Desastre administrativo: De Achával sancionado por el Tribunal de Cuentas

El organismo responsabilizó a Federico De Achával, Santiago Laurent y Claudia Pombo de incumplimiento de normas contables, desequilibrio financiero, egresos sin respaldo y manejo opaco de fondos públicos.

Tres ejercicios analizados por el Tribunal de Cuentas bonaerense (2021, 2022 y 2023) originaron tres fallos con severos cuestionamientos por la administración del municipio de Pilar, incluyendo al manejo de los fondos del Concejo Deliberante, presidido, en esos períodos, por la hoy varias veces procesada Claudia Pombo.

De acuerdo a lo que trascendió desde el organismo provincial, en el expediente 4-308.0-2021, se dejó constancia de un extenso listado de infracciones: incumplimientos legales y reglamentarios, anomalías contables, excesos presupuestarios e ingresos y egresos de fondos sin documentación respaldatoria.

Si bien el fallo mantuvo la aprobación formal de la rendición de cuentas, dispuso sanciones económicas y administrativas por un total de más de 600 mil pesos en multas, con apercibimientos y llamados de atención a la cúpula política municipal, incluido el propio intendente. Pombo fue alcanzada por un llamado de atención formal, una figura disciplinaria que la vincula a los incumplimientos detectados dejándola bajo observación en futuras rendiciones.

Los expedientes de los ejercicios siguientes -2022 y 2023- muestran que las mismas irregularidades persistieron.

El Tribunal de Cuentas volvió a cuestionar el manejo presupuestario del municipio de Pilar, esta vez con observaciones sobre contrataciones sin respaldo documental, subejecución de partidas, transferencias irregulares y deficiencias en el control interno. En ambos años, la presidencia de Pombo al frente del Concejo Deliberante fue señalada en los considerandos, junto con funcionarios de la línea directa del intendente Achával como Santiago Laurent.

El patrón administrativo se mantuvo: gastos sobreejecutados, balances incompletos, falta de conciliaciones bancarias, errores en la contabilización de fondos afectados y reiteración de observaciones ya advertidas por el organismo en años anteriores. A pesar de las advertencias, ninguna de las observaciones derivó en sanciones ejemplificadoras, lo que alimenta las sospechas sobre un blindaje político dentro del esquema conformado por De Achával, Pombo y el infaltable Jorge D’Onofrio.

Los tres fallos del HTC son contundentes: la gestión de Pilar incurrió en faltas reiteradas en el manejo del dinero público.

En 2021, el intendente fue multado con 200 mil; el contador municipal, con 180 mil; y el secretario de Economía, con 65 mil, además de sanciones menores a otros funcionarios.

Pombo, aunque no recibió multa directa, fue formalmente alcanzada por el llamado de atención junto a los responsables de las áreas clave del ejecutivo. El HTC ordenó notificarla y dejó constancia de que “no deberá considerarse exenta de responsabilidad hasta tanto el Tribunal se pronuncie definitivamente”, lo que la mantiene bajo investigación abierta.

El fallo también dejó en evidencia la existencia de un aparato administrativo ineficiente y permeable a la discrecionalidad política, algo que el Tribunal repite en sus observaciones a Pilar desde hace al menos tres años consecutivos.

El municipio gobernado por Federico de Achával acumula observaciones financieras y administrativas en casi todos los rubros evaluados: compras, recursos humanos, fondos de obras, subsidios y transferencias, todas cajas de la política. Sin embargo, lo más llamativo no es la reiteración de las irregularidades, sino la continuidad de los funcionarios implicados. Pombo, pese a los fallos adversos y las causas penales abiertas, sigue ocupando un rol central dentro del oficialismo local, según algunas fuentes.

Mientras las multas se pagan en cuotas y los expedientes se archivan lentamente, el entramado político sigue intacto. El control financiero se diluye, la rendición de cuentas se vuelve un formalismo, y uno de los municipios más ricos del norte bonaerense sigue bajo el mando de quienes el Tribunal de Cuentas no deja de observar.