subsidio cruzado de quienes no usan la universidad para quienes sí lo hacen”.

“La realidad es que el Congreso podría modificar la Ley de Educación Superior para que las universidades estatales puedan establecer mecanismos de arancelamiento parcial o fondos de becas con aportes de graduados que no afectarían la gratuidad para aquellos alumnos de menores ingresos y que, además, permitirían aumentar el presupuesto universitario sin depender de las transferencias del Tesoro”, añadió Marí.

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