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Julio Novo y la cofradía creada para consagrar la impunidad en la zona Norte

Desde el jueves pasado, en el ámbito del Tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín, se sustancia el juicio oral y público contra el ex fiscal General de San Isidro, Julio Novo, y cuatro de sus más inmediatos colaboradores por el delito de «encubrimiento agravado».

Novo, los ex fiscales Eduardo Vaiani y Rodrigo Caro, y la secretarias Melisa Rey y Mariana Busse, llegan a esta instancia después de haber sido denunciados por otro fiscal, el titular de la oficina antidrogas de Pilar, Luis Angelini, y que la jueza Sandra Arroyo Salgado les endilgara «estorbo funcional», «abuso de autoridad» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público» después de una investigación que llevó varios años.

Concretamente, a Novo y su gente se les imputa haber operado para dificultar el esclarecimiento del asesinato de dos colombianos en el 2008, en lo que se conoció como el «crimen de Unicenter», un claro caso de sicariato por el que fueron condenados a perpetua dos barras brava y se absolvió a otros tres implicados por el beneficio de la duda. Entre estos últimos se encontraba Carlos Luaces, uno de los socios de Gustavo Juliá, el narco condenado a 13 años de prisión en Barcelona por intentar ingresar, vía aérea, un voluminoso cargamento de cocaína en España. Para la justicia, Luaces y Juliá fueron, al mismo tiempo, los cerebros del sangriento crimen y los encargados de contratar la mano de obra que lo ejecutó.

Pero más allá de la cuestión estrictamente judicial, en El 1° de la Mañana (Cadena 94.5 y Premium), Claudio Ponce de León y su equipo, hicieron eje en la figura de Julio Novo como el responsable de un complejo entramado de fiscales, legisladores, intendentes, empresarios, narcos y policías creado para garantizar la impunidad de sus socios y, al mismo tiempo, engañar a la opinión pública con una falsa sensación de seguridad.

Con su pelo peinado a la gomina, sus trajes bien cortados y su gesto adusto -y un tanto arrogante-, Novo vendía la imagen del fiscal implacable con el delito, y, al mismo tiempo, consolidaba su poder en la zona Norte bonaerense donde hizo y deshizo a voluntad, protegiendo a cuanto personaje flojo de papeles pudiera andar por ahí necesitado de una manito para zafar del largo brazo de la justicia. Claro que mejor si contaba con algún patrimonio, no importa si bien habido o no.

El reinado de Novo se extendió por al menos quince años, y si bien tuvo algún traspié, de todo salió bien librado. Pero ya se sabe, nada es para siempre. El primer problemita que tuvo fue cuando en 2002 mató de tres balazos por la espalda a un chico de 16 años, al que acusó de haber ingresado con dos cómplices a su casa, aunque los testigo hablaron sólo de un asaltante y desarmado. De todos modos, junto al cadáver y después que ingresó la Bonaerense, se encontró un revólver calibre 32. Y aunque las dudas sobre el relato del fiscal eran muchas, la causa se cerró sin problemas.

El segundo inconveniente que tuvo fue en el 2013, cuando un grupo de 14 fiscales -Daniel Márquez, Marcelo Lloret, Ricardo Juan, Diego Onorati, Diego Grau, Alfredo Frutos, María Sayago, Alejandra Toymil, Marcos Petersen, Diego Molina Pico, Carlos Washington Palacios, Leandro Orduna y Andrés Zárate- denunciaron la conducta de Novo (al que definieron como un «psicópata perverso»), reclamo al que se sumó la AJB (Asociación Judicial Bonaerense), ante la procuradora Carmen Falbo (abogada de Aníbal Fernández). «En nuestra opinión la permanencia del Fiscal General en el cargo obstruye el funcionamiento normal del organismo, así como la posibilidad de una investigación completa, objetiva e imparcial, puesto que será necesario recoger los testimonios de muchos compañeros perjudicados de una u otra manera por su accionar, pero que aún siguen bajo su dependencia», decía uno de los párrafos de la denuncia del sindicato.

Por supuesto, aquí tampoco pasó nada. Falbo archivó el expediente y los fiscales entendieron que había hablado el poder.

Novo recién fue suspendido en su cargo en 2015, cuando se confirmó su procesamiento por el encubrimiento respecto al crimen de Unicenter, y entonces se puso al descubierto una especie de coalición en la zona norte del Gran Buenos Aires entre intendentes, narcos, policías, fiscales, y empresarios que supo funcionar con su gerenciamiento. También es cierto que tal cofradía logró sobrevivir a la caída en desgracia del polémico fiscal a través de funcionarios judiciales afines a él y su fina sintonía con los jefes municipales, en especial massistas y del PRO. 

Porque Sergio Massa y Julio Novo son amigos entrañables; no había acto del tigrense donde no apareciera el funcionario judicial para recibir elogios tales como “el fiscal general hace muy bien su trabajo”, mientras el aludido sonreía con humildad. 

En el entonces intendente de Tigre, Novo encontró un alma gemela. Sus desvelos punitivos encajaban con los de Massa, cuyo afanoso proyecto incluía el endurecimiento penal, la flexibilidad de las garantías constitucionales y la saturación de cámaras en las calles. Un ideario compartido con otros intendentes alineados con él como Luis Andreotti, de San Fernando, Humberto Zúccaro, de Pilar, y Jorge Macri, de Vicente López, además de Julio Zamora, el sucesor de Massa en Tigre. Todos ellos controlaban con destreza desde sus respectivos feudos los índices delictivos mediante un pacto secreto con el Ministerio Público, La Bonaerense y ciertos referentes del crimen organizado. Y la figura de Novo se impuso como clave en aquella alianza territorial que además garantizaba la impunidad de sus asociados, ya que durante la gestión de Novo, jamás se investigó un caso de corrupción que pudiera involucrar a esos intendentes. 

Puntualmente, el periodista Ponce de León sostuvo que «varias veces se vio a Novo salir del despacho de Zúccaro con un sobre en la mano».

Otro gran amigo de Novo en el distrito es (o fue) el empresario Eduardo Gutiérrez, dueño de Farallón. A tal punto la cercanía de ambos que no resultó una sorpresa que uno de los invitados más destacados al casamiento de su hija Mercedes fue el mismo fiscal. Lo que sí sorprendió -o no mucho- fue que otro de los invitados al convite fuese Gustavo Juliá. Si, aquel de la cocaína voladora.

Desde el plano metodológico, la gran contribución de Novo a la justicia provincial consistió en instalar un estilo de trabajo que a los fiscales les exigía mano dura, acusar por las dudas y condenar sin pruebas. Un sistema cifrado en un férreo control sobre ellos a través del hostigamiento y con coacciones de toda índole para así desalentar a quienes tuvieran la osadía de oponerse a la fabricación de culpables en escala mayorista.

Claro que la alianza delictiva entre autoridades de traje, toga y uniforme en el norte del Gran Buenos Aires aún goza de excelente salud. En parte, por la influencia actual de reconocidos adláteres de Novo en el universo tribunalicio y la eterna predisposición de los comisarios para toda clase de compromisos por fuera de la ley.

Todo indica que la sombra de Novo aún oscurece la justicia bonaerense como un fantasma apenas disimulado.

Novo y el caso García Belsunce

Cuentan los que saben que la intromisión de Novo en la causa por el asesinato de María Marta García Belsunce fue alevosa. Su papel consistía en interponer un cúmulo de obstáculos para malograr la pesquisa; desde el envío de allegados suyos para retirar partes del expediente hasta remplazar al fiscal Diego Molina Pico por otro, y después reponerlo al iniciarse el primer juicio, aunque con tres fiscales adjuntos que en realidad estaban alineados con la defensa.

Para la investigación de este caso, Novo dispuso un fiscal (Gonzalo Aquino), dos secretarios, dos instructores de la Procuración, y dos detectives.

El caso Mazettelle

El asesinato de Pablo Mazettelle, secretario de prensa del entonces intendente de Pilar Sergio Bivort, refleja cómo convivía la política y la justicia en San Isidro, bajo la égida de Novo.

El 5 de diciembre de 2002 Mazettelle fue baleado en la cabeza en la puerta de su casa, en un presunto intento de robo. No había testigos y el caso tenía gran repercusión en la opinión pública. En menos de 24 horas, la policía identificó a tres sospechosos del crimen. El fiscal de Pilar, Diego Molina Pico, desoyó la hipótesis de la Bonaerense. Intuía que, para demostrar eficiencia, le estaban vendiendo “pescado podrido”.

-Detenelos igual-le ordenó Duilio Cámpora, fiscal adjunto de Novo-. Total, para dejarlos en libertad están los jueces.

Molina Pico no obedeció. Poco después, Novo le quitó la investigación y se la dio a otro fiscal, Eduardo Vaiani. Los tres falsos sospechosos estuvieron cuatro años tras las rejas. En el juicio, los testigos contaron que fueron apretados por la policía para declarar, y los acusados fueron absueltos. Meses más tarde, Vaiani fue ascendido a secretario adjunto del Fiscal General, cargo que ocupó hasta un episodio ocurrido en Del Viso. Y Cámpora escaló como juez de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro. El caso sigue impune.

Vaiani y los dólares

De la escena, Vaiani se llevó 8.000 dólares que había secuestrado en la casa de Ricardo Klein y su esposa Miryam Kowalzuck, asesinados por sus hijos.

Si bien más tarde devolvió los dólares, los investigadores detectaron que no eran los mismos billetes secuestrados en el allanamiento original y que los entregó en un sobre blanco, distinto al sellado y firmado por los testigos y responsables de aquel procedimiento.

La denuncia que originó esta causa fue radicada por la fiscal Laura Zyseskind, quien en noviembre de 2015, cuando Vaiani pidió licencia ella lo reemplazó al frente de la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas y Violencia de Género de San Isidro.

Los funcionarios y empleados de esa fiscalía fueron quienes le transmitieron a Zyseskind la preocupación que tenían porque entre los efectos secuestrados en la causa más importante que tramitaba la UFI, el doble parricidio del matrimonio Klein, faltaban los 8.000 dólares.

“Hizo entrega de otro sobre con la suma de 8.000 dólares estadounidenses, integrados por 80 billetes de 100 cada uno, de los cuales al menos 60 de ellos eran distintos a los secuestrados, en tanto resultaban de la nueva edición de color azul y poseen la numeración consecutiva”, describieron en el pedido de indagatoria, al explicar que Vaiani llevó a su fiscalía dólares distintos a los que se ven en las fotos del allanamiento original.

Vaiani se defendió de esta acusación diciendo que “los 8.000 dólares siempre estuvieron dentro de una esfera de custodia” y aclaró que “nunca fueron sustraídos ni utilizados para una finalidad diferente”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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