Los antecedentes y la impunidad que preceden al caso “Chocolate”

En los despachos judiciales del fuero Penal de La Plata envejecen archivos de casos de corrupción política cuyo denominador común, en la mayoría de los casos, es la impunidad de los “peces gordos” por el paso del tiempo.

El escándalo desatado en la ciudad de La Plata alrededor del caso de corrupción política denominada mediáticamente como “Las tarjetas de la corrupción” o “El caso Chocolate” sacó a escena una vez más la discrecionalidad en el manejo del dinero público por parte de un sector de la política y puso en evidencia (para las nuevas generaciones) el funcionamiento de cajas negras para el financiamiento político del que la mayoría de las fuerzas con representación parlamentaria hacen uso con los presupuestos de la Legislatura bicameral de la provincia de Buenos Aires.

Para poner en contexto. En la tarde del 9 de septiembre de 2023 fue detenido Julio Segundo “Chocolate” Rigau, un militante del Frente Renovador de La Plata, a quien le secuestraron unas 48 tarjetas de débito de supuestos empleados de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y una bolsa de nylon color negro con más de un millón de pesos en efectivo, producto de las extracciones en la línea de cajeros automáticos del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) ubicados en la esquina de 7 y 54, a unos 100 metros de la Legislatura provincial y a 200 metros de la Gobernación bonaerense. Once días después la causa fue declarada nula por los jueces Juan Benavides y Alejandro Villordo integrantes de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.

Esta decisión judicial generó conmoción y estrépito social. Nunca antes la sociedad había visto con semejante claridad y con tantas pruebas cómo se vacían las arcas del erario para el beneficio de unos pocos que aún no fueron identificados, pero en ese camino están los investigadores judiciales quienes trabajan en silencio y con datos concretos, siguiendo la ruta del dinero.

Pero hubo en los últimos 30 años hubo otros antecedentes de corrupción política, de apropiación de dinero público para beneficio privado que se judicializaron, aunque en la mayoría de los casos dejaron sensación de impunidad, pese a que hubo condenas en algunos expedientes.

La diputada prófuga

En marzo del año 2002 la ex diputada provincial Patricia Fernández (PJ) fue detenida en España donde estaba prófuga de la justicia Penal de La Plata. Los entonces fiscales de Delitos Complejos, Carlos Argüero y Esteban Lombardo, habían solicitado la detención por los delitos de “malversación de caudales públicos y falsificación de documentos”.

La investigación se inició en el año 1.999, cuando una colaboradora de la ex legisladora denunció el hecho a la Justicia, y afirmó que el dinero que la Cámara de Diputados entregaba para becas y subsidios de personas necesitadas en realidad era cobrado, presuntamente, por la ex diputada, algunos de sus empleados y familiares.  Se estima que el daño patrimonial superó los 700mil dólares de esa época.

Fernández fue una de las pocas integrantes de la política que terminó en prisión. Fue un caso aislado.

Los radicales

En septiembre del año 2002 la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata sorprendía con varios pedidos de detenciones de cuatro senadores y seis ex legisladores radicales como presuntos autores de una estafa millonaria en la entrega de subsidios que el Senado provincial otorgaba a desocupados y entidades comunitarias. Según la investigación el fraude se realizaba por medio de dos entidades fantasmas con sedes en esta ciudad y en el distrito bonaerense de Lincoln, donde los legisladores habrían destinado los fondos reservados para ayudar a los más necesitados. Se estima que el daño patrimonial fue superior al millón de dólares.

Los fiscales Argüero y Lombardo, solicitaron la detención de los senadores radicales Juan Plana, Enrique Marín Vega, Juan Carlos Stávale y Gustavo Marelli y de los ex legisladores Eduardo Florio, Adriana Mazzuco, Jorge Young, Diego Rodrigo, Héctor Monasterio y Ezequiel Rizzi, quien fue también intendente de Cañuelas.

Todos ellos, integrantes de la bancada radical, estuvieron acusados por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales, incumplimiento de los deberes de funcionario y falsedad documental.

La investigación comenzó a mediados de 2001, cuando un desocupado denunció al por entonces senador Héctor Monasterio por haber utilizado su nombre y apellido para cobrar un cheque de dos mil dólares. La investigación se fue diversificando y se abrieron anexos. Hubo sobreseimientos, pero algunos fueron enviados a juicio oral.

Ninguno de los mencionados fue detenido. La causa fue elevada a juicio oral. A esa instancia llegaron los ex legisladores Carlos Pérez Grecia, Juan Carlos Stávale, Diego Rodrigo, Gustavo Marelli y Ana María Posadas, pero todos fueron sobreseídos por el Tribunal Oral Criminal V de La Plata, luego de la instrucción suplementaria solicitada por la defensa.

Días antes que se venciera el plazo de investigación complementaria el abogado Darío Saldaño aportó una resolución interna del Senado provincial, con la firma del entonces vicegobernador Felipe Solá. Esa norma interna establecía que el dinero destinado a subsidios dejaban de pertenecer al cuerpo legislativo una vez que eran girados a los senadores y éstos estaban eximidos de rendir cuentas

En el Astillero Río Santiago

Promesas de trabajo. Contratos truchos a espaldas de los postulantes. Camiones de caudales del Banco de Provincia de Buenos Aires. Varios ex funcionarios públicos que aceptaron su responsabilidad y esperan condena. Un daño patrimonial de 16 millones de pesos al erario bonaerense, unos 4 millones de dólares de aquel entonces. La cifra actualizada a la fecha es de “alrededor de 1.460 millones de pesos al dólar oficial, el doble si se toma el paralelo”, confirmaron fuentes judiciales. Una causa abierta que apunta hacia un exministro que no avanza. Todo esto (y mucho más) contiene la investigación penal abierta que llegó a juicio oral donde los fiscales Jorge Paolini y Victoria Huergo desplegaron una batería contundente de evidencias que demostraron cómo fue el mecanismo de corrupción para vaciar las arcas del Astillero Río Santiago (ARS), durante el segundo mandato de exgobernador Daniel Scioli.

La maniobra consistía en la confección de contratos falsos realizados con datos de personas que en la mayoría de los casos nunca se enteró que figuraba empleada en el gigante naval de Ensenada. Las remuneraciones de esas locaciones de servicios temporarias hechas a espaldas de esas personas fueron cobradas, se sospecha, por los acusados que solicitaron el juicio abreviado. Desde el Banco Provincia informaron en el expediente judicial que todos los meses mandaban un camión de caudales con efectivo al Astillero.

Una de las pruebas centrales es la declaración de un Contador Público instructor de la Policía Judicial de la provincia de Buenos Aires quien reveló cómo fue la maniobra utilizada para generar millonarios desvíos de fondos del Astillero Río Santiago (ARS) durante los años 2012 y 2013, en el marco del juicio oral a cargo de Tribunal Oral Criminal I de La Plata. Por este hecho fue juzgado uno solo de los procesados, el resto presentó un acuerdo de juicio abreviado que fue resuelto por el Tribunal Oral Criminal III de La Plata, confirmaron fuentes judiciales a este medio. En el banquillo de los acusados iban a estar el ex presidente del ARS Héctor Scavuzzo junto a Rodolfo Elisetch (ex coordinador de sueldos y jornales), el ex gerente general Julio Borovik, el ex secretario de presidencia, Oscar Borcerio y el empresario Roberto Fiocca. Las defensas de estas personas procesadas presentaron acuerdos para evitar el debate oral a cambio de aceptar su responsabilidad en los hechos y reparar el daño generado.

En esta causa hay un condenado. Se trata de un ex empleado del Ministerio de la Producción. Pero existe otra que tramita en la justicia Penal de La Plata cuyo norte procesal es seguir investigando a más personas, entre ellas al ex ministro sciolista Cristian Breitenstein, radicado en Alemania. El expediente se abrió en el año 2017, como un alcance de la causa principal, durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, pero la causa no registra avances. El único cuerpo cuenta con la denuncia de apertura y algunas fojas más que no muestran un impulso de la acción. También existe otra causa penal por presunta corrupción durante la gestión de la exgobernadora la que registra pocos avances y generó el pedido de juicio político de parte de un sector del kirchnerismo al fiscal a cargo de la pesquisa.

Senador condenado y libre

La condena a un ex senador bonaerense del Bloque Unión Pro -luego llamada Unión Celeste y Blanco- sacó a la luz una de las cajas negras de la política que, en la mayoría de los casos, es para enriquecimiento personal de dirigentes políticos que acceden a cargos legislativos en la provincia de Buenos Aires, el principal bastión electoral del mapa nacional ya que el territorio abarca el 38% de padrón nacional.

La condena recayó sobre Antonio Armando Nieto y los secretarios administrativos de ese bloque su hijo Leonardo Damián Nieto y Alfredo Fabián Digiano quienes fueron sentenciados en el Juzgado en lo Correccional 4 de La Plata a cargo de la jueza Claudia Greco por Defraudación a la Administración Pública por hechos cometidos entre los años 2008 y 2011 que generaron un importante daño patrimonial a las arcas públicas.

Los nombrados, utilizando datos personales de personas de bajos recursos económicos y con el engaño de que obtendrían la obra social IOMA, eran designados como empleados del bloque político que proponía como empleados el senador Nieto, sabiendo que no prestarán funciones en el senado. De tal modo una vez designados retenían sus tarjetas de débito para el cobro y cobraban para si sus salarios.

Las personas engañadas nunca cobraron ni trabajaron en la cámara de Senadores. La maniobra fue descubierta pues una persona que figuraba como empleado quiso tramitar la asignación familiar por hijo, tomando conocimiento en ese momento que figuraba como empleado del senado.

Cuando la víctima se comunicó con el despacho del legislador para pedir explicaciones recibió un llamado telefónico de Nieto hijo quien le preguntó “cuánta plata querés para no abrir la boca”.

El ex legislador, oriundo de La Matanza, recibió una pena de 4 años de prisión, pero sigue en libertad hasta que la misma quede firme, aunque por su edad, Nieto no pasará ni un día en una cárcel común, pese a generar un millonario daño a las arcas públicas.

Otras causas silenciadas

La causa “Chocolate” no es la única abierta en la actualidad. Hay al menos otros cuatro expedientes que fueron silenciados y que tramitan en diversas fiscalías de La Plata. Algunos casos son de recaudadores de Diputados (en uno de los expedientes del año 2018 se tomaron a golpes de puño en la Casa Matriz del Banco Provincia cuando iban a retirar los bolsos con dinero) y otras a bolseros de la Cámara de Senadores. Todas con el mismo mecanismo, el cobro de salarios de empleados legislativos fantasmas, aunque no cayó ningún funcionario de peso.

Hace años el dinero se retiraban en bolsos en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Luego se iban a buscar los sobres a un edificio de avenida 7 entre 54 y 55, frente al cajero donde fue detenido “Chocolate” Rigau. También se utilizaron tarjetas de débito, pero del Banco de la Nación Argentina y finalmente el ya conocido débito del Bapro. “Todo esto fracasó porque el nivel de corrupción es tan grande que ya es inmanejable”, sentenció el abogado de una de las víctimas.