Por la «expropiación» del vacunatorio central, De Achával y D’Onofrio acorralados por la justicia

Para el periodista Claudio Ponce de León y su equipo de El 1° de la Mañana, que hace cuatro años siguen de cerca este tema, lo que más adelante se detalla, incluido el audio con la palabra del abogado José Ubeira, es el hecho político-institucional más grave del que se tenga memoria en Pilar.

No sólo por las consecuencias para los vecinos -que tendrán que afrontar una demanda por más de 160 millones de dólares-, sino también porque participaron los dos poderes más importantes del Estado: el Ejecutivo y el Deliberativo, involucrándose en una maniobra delictiva, intendente, funcionarios y los 24 concejales (oficialismo y oposición), una «verdadera asociación ilícita o algo muy parecido» (Ponce de León dixit).

Si bien todos serán imputados y alguno que otro irá preso, la historia que sigue -respaldada por la documentación de rigor- demostrará que, como siempre, la mala praxis de la política la pagamos los vecinos del distrito y la provincia.

Esta suerte de saqueo al mejor estilo chavista comenzó en 2012 cuando a la empresa Pilar Bicentenario S.A. se le ocurrió comprar 9 manzanas en el km 46 de Panamericana, en su cruce con las vías del Belgrano, para construir un Centro de Transferencia de Pasajeros donde se pudiera abordar un tren hasta Retiro con una sola parada en Ciudad Universitaria. Por supuesto, el desarrollo incluía, además de una estación, la instalación de cocheras, oficinas, y comercios, entre otros. La cuestión es que se firmaron todos los papeles que había que firmar con la Nación, con la provincia y con el municipio, y las obras se pusieron en marcha: se rellenó el terreno hasta dos metros, se construyeron el edificio de cocheras que puede verse desde la ruta (25.500 m2), y ductos de servicios subterráneos, además de traza de calles e iluminación.

Hay que observar aquí que uno de los principales negociadores del municipio con el presidente de la empresa, Mateo Corvo Dolcet, fue el mismo hoy intendente, por ese entonces jefe de Gabinete de Humberto Zúccaro. Hasta ahí, todo era entusiasmo y predisposición para con los desarrolladores, que, a su vez, pagaron sin chistar lo que tenían que pagar, de acuerdo a los aranceles que fijaban el propio De Achával y su jefe Zúccaro. Esto, hasta que el diablo -Jorge D’Onofrio- metió la cola.

En 2019, y con la visión para las cajas que caracteriza al Frente Renovador, el ex ministro de Transporte advirtió que el proyecto de Pilar Bicentenario significaba un formidable negocio inmobiliario e hizo lo que mejor sabe hacer: aprovechar las oportunidades que se presentan sin reparar en las consecuencias.

De esta manera, y como diputado provincial, D’Onofrio hizo aprobar sobre tablas la expropiación del predio con el argumento de la instalación de una Casa de la Provincia en Pilar y de oficinas descentralizadas del municipio. Por supuesto, omitió toda información fehaciente sobre el bien, y falseó descaradamente otra. Por ejemplo, afirmó que el valor de las 9 manzanas era de 580 mil pesos cuando la suma real rondaba los 54 millones de dólares, y que sólo se habían construido 40 m2.

El caso es que sin preguntar ni asesorarse, alegremente, los legisladores de la provincia avalaron la pretensión de D’Onofrio, y validaron la expropiación. Curiosa actitud la de los representantes del pueblo, ya que cualquiera, aún un iletrado como quien esto escribe, sabe que las expropiaciones sólo pueden darse en caso de obras de utilidad pública que no admiten otro lugar para su concreción (por ejemplo, una ruta o una represa), y que, fundamentalmente, deben pagarse al precio que permita al expropiado adquirir un bien equivalente.

Sin estos supuestos básicos, se concretó entonces no ya una expropiación sino una apropiación del predio por parte de D’Onofrio y la municipalidad de Pilar, en quien el ex Transporte encontró su ineludible y principalísimo socio.

Claro que la empresa expoliada no se quedó de brazos cruzados, y emprendió casi una guerra santa para recuperar el predio y, por supuesto, los dineros que aportaron más de un centenar de inversores. En el medio hubo una causa por lavado de dinero que significó meses de cárcel para los directivos de Pilar Bicentenario después de una denuncia que realizó el mismo D’Onofrio, lo que reconoció en un reportaje concedido a uno de los medios que financia el intendente y de la que los denunciados finalmente salieron indemnes.

Por otro lado, la justicia se pronunció en tres diferentes instancias sobre el predio (primera, Cámara Federal y Cámara de Casación), y en cada caso reconoció la propiedad como patrimonio de Pilar Bicentenario. También intimó en varias ocasiones al municipio para su devolución, órdenes que la comuna jamás acató ni se dignó en responder.

Ahora, un nuevo e inesperado capítulo se abrió en este litigio, ya que el municipio, entendiendo que su causa está perdida, no tuvo mejor idea que pedir se lo admita como querellante -junto a Corvo Dolcet- en el expediente que se tramita por fraude contra Jorge D’Onofrio por la maniobra de expropiación, petitorio que fue rotundamente rechazado por el juez interviniente.

Con esta presentación, De Achával no hizo más que darnos la razón; a nosotros y a la empresa, claro está. Al suponerse víctima de la maniobra pergeñada por su ¿ex? socio, el intendente reconoció la existencia de un delito y que la empresa tiene sobrados fundamentos para su reclamo, que, una vez más, finalmente, recaerá sobre los bolsillos de los sufridos contribuyentes.

Para el final, cabe recordar que esta es la primera de las tres causas por las que D’Onofrio debe trajinar los pasillos de los juzgados de Campana y La Plata. La segunda fue iniciada por el empresario Leandro Camani, dueño de Secutrans S.A., una de las empresas proveedoras del sistema de fotomultas en la provincia, y por la tercera, se lo investiga por irregularidades en la concesión de los servicios de VTV. En todos los casos, a D’Onofrio y su pareja, Claudia Pombo, se los considera incursos en el delito de lavado de activos.

Del abogado Ubeira

A su turno, uno de los patrocinantes de Pilar Bicentenario S.A., el abogado José Ubeira, tras lamentar que hayan dejado a Pilar «sin una estación de trenes», acusó a D’Onofrio y De Achával de haber «perjudicado a mucha gente con el único objetivo de robarse el predio».

«Es dolo puro y duro», aseguró antes de insistir en que «el daño que hicieron es incalculable» y considerar a los concejales, tanto de la oposición como del oficialismo, «cómplices de la maniobra».

Ubeira sostuvo que «se trata de un despojo digno de dictaduras, de un saqueo, de un infame choreo a mano armada», antes de calcular que «80 millones es el daño ya producido, pero si vamos a los otros daños (lucro cesante, honorarios), hay que pensar por lo menos en el doble».

«Todo es cómputo para un juez», indicó al respecto previo a ratificar que «ya quedó demostrado que todo fue una maniobra para quedarse con lo ajeno».