Escándalo en Transporte provincial: senadores libertarios piden explicaciones por irregularidades en casi 700 mil fotomultas

El senador bonaerense de La Libertad Avanza, Gonzalo Cabezas, exige que la provincia brinde explicaciones por las presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas.

El senador bonaerense de La Libertad Avanza, Gonzalo Cabezas, presentó un pedido de informes para que el gobierno de Axel Kicillof brinde explicaciones urgentes sobre presuntas irregularidades en casi 700 mil fotomultas, en particular por la existencia de actas de infracción registradas con valor cero, y exigió que se realicen auditorías para conocer el funcionamiento de este sistema.

En ese sentido, la iniciativa parlamentaria que lleva la firma de Cabezas establece que el Ejecutivo provincial deberá detallar la cantidad total de actas de infracción que fueron registradas sin monto asignado dentro del Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT), incluyendo los períodos en los que dichas irregularidades habrían sido detectadas.

En ese marco, el proyecto de Cabezas también solicita que la provincia brinde información sobre las causas que originaron la existencia de estas fotomultas sin valor económico, contemplando la posibilidad de que se trate de fallas técnicas, errores administrativos o incluso intervenciones humanas, a modo de intentar descifrar el origen de estas anomalías detectadas en el sistema que administra las sanciones viales bonaerenses.

Vale recordar que, a finales de 2024 el por entonces ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, dejó su cargo tras una serie de denuncias en su contra por presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas. Tras la asunción de Martín Marinucci, la cartera inició una auditoría técnica integral del sistema que administra las infracciones de tránsito, luego de detectar inconsistencias en la plataforma informática que las procesa.

Es por eso que uno de los ejes relevantes del pedido de informes de Cabezas apunta a determinar si finalmente el Ministerio de Transporte inició las actuaciones administrativas o judiciales para establecer eventuales responsabilidades, lo que implicaría avanzar no solo en la identificación de la irregularidad respecto del sistema de fotomultas, sino también en las consecuencias institucionales derivadas de la misma en caso de comprobarse la existencia de conductas indebidas o negligencias en la gestión del sistema.

Otro de los puntos que incorpora el proyecto del bloque de La Libertad Avanza tiene que ver con el proceso de auditoría tecnológica del sistema de fotomultas, sobre el cual requiere detalles específicos como la modalidad de contratación, el presupuesto total previsto, los plazos de ejecución, las áreas responsables de su implementación y las empresas que participaron o participan en dicho proceso, con el objetivo de garantizar transparencia en una instancia considerada clave para el control del sistema.

En esa línea, la iniciativa del senador libertario puso el foco en posibles conflictos de interés, ya que solicita al Ejecutivo que informe si tiene conocimiento sobre la existencia de vínculos laborales, familiares o comerciales entre funcionarios del área informática del Ministerio de Transporte y las empresas involucradas en la auditoría tecnológica, un aspecto que, de confirmarse, podría afectar la credibilidad del proceso de revisión.

Al mismo tiempo, el escrito incluye un requerimiento detallado sobre los mecanismos de control, trazabilidad y seguridad informática que actualmente posee el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de conocer qué herramientas existen para evitar la modificación o eliminación irregular de actas de infracción.

En los fundamentos del proyecto, Cabezas advirtió que “la detección de más de 650.000 actas registradas con valor cero constituye una situación de gravedad institucional que no puede ser considerada una irregularidad menor, sino que obliga a revisar en profundidad el funcionamiento del sistema informático utilizado por el Estado bonaerense”. Asimismo, el autor de la iniciativa indicó que el sistema de fotomultas no solo impacta en la política de seguridad vial, sino también en la economía de miles de bonaerenses.

“Resulta imprescindible garantizar estándares estrictos de control, transparencia y legalidad, más aún frente a la eventual contratación de una auditoría tecnológica por un monto cercano a los mil millones de pesos, lo que exige el máximo nivel de supervisión institucional y respuestas claras sobre lo ocurrido y las medidas a adoptar para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse”, concluyó Cabezas.

Es preciso mencionar que el proyecto impulsado por el legislador encuentra su origen en un antecedente administrativo de peso. A inicios de 2026, el propio Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dio comienzo a un proceso para contratar una auditoría técnica integral del sistema de infracciones de tránsito, luego de detectar inconsistencias significativas en la plataforma que gestiona las fotomultas.

Según surgió de esa documentación, el organismo reconoció la existencia de al menos 682.000 actas de infracción registradas con valor cero, es decir, sin monto de multa asignado y sin una trazabilidad clara que permita reconstruir por qué fueron absorbidas en esas condiciones. El dato fue respaldado por un informe técnico elaborado por el director de Informática y Tecnología de la cartera, Pablo Hernán Guarino, que justificó la necesidad de avanzar con una revisión integral del sistema.

En concreto, el SACIT es la herramienta que concentra todo el circuito sancionatorio provincial, desde la carga inicial de actas hasta la determinación de deudas, notificaciones, descargos, resoluciones y pagos. Sin embargo, el propio informe oficial advierte que presenta fallas estructurales, operativas y de seguridad que comprometen la integridad de los datos, la trazabilidad de los registros y la confiabilidad del proceso administrativo.

Entre las irregularidades detectadas se mencionan bases de datos saturadas, deficiencias en los mecanismos de conciliación de pagos, debilidades en la seguridad informática y el uso de usuarios genéricos con credenciales compartidas entre juzgados y municipios, una práctica que impide identificar con precisión quién realizó determinadas operaciones. A eso, se suma la falta de mecanismos adecuados de firma digital para validar resoluciones y la ausencia de controles criptográficos robustos sobre la evidencia digital.

En ese contexto, el Ministerio de Transporte bonaerense avanzó con la contratación de un servicio de auditoría técnica integral que abarcaría el análisis de bases de datos, infraestructura tecnológica, seguridad de la información y trazabilidad del sistema, con un plazo estimado de doce meses y un presupuesto cercano a los $990 millones, equivalente a unos $82,5 millones mensuales. La cifra generó cuestionamientos incluso dentro de sectores administrativos que intervienen en el expediente, tanto por su magnitud como por las condiciones del proceso de contratación, ya que la empresa encargada de esa auditoría es propiedad del hijo del socio del empresario Leandro Camani, dueño, a su vez, de la mayor cantidad de cámaras que registran las multas en la provincia de Buenos Aires. Ese hijo, en tanto, también se desempeña como  empleado del Ministerio de Transporte.