El impuestazo de Achával: la oposición pide derogar la Tasa de Protección Ambiental

El bloque de concejales de LLA-PRO de Pilar, a través de un proyecto de ordenanza, demandaron la derogación de la Tasa de Protección Ambiental, implementada recientemente por el municipio local y ya blanco de numerosos críticas, que incluyeron al ministro de Economía nacional.

En este caso los presentantes calificaron a la tasa en cuestión y su aplicación en tickets de supermercados, de «gravamen distorsivo que afecta el consumo básico y desincentiva la actividad comercial», al tiempo que alertaron acerca de que dicho incremento -«irremediablemente»- será trasladado al consumidor final «directa o indirectamente, encareciendo los productos básicos».

También observaron que esta tasa puede resultar en que comercios y vecinos «realicen sus compras en otros partidos», previo a dejar establecido que el municipio de Pilar «tiene la responsabilidad de preservar la actividad económica local, la inversión, los puestos de trabajo y el poder adquisitivo de sus habitantes».

«Este impuesto al consumo se da en un contexto en el que el gobierno nacional tiene como objetivo reducir a la mínima expresión la inflación, que es el mayor impuesto al consumo», apuntaron antes de recordar que desde 2023, la Nación «eliminó o redujo más de 19 impuestos que golpeaban la actividad económica y al sector productivo».

Los concejales argumentaron además que la Tasa de Protección Ambiental «otorga a la municipalidad la libre disposición de los fondos recaudados», lo que «viola la asignación específica para su correspondiente contraprestación», y se opone a lo normado por las Constituciones Nacional y Provincial y a las leyes que «obligan a un municipio a una contraprestación para efectuar el cobro de una tasa».

Firmaron este proyecto los concejales Solana Marchesán, Juan Pablo Casañas Onganía, Andrés Genna Grau, Analía Leguizamón, Sebastián Neuspiller, y María Ratti Repeto.