Crisis: más desempleo y menos empresas en el mapa bonaerense

La desocupación avanzó en los principales centros urbanos del país y Gran La Plata tuvo uno de los mayores saltos. El cierre de industrias y comercios expone el impacto de la contracción sobre el entramado productivo.

El mercado laboral bonaerense exhibe una de las caras más visibles del deterioro económico de los últimos años. Según la EPH del INDEC, la desocupación aumentó en los seis principales aglomerados urbanos del país al comparar el segundo trimestre de 2026 con el mismo período de 2023. Gran La Plata aparece entre los casos más comprometidos: la tasa pasó del 5,5% al 8,7%, un salto de 3,2 puntos porcentuales que solo fue superado por Gran Rosario, donde trepó 6,2 puntos hasta alcanzar el 11,5%.

El deterioro también alcanzó a los Partidos del Gran Buenos Aires, donde la desocupación pasó del 7,5% al 8,8%. En tanto, Gran Córdoba llegó al 10,5%, Gran Mendoza al 8,1% y CABA al 5,6%. El mapa deja así una constante: ninguno de los grandes centros urbanos relevados escapó al incremento del desempleo.

Desde el gobierno bonaerense plantearon que el fenómeno no puede leerse como un problema exclusivo de la provincia. La administración de Axel Kicillof sostuvo que se trata de un deterioro que atraviesa a los grandes centros urbanos y lo vinculó con un modelo económico que, según su interpretación, debilita capacidades productivas y desplaza actividad industrial.

Los números sobre empresas aportan otra dimensión al escenario. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo difundidos por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, durante los primeros 31 meses de la gestión de Javier Milei dejaron de existir 31.342 empresas, de las cuales 8.789 correspondieron a la provincia de Buenos Aires.

En los últimos días se sumaron nuevos casos al listado. Dorada SA, ex Dánica, cerró su planta de Llavallol y dejó a una treintena de trabajadores afectados, mientras que la textil Alter cerró sus puertas en Berazategui. A la incertidumbre se agregó el caso de Granja Tres Arroyos, que planteó la posibilidad de cancelar parte de los salarios con productos de la compañía, una postal del nivel de tensión que atraviesan algunas empresas.

FATE concentra buena parte de esa disputa. La compañía de Javier Madanes Quintanilla cerró su producción y alrededor de 920 trabajadores quedaron en riesgo de perder sus puestos. La empresa argumenta problemas de competitividad, mientras que el SUTNA interpreta la decisión como un lockout patronal. En ese contexto, la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó desalojar la planta de Virreyes, ocupada desde febrero, una vez vencida la conciliación obligatoria.

El fallo no resolvió, sin embargo, el núcleo económico del conflicto. Las indemnizaciones y las condiciones de una eventual continuidad de la fábrica quedaron fuera del ámbito penal en el que se dictó la medida. El desalojo despeja la planta, pero no responde la pregunta central: qué ocurre con los 920 puestos de trabajo ni con la capacidad productiva instalada.

La respuesta que ensayaron los trabajadores fue llevar la discusión a la Legislatura bonaerense. El proyecto presentado por el gremio propone declarar de utilidad pública la producción de FATE y disponer la ocupación temporaria de la planta para que quede bajo la órbita provincial. La iniciativa abre, de ese modo, un debate que excede el conflicto puntual y vuelve a poner sobre la mesa el papel del Estado frente al cierre de empresas.

Por ahora, la propuesta no parece encontrar un camino sencillo dentro del Ejecutivo. Desde el IPAC señalaron que no recibieron pedidos de asesoramiento y marcaron una diferencia entre una eventual cooperativización y el planteo de los trabajadores, al que interpretan más cercano a una estatización. También advirtieron que cualquier alternativa debería contemplar variables como la productividad, el mercado y la situación específica del sector.

El antecedente de las empresas recuperadas tampoco ofrece una salida automática. El último relevamiento del IPAC contabilizó 130 unidades productivas activas, con 4.155 trabajadores, pero el 84% necesita renovar o incorporar maquinaria. A eso se suma el fuerte incremento de los costos energéticos: en la mayoría de los casos, las facturas de luz y gas se multiplicaron entre tres y cuatro veces, con establecimientos que llegaron a pasar de $30 millones a $120 millones mensuales.

La experiencia del Astillero Río Santiago agrega otro elemento al debate. De los $105.175 millones asignados, el 93% se destinó a salarios, un dato que expone el peso fiscal que puede adquirir una empresa estatal con una estructura laboral de gran magnitud. La discusión sobre FATE, entonces, no termina en quién ocupa la fábrica: también plantea quién aporta el capital, quién financia los costos y qué modelo productivo permitiría sostenerla en el tiempo.

Mientras la disputa industrial se concentra en las fábricas, en La Plata el deterioro también aparece en la calle. La Cámara de Comercio, Industria y Servicios informó una caída interanual del 14,7% en las ventas minoristas, con 14 trimestres consecutivos en baja. FundPlata, por su parte, detectó 451 locales cerrados o en alquiler sobre 4.739 relevados, equivalente al 9,5%.

El fenómeno no se limita a la capital bonaerense. Un relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos contabilizó al menos 3.165 cierres o bajas de empresas en municipios de la Provincia entre 2023 y septiembre de 2026. El deterioro, según el estudio, alcanza tanto a grandes centros urbanos como a polos industriales y localidades de menor tamaño.