Diputados convirtió en ley el proyecto para frenar la violencia en escuelas y hospitales

Diputados dio sanción definitiva a una reforma que amplía la protección de docentes, personal de salud y agentes de servicios esenciales.

En el marco de la quinta sesión del año, la Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley una batería de iniciativas provenientes del Senado, entre ellas el proyecto del senador de Unión y Libertad Sergio Vargas, que endurece las sanciones contra quienes agredan, hostiguen o maltraten a docentes, trabajadores de la salud y agentes de servicios públicos esenciales.

El recinto parlamentario dio sanción definitiva a la iniciativa y modifica el artículo 74 bis del Código de Faltas provincial, en medio de una serie de episodios que encendieron las alertas dentro de la órbita estatal, especialmente por el avance de situaciones de violencia en las escuelas.

En concreto, la norma amplía el alcance de la protección vigente, hasta ahora centrada en el personal educativo, e incorpora a otros trabajadores que cumplen funciones esenciales dentro del Estado bonaerense. El texto contempla penas de arresto y multas para quienes hostiguen, insulten, agredan o perturben el normal desarrollo de sus tareas en los establecimientos alcanzados por la ley.

“Si bien la Ley N° 14.898 representó un avance significativo al proteger específicamente a los trabajadores de la educación, la realidad actual nos exige ampliar este ‘escudo legal’ para abrazar también a los médicos, enfermeros, choferes de ambulancia y agentes de servicios esenciales que enfrentan situaciones de violencia idénticas en el ejercicio de sus funciones”, señaló el dirigente de la Sexta sección en los fundamentos del proyecto.

Según especificó Vargas, la iniciativa endurece las sanciones cuando las agresiones ocurren en escuelas frente a alumnos o en hospitales ante otros pacientes, supuesto que la norma incorpora como agravante.

En efecto, el régimen aprobado por ambas Cámaras contempla penas de arresto de entre 5 y 30 días o multas de 50 a 500 Unidades Fijas (UF) para quienes incurran en las conductas alcanzadas por la renovada ley provincial.

Por fuera del esquema sancionatorio, la iniciativa también obliga al Gobierno bonaerense a implementar protocolos de actuación inmediata frente a situaciones de violencia. Las medidas deberán contemplar el auxilio de la fuerza pública para retirar al agresor, la intervención del Ministerio Público cuando resulte necesario solicitar restricciones o exclusiones y el resguardo preventivo de la víctima durante su jornada laboral.

Asimismo, el Estado provincial deberá garantizar patrocinio jurídico gratuito a los trabajadores que sufran hechos de violencia, para que puedan constituirse como particular damnificado o querellante en las causas judiciales. El nuevo marco normativo también incorpora asistencia psicológica inmediata y acompañamiento especializado, a través de programas de salud ocupacional o de las aseguradoras de riesgos del trabajo.

Finalmente, la reforma aprobada crea un Registro Provincial de Hechos de Violencia Institucional para reunir estadísticas y antecedentes sobre agresiones en servicios esenciales. El relevamiento permitirá detectar zonas críticas y orientar la asignación de recursos de seguridad, bajo criterios de confidencialidad para resguardar a las víctimas y de acuerdo con la normativa vigente sobre protección de datos personales.

“Defender a nuestros servidores públicos es, en última instancia, defender la calidad y la continuidad de los servicios que recibe cada ciudadano de la provincia. El respeto por la función pública debe volver a ser la regla, y el Estado debe ser el primero en asegurar que así sea”, concluyó Vargas en los fundamentos de la iniciativa, que ahora aguarda su promulgación por parte del Ejecutivo provincial.