«Extorsión agravada»: dos empleados del CEAMSE confirmaron las amenazas de Camani

La declaración de los testigos reafirmó la presunción de los investigadores en cuanto a un esquema extorsivo integrado por el empresario Leandro Camani, el legislador Facundo Del Gaiso y al «lilito» local Matías Yofe, trío al que el jefe del CEAMSE y la AFA consideró como «una asociación ilícita en el marco de un negocio multimillonario».

El miércoles último, tras la nueva testimonial del periodista Claudio Ponce de León, dos testigos vinculados al CEAMSE se sentaron frente al fiscal N° 3 de Pilar, Germán Camafreitas, para referir las amenazas proferidas por Camani ante un desacuerdo por las cámaras de fotomultas en el Camino del Buen Ayre. En ese sentido, en su declaración del 4 de febrero pasado, el presidente de la entidad y también de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, recordó que cuando asumió su cargo descubrió que existían cámaras de fotomultas funcionando en esa traza vial sin ningún respaldo administrativo.

No había licitación, no había autorización del directorio, no había pedido formal de ningún municipio. Solo había una licitación del año 2023 que se había dado de baja, en la que Secutrans S.A./ Tránsito Seguro -la empresa de Camani- se había presentado como oferente junto a otras tres firmas, y había perdido, y aún así insistió en que se permitiera el funcionamiento de sus equipos.

Como no apareció documentación que justificara la medida solicitada, Tapia tomó la decisión de cortar la energía a las cámaras que no tenían respaldo y ordenar que las empresas presentaran la documentación correspondiente. Secutrans no solo no la presentó sino que, según Tapia, interpuso un amparo judicial que también perdió.

Ahí, comenzaron las amenazas y extorsiones. Según contó uno de los testigos, Enzo Ferrari, un hombre que lleva 23 años como gerente del Camino Parque del Buen Ayre, el conflicto con las cámaras arrancó en 2022, cuando descubrió que los vehículos de emergencia del CEAMSE habían acumulado 240 infracciones. Tras una reunión sin resultados con representantes de Tránsito Seguro y del Municipio de Hurlingham, cortó el suministro eléctrico.

Recién en 2023, con las multas saldadas, Ferrari recibió el primer llamado directo de Leandro Camani, quien le dijo: “Ferrari, pagué una fortuna por las camionetas de ustedes, decime si vamos a arreglar esto por las buenas o por las malas».

En 2025 llegó el segundo llamado, que Ferrari atendió creyendo que era un “Leandro” conocido. Cuando entendió con quién hablaba, ya era tarde: Camani le había dicho “Decile a tu jefe, ese negro de mierda, que se va a caer con el helicóptero y en la casa de Pilar, ¿te suena la casa de Pilar? Los voy a denunciar a todos”.

Ferrari reconoció que en ese momento no le dio la dimensión real al episodio y se lo comunicó a Tapia, quien le dijo que no le diera importancia. Pero cuando el tema tomó estado público, todo cambió: “la consideré un apriete terrible. En 23 años nunca tuve una denuncia de nada, ni de nadie. Con esto me sentí sobrepasado.”

Por su parte Hugo Dionisi, jefe del Departamento de Seguridad Vial del CEAMSE,  declaró que fue quien gestionó los contactos operativos con la empresa durante años y confirmó la versión de Ferrari. Describió la insistencia de Federico Garaglia, socio de Camani, que le transmitía que el empresario iba a hablar directamente con las autoridades para “apurar el tema”.

En 2025, Ferrari le comunicó que Camani lo había amenazado y le pidió que cortara todo contacto con la empresa. Dionisi lo resumió con precisión: “Sentí todos los llamados, mails, como una amenaza y una coacción para acceder a lo que pedían, que era la luz a las cámaras. Siempre fue por mail o chats, nunca en persona. Nunca me comuniqué con Camani ni lo vi».

Ante el fiscal y en su declaración inicial, Tapia relacionó esos «aprietes» con «la presentación de la denuncia vinculada a la supuesta ‘casa de Pilar’”, convencido de que «los denunciantes formales en esa causa, Facundo del Gaiso y Matías Yofe, cumplen el rol de ejecutores instrumentales de la maniobra, orquestada por Camani».

«En ese orden de ideas -apuntó-, la estructura fáctica descripta permite advertir un reparto de roles, en el cual Camani aparece como organizador y beneficiario económico, mientras que los denunciantes actúan como canal formal de activación del frente penal», al tiempo que consideró oportuno advertir que «con posterioridad a la activación de la represalia judicial por parte de Camani, se desplegó una operación mediática sostenida, orientada a amplificar dicha denuncia y a instalar públicamente un relato incriminante en mi contra».

Por otra parte, por estas horas y desde La Nación +, pudo observarse la reacción de alguno de los apuntados en esta causa, como el legislador Del Gaiso, y ciertos periodistas que defienden sus «investigaciones» centrándose en desacreditar los dichos del testigo clave en esta causa.

Al respecto, el periodista Claudio Ponce de León -de él se trata- optó por ignorar tales manifestaciones y limitarse a un «de esto, yo discuto con Camani, no con sus caniches ladradores».