Explosivo: «Chiqui» Tapia denunció a Camani, Yofe y Del Gaiso por extorsión

En la presentación, realizada en el Juzgado de Garantías N° 7, Claudio Tapia aseguró que fue víctima de extorsiones por negarse a entregarle el negocio de la instalación de cámaras de fotomultas en el CEAMSE al empresario Camani, mientras Del Gaiso y Yofe operarían como «canales formales de activación del frente penal» y su consiguiente difusión mediática.

Según la denuncia del titular de la AFA, su presentación permite reconstruir «el origen real, el contexto y la finalidad de la maniobra investigada, llevada adelante por Leandro Camani, Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, que me posicionan de manera inequívoca en calidad de damnificado dentro del marco de la causa en trámite«. Es decir, la que lleva adelante el fiscal N° 3 de Pilar, Germán Camafreita por «extorsión agravada», con eje central en el dirigente de la CC local, Matías Yofe, iniciada a partir de la denuncia de un chofer del Ministerio de Transporte a quien se habría amenazado para que preste declaraciones falsas contra el ex ministro de esa cartera provincial, Jorge D’Onofrio.

Tras aclarar que «la denuncia vinculada a la denominada ‘casa de Pilar’, atribuida a mi persona y tramitada en otra causa judicial, no constituye el origen del conflicto, sino una consecuencia directa de una secuencia de hechos previos«, Tapia sostuvo que el empresario Leandro Camani, titular de la firma Secutrans S.A. y actor central del negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires, le formuló un pedido concreto: autorizar la instalación y el recambio de cámaras de control de tránsito en rutas, accesos y predios administrados por la CEAMSE, entidad que preside, además de la AFA.

La respuesta fue negativa. Según Tapia, categórica y definitiva.

Esa decisión administrativa -que frustró un negocio de enorme impacto económico- habría marcado el punto de quiebre. A partir de allí, aseguró Tapia, el pedido fue reemplazado por presión directa: Camani habría hecho llegar un mensaje intimidatorio inequívoco. La alternativa era clara: o se habilitaba el negocio de las fotomultas, o se activarán denuncias penales falsas.

En su extenso escrito, el presidente de la AFA aseguró que «la extorsión previamente aludida, como he adelantado, no quedó en el plano meramente verbal, sino que se concretó temporalmente poco después, mediante la presentación de la denuncia vinculada a la supuesta ‘casa de Pilar’”, al tiempo que recordó que «los denunciantes formales en esa causa resultan ser Facundo del Gaiso y Matías Yofe, quienes cumplen el rol de ejecutores instrumentales de la maniobra, orquestada por Camani«.

«En ese orden de ideas -siguió-, la estructura fáctica descripta permite advertir un reparto de roles, en el cual Camani aparece como organizador y beneficiario económico, mientras que los denunciantes actúan como canal formal de activación del frente penal«.

En este punto, consideró que «corresponde advertir que, con posterioridad a la activación de la represalia judicial por parte de Camani, se desplegó una operación mediática sostenida, orientada a amplificar dicha denuncia y a instalar públicamente un relato incriminante en mi contra«.

«Dicha operación no se manifestó como una cobertura periodística aislada, sino como una secuencia coordinada de publicaciones, intervenciones audiovisuales y reproducciones en redes sociales, que retomaron de manera reiterada los mismos ejes discursivos. Las notas publicadas reprodujeron afirmaciones categóricas, imputaciones de gravedad y conclusiones anticipadas, sin acompañar respaldo probatorio objetivo, sin citar fuentes precisas y sin utilizar el tiempo potencial. En numerosos casos, la información difundida coincidió de manera
llamativa con contenidos obrantes en actuaciones judiciales o administrativas, lo que reforzó la percepción de una utilización estratégica del proceso penal con fines mediáticos«, agregó.

«Resulta particularmente relevante que, en ningún momento, se haya otorgado un espacio equivalente para contextualizar los hechos o explicar el trasfondo real vinculado al frustrado negocio de las fotomultas. Por el contrario, la cobertura mediática omitió sistemáticamente toda referencia al pedido económico previo, a la negativa administrativa y a la secuencia extorsiva que precedió a la denuncia«, observó.

De este modo, «la operación mediática funcionó como un instrumento de presión adicional, complementario a la ofensiva judicial iniciada tras la negativa a habilitar el negocio pretendido«.

En ese contexto, Tapia también reparó en que «se verifica que parte sustancial de la información
difundida públicamente por el funcionario Facundo Del Gaiso reviste carácter secreto o reservado, en tanto se encuentra contenida en registros y bases de datos de organismos públicos cuyo acceso se halla legalmente restringido y condicionado al cumplimiento de fines institucionales específicos. Dicha información no resulta accesible para la ciudadanía en general ni para terceros ajenos a la función pública. A ello se suma la difusión de datos vinculados a actuaciones judiciales en trámite, cuya publicidad se encuentra expresamente limitada a las partes intervinientes conforme la normativa procesal vigente. La divulgación anticipada y
pública de estos contenidos evidencia un acceso indebido y una utilización ajena a los fines legales del proceso«.

«Este acceso privilegiado a información institucional fue seguido, de manera inmediata y concatenada, por su difusión mediática, tanto a través de declaraciones públicas como mediante su circulación en medios periodísticos y redes sociales. La secuencia acceso-filtración-difusión no aparece como casual espontánea, sino como parte de un mecanismo sistemático de exposición pública«, consignó.

El presidente del CEAMSE se mostró convencido de que «las expresiones intimidatorias, las filtraciones, las publicaciones categóricas sin prueba, la exposición de información secreta y las
prácticas invasivas no son hechos autónomos, sino manifestaciones de una misma
maniobra extorsiva compleja«, en la certeza de que «el mensaje subyacente es claro y uniforme: mientras no se acceda a determinados intereses económicos o políticos, la ofensiva judicial y mediática continuará, intensificándose y expandiéndose«.

«En consecuencia -afirmó-, la operatoria mediática desplegada debe ser
considerada parte constitutiva e inseparable de la maniobra extorsiva, y no como un
elemento autónomo o meramente accesorio, en tanto cumple un rol esencial dentro de
la lógica de intimidación, coerción y represalia descripta«.

En otro tramo de su presentación, Tapia no dudó en referirse a «los antecedentes atribuidos a Leandro Camani, vinculados a la utilización de denuncias penales, hostigamiento y exposición mediática como herramientas de presión frente a negativas a participar en negocios de su interés económico. Dichos antecedentes permiten advertir la existencia de un modus operandi reiterado, consistente en reemplazar la vía negocial por una estrategia de coerción judicial y mediática».

«En dicho sentido, la figura de Leandro Camani emergió como actor central del conflicto, al punto de presentarse como denunciante en la causa que investigaba la gestión del ex ministro de transporte de la provincia de Buenos Aires Jorge D’Onofrio. En ese contexto, se verificaron incluso manifestaciones de carácter amenazante atribuidas a Camani y dirigidas a D’Onofrio, en las que se insinuaba que su continuidad en el cargo resultaba incompatible con los intereses enfrentados de los distintos actores involucrados en el negocio de las fotomultas. Tales expresiones dan cuenta de un escenario de confrontación personal y de presión indebida, que excede ampliamente un debate técnico o administrativo y se inscribe en una disputa por el
control del referido negocio«, sostuvo al respecto.

Por último, Tapia solicita allanamientos en domicilios particulares y laborales de Camani, y de sus operadores Yofe y Del Gaiso, el secuestro de dispositivos electrónicos y la realización de pericias informáticas forenses, además de la citación de testigos que «recibieron y/o transmitieron los mensajes extorsivos dirigidos al suscripto, mediante los cuales se intentó forzar la aceptación del negocio propuesto por Camani». «Dichos testigos requieren, por la
gravedad de los hechos denunciados y el fundado temor a represalias, declarar bajo
reserva de identidad, circunstancia que se solicita sea expresamente resguardada«, cerró.

Conclusión final

Con esta presentación, podría comenzar a develarse el funcionamiento de una supuesta banda de extorsionadores, con el empresario Camani como autor intelectual, el legislador por CABA Facundo Del Gaiso como facilitador, y Yofe como una suerte de mascarón de proa o voluntarioso vocero.

Ya son varios los testimonios que refieren con claridad las extorsiones cometidas por Yofe con Del Gaiso como titiritero, y de paso, se entendería el motivo por el que el legislador mantuvo por mucho tiempo al pilarense en calidad de «ñoqui» en la Legislatura de la Ciudad, cuyos ingresos, evidentemente, serían parte de una contraprestación por sus servicios non sanctos.

Hace un par de días, un adelanto de infoplar.com.ar refería la aparición de chats de Del Gaiso ofreciendo a empresario e intendentes los servicios viales de Camani. Por estas horas, ya se habría confirmado la aparición de mensajes del legislador en dispositivos de encumbrados dirigentes del CEAMSE con propuestas sobre la conveniencia de contratar el sistema de fotomultas del empresario.

Asimismo, también se entiende el silencio de la doctora Carrió, que tuvo que volver sobre sus pasos al advertir que sus «lilitios» no son guardianes de la República, sino, al parecer, todo lo contrario, y reparar en la desaparición mediática de Yofe, que ni siquiera atinó a desmentir ninguna de las acusaciones en su contra.

Lo curioso aquí es que a pesar de los testimonios coincidentes en cuanto a la falsedad de las denuncias por amenazas, el fiscal tigrense Jorge Fitipaldi mantenga la custodia de Prefectura y la Bonaerense para Yofe.

Cabe apuntar, finalmente, que no son pocos los profesionales del Derecho que coinciden, a medida se conocen detalles de esta trama, que además de extorsión, las conductas desplegadas podrían rozar la asociación ilícita.