La causa penal por corrupción que desvela a Scioli en su camino a la presidencia

La investigación lleva siete años y el fiscal ya realizó el pedido de juicio oral que debe ser resuelto por el juez de Garantías. Una megacausa con avances y archivos que pueden revertirse.

Desde hace siete años Daniel Osvaldo Scioli, el embajador argentino en Brasil, está procesado por graves delitos y al borde de un posible juicio oral. La justicia investiga el segundo mandato (2011/2015) de su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires entre los años 2007 a 2015.

Hace pocas semanas el juez de Garantías de La Plata Agustín Crispo comenzó con el análisis del pedido de juicio oral solicitado por el fiscal Álvaro Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de La Plata. La investigación penal preparatoria se abrió en el año 2016 luego de una denuncia presentada en persona por la ex diputada nacional Elisa Carrió.

La pesquisa alcanza también a varios ex funcionarios bonaerenses que fueron parte del sciolismo bonaerense, acusados de diversos delitos –negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas–, según se desprende del requerimiento de elevación a juicios.

La medida se da luego de la nulidad sin sobreseimiento que fue dictada en agosto de 2022 por la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata. Aquella resolución puso en valor lo planteado por las defensas de los acusados, quienes habían solicitado la nulidad de la pieza procesal y el sobreseimiento. Solo el primero de los reclamos prosperó.

Scioli es uno de los postulantes del peronismo para encabezar la boleta presidencial 2023 y acaso quien cuenta con el mayor apoyo del presidente Alberto Fernández.

La causa se inició el 3 de junio de 2016, cuando la entonces diputada Carrió presentó formalmente la denuncia ante la Fiscalía General de La Plata. El escrito fue remitido al fiscal Garganta. Tras varios un tramo de la investigación se dio por terminada y otros desdoblamientos fueron archivados. Esta medida implica que, si aparecen nuevas evidencias, se podrá revertir, es decir, dictar la reapertura para seguir adelante con la instrucción de expediente.

El pedido de juicio oral en análisis alcanza a Scioli y sus exfuncionarios Alberto Pérez (ex jefe de Gabinete), Alejandro Collia (ex ministro de Salud),  Eduardo Aparicio ( ex ministro de Desarrollo Social y actual titular de la APREVIDE, procesado en otra causa), Guillermo Scarcella (ex titular de ABSA), Antonio Atilio La Scaleia (ex titular de la obra social IOMA) y el contador Walter Carbone, junto a los empresarios Ricardo Estanislao Miller (conocido como el Lázaro Báez bonaerense), Juan Carlos Mancinelli y Daniel Osvaldo Robert, entre otros.

En la causa se investigaron delitos de presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas. En uno de los alcances se indaga sobre el posible pago de sobreprecios y sobornos en la construcción de Unidades de Pronta Atención (UPA) en distritos de Buenos Aires. Según la investigación, para ello habrían contratado a la empresa de Miller.

Fojas judiciales

En el alcance número 1 se investigó el manejo de fondos en la empresa de servicios de agua potable y cloacas Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), por la que fueron procesados Guillermo René Scarcella (ex presidente de ABSA) y el funcionario Pablo Damián Elías. Los acusados deberán defenderse en el posible juicio por los delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (22 hechos en concurso real) e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En el alcance número 4 del expediente se indaga sobre el manejo de fondos en el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de los bonaerenses. Al tope de la lista de acusados se anota el ex titular mutualista La Scaleia, junto a 19 funcionarios y presuntos “empleados infieles”, por los delitos de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, peculado de caudales (78 casos que concursan realmente entre sí) en concurso ideal con fraude en perjuicio de administración pública (78 casos que concursan realmente entre sí), uso de documento público falso (78 casos que concursan realmente entre sí) en concurso ideal con asociación ilícita”. En este tramo de la pesquisa, se indagó sobre presuntos fraudes con internaciones domiciliarias.

También se pidió el juicio oral para el ex jefe de Gabinete de Scioli, Pérez, y su ex subsecretario administrativo Walter Carbone (el dueño de la caja fuerte en forma de dragón), quienes, junto a otros cinco ex funcionarios, están procesados por “peculado en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En este legajo se investigó el presunto desvío de fondos destinados a la compra de material escolar sobre el cuidado del medio ambiente, que –según el expediente- finalmente fueron utilizados para la impresión de boletas “Scioli Presidente” para las elecciones de 2015. También el uso de facturas apócrifas por servicios de catering nunca realizados.

En la misma causa fueron procesados el ex ministro Aparicio y el empresario Daniel Roberts por los delitos de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, conducta antijurídica que tiene una pena de hasta 12 años de prisión. En este caso, se investigó la millonaria entrega de subsidios a cooperativas inexistentes.

La trama de la obra pública encuentra su respaldo documental y probatorio en el alcance 6 de la investigación, en la que tiene procesados a Gladys Perez Ferrando, Gabriel Pérez de Vargas, César Marcos, Paula Kammeraht, Carolina De Tomasso, Daniel Soncini, el empresario Juan Carlos Mancinelli (oriundo de Tigre), Marcelo Cristian Beneyte y Pablo Adrián Fontanari, por los delitos de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública (19 hechos en concurso real) en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público (19 hecho en concurso real)”.

Pero la investigación no se agota en las dependencias gubernamentales ya mencionadas. Quedan pendientes de investigar otras áreas como Secretaría General de la gobernación, Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, Puerto La Plata y Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Estos cuatro alcances fueron archivados pero el fiscal aclaró en su resolución: «que se haya podido avanzar en unas y en otros no tanto no elimina la vinculación que emerge de la denuncia».

El expediente

Según la documentación oficial, la investigación penal preparatoria tramita bajo el número 06-00-020688-16/00, causa principal con Scioli procesado. Pero se realizaron ocho desdoblamientos:

01 ABSA

02 Loterías y Casinos (archivado)

03 Puerto La Plata (archivado)

04 IOMA

05 Jefatura de Gabinete

06 Obra pública

07 Secretaría General (archivado)

08 Dirección General de Educación y Cultura (archivado)

En una resolución del 17 de mayo pasado el juez Crispo informó que tratará cada uno de los alcances con requerimiento de juicio por separado (ABSA, IOMA, Jefatura de Gabinete y obra pública) “circunscribiendo la evaluación y valoración de lo solicitado a la parte pertinente de cada uno de ellos”.

La hipótesis del caso del fiscal tiene algunas zonas grises. Dijo que no pudo establecer “ni cómo, ni dónde el exgobernador” habría influido sobre sus colaboradores para que delinquieran. “Si bien puede establecerse cuándo (entre los años 2011 a 2015), no puede esta instrucción probar si la determinación se produjo por medio de una charla personal, a través de un chat de WhatsApp y/o Telegram, en el interior de una oficina y/o tomando un café en un bar”, admitió, pero se apoyó en “prueba indiciaria”. Esa evidencia de indicios debe generar certeza en la magistratura (juez de Garantías y camaristas) que deben resolver antes que el caso sea llevado a juicio o no. Pero para la etapa de debate oral falta que corra mucha agua debajo de los puentes judiciales.