Economía
Dos de cada tres hogares se endeudan para pagar alquileres
El dato surge de un relevamiento de ONG, universidades y el Conicet, y marca un dato preocupante sobre los alquileres en el Conurbano y Capital Federal.
Una encuesta enfocada en el Conurbano y la Capital Federal revela datos preocupantes sobre la dificultad de las familias para pagar los alquileres.
Los datos corresponden a noviembre de 2022, y fueron relevados por ACIJ junto al CELS, el Instituto de Geografía de la UBA, el CEUR-CONICET, la Escuela IDAES (UNSAM) y la Red Contested Territories.
Los resultados, comunicados ayer, revelan un panorama muy preocupante: precariedad económica y habitacional, que se profundiza en el caso de los hogares sostenidos por mujeres.
Detectó, entre otros aspectos, que hay un mercado de residencia permanente que funciona de manera cada vez más precaria, en paralelo a un mercado volcado al alquiler temporario, dolarizado, que crece.
También refleja el aumento de la incidencia del alquiler en relación a los ingresos. Hay un 6% más de inquilinos empleados que en el año 2021, pero lo que ganan alcanza cada vez para menos: en el 2021, el 24% de los hogares destinaba más de la mitad de sus ingresos, en 2022 esa proporción de hogares aumentó al 32%.
Esto también impacta en los niveles de endeudamiento. El 63% de los hogares admite estar endeudado con familiares o particulares y la mayor parte de esa deuda es utilizada para pagar el alquiler. Los hogares cuyo principal sostén son mujeres están más endeudados en general, y en particular con familiares y amigos.
Pero hay más datos preocupantes: el 35 por ciento de las personas inquilinas respondió que no alquila una vivienda completa, sino una habitación, y más de la mitad, lo hace sin contrato escrito.
En paralelo, crece un mercado de alquiler de viviendas temporarias en dólares. Se trata de viviendas que dejan de estar disponibles para las y los residentes permanentes y presiona sobre las condiciones del conjunto de la oferta.
El informe defiende la Ley de Alquileres que hoy está cuestionada ya que, sostiene, se sancionó para regular un mercado que «funcionaba mal» donde los hogares inquilinos «demandaban más protección».
«La nueva legislación aumentó los contratos a tres años y estableció un mecanismo para evitar que los aumentos queden librados a la negociación entre partes inherentemente desiguales. Sin embargo, el Estado omitió toda acción para hacer efectiva la aplicación de una ley que, así, quedó librada a la voluntad de quienes la resisten: inmobiliarias y propietarios», sostiene.
