Judiciales

Fotomultas: el rol del fiscal Garganta en la investigación federal que abrió puertas insospechadas

Allanamientos, denuncias por narcotráfico, inconsistencias contractuales, y un fiscal al que «no le cierra el blanco» y «demasiado amigo» de una de las partes más cuestionadas: el empresario Leandro Camani.

La causa federal que investiga el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires avanza con fuerte impacto político y judicial y tiene como eje central al empresario Leandro Camani y a sus empresas SECUTRANS SA y TRANSITO SEGURO SA. Lo que comenzó como una disputa por contratos millonarios derivó en una investigación de gran escala que incluye allanamientos en distintos municipios, denuncias cruzadas y el análisis de convenios con universidades públicas.

El expediente está en manos del juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta, definido por sus pares como un «moderado» y «muy meticuloso en su trabajo», quien viene impulsando medidas para desentrañar el funcionamiento del entramado contractual entre municipios, universidades, fundaciones y empresas privadas encargadas de operar los radares y sistemas de control vial.

En ese marco en La Plata, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) presentó una denuncia para que se investiguen presuntos vínculos de Camani con un supuesto grupo de narcotraficantes rosarinos denominados Los Menores. La presentación fue incorporada al expediente que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta bajo la mirada del procurador Conte Grand y, por su gravedad institucional, se esperan resoluciones del fiscal interviniente respecto de esta acusación, que agregó un componente explosivo a la causa.

En paralelo, el propio Camani denunció a Claudio «Chiqui» Tapia por presunto enriquecimiento ilícito e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en una presentación realizada ante el mismo fiscal Garganta que recibiera anteriormente las denuncias de Camani contra jueces, empresas como CECAITRA y TNG GROUP SA vinculadas al sistema de fotomultas y a las concesionarias de la VTV. El cruce judicial profundiza un escenario donde empresarios y dirigentes se acusan mutuamente mientras la investigación federal continúa avanzando.

Uno de los puntos más sensibles del expediente es el análisis de los convenios firmados entre municipios y universidades y sus fundaciones, entre ellas la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, que habrían intervenido en la validación técnica y administrativa del sistema y por donde se evadirían todo tipo de impuestos.

En este contexto, el municipio de San Isidro quedó en el centro de la escena. El actual intendente declaró por escrito hace un par de días ante la justicia federal y detalló las inconsistencias detectadas en los contratos suscriptos durante la gestión anterior con empresas vinculadas a Camani y las universidades mencionadas. A partir de esas observaciones, la administración decidió suspender por 180 días el sistema de fotomultas -medida luego prorrogada por otros 180 días- hasta tanto se clarifique la estructura contractual y técnica del servicio y luego fue prorrogado.

La declaración escrita expone diferencias en los esquemas de contratación, en los mecanismos de control y en la instrumentación de los convenios, aportando documentación que ahora forma parte del análisis judicial.

La causa ya tuvo un capítulo clave con allanamientos en varios municipios bonaerenses con contratos activos con las empresas investigadas, entre ellos La Matanza, Morón, General Pueyrredón (Mar del Plata), San Martín, Zárate, Junín, Olavarría, General Rodríguez, Roque Pérez y 9 de Julio. Los procedimientos apuntaron al secuestro de documentación, equipos informáticos y registros técnicos para determinar si existieron irregularidades administrativas o posibles delitos.

El rol del juez federal Juan Manuel Culotta aparece como determinante en esta etapa: la investigación dejó de ser un conflicto comercial para transformarse en una pesquisa estructural sobre la legalidad del sistema, la eventual triangulación contractual y consiguiente lavado de activos y la responsabilidad de funcionarios, intendentes y empresarios.

Con la denuncia por presuntos vínculos con el narcotráfico incorporada al expediente, las declaraciones municipales ya formalizadas y los allanamientos ejecutados, la causa federal contra Leandro Camani entra en una fase decisiva. En los tribunales se esperan definiciones y posibles medidas que podrían impactar no solo en el empresario y sus compañías, sino también en el funcionamiento integral del sistema de fotomultas en la provincia mientras el gobernador Kiciloff mira al ministro de Transporte Martín Marinucci, también cercano a Camani, y su plan de acción para reordenar el caos y adoptar medidas ante la gravedad de las denuncias.

Garganta, el amigo de los amigos

Si algo caracteriza al titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 11 de La Plata, dicen los que lo conocen, es que es muy amigo de los amigos y que a la hora de armar un expediente judicial, no vacila en acomodar los tantos para que coincidan con sus dictámenes.

Álvaro Garganta es uno de los funcionarios judiciales que el imputado por el delito de «extorsión agravada» en la Fiscalía N° 3 de Pilar, Matías Yofe, considera un «amigo» que «lo protegía», a él y a sus jefes, el empresario Camani y el legislador Facundo Del Gaiso (según el propio Yofe). Más aún cuando imprimía una velocidad inusitada a las denuncias que el «lilito» presentaba en sus oficinas de La Plata. Tal vez haya tenido algo que ver con que Garganta era, de todos los fiscales de la provincia, el preferido de Elisa Carrió. Fue ante él que en 2016 «Lilita» denunció al entonces gobernador Daniel Scioli por delitos tales como “incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, administración fraudulenta y/o malversación de caudales públicos”.

El caso es que Garganta tomó las riendas de una instrucción compleja, acompañado por la esperanza de buena parte del arco político amarillo de que el exgobernador Daniel Scioli caiga tras las rejas junto a sus presuntos cómplices. Pero no hubo nada de nada; su pasividad, incluso, le valió un reto por parte de la jueza de Garantías, Marcela Garmendia, quien en una de las resoluciones le marcó que debió haber ordenado la detención del ex jefe de Gabinete Alberto Pérez y de Walter Carbone (el del dragón con plata en el jardín), ya que ambos compartían los requisitos para estar tras las rejas ya que poseían recursos para fugarse o bien para entorpecer el avance de la investigación.

Párrafo aparte merece una conversación hallada en la red social Facebook en la que el fiscal mostraba su «simpatía» peronista, en línea con otro juez un tanto controversial: Víctor Violini, recordado por ordenar la liberación de más de 2.300 presos con la excusa del coronavirus.

Los rumores en los pasillos judiciales sobre la conducta del fiscal siempre fueron moneda corriente, pero nunca se plasmaron en una denuncia oficial. Hasta que un ex procesado por un cuádruple femicidio en La Plata y su madre se animaron en 2014. Ese expediente rompió todos los relojes del tablero de la política, y Garganta quedó al borde de un juicio político que hasta ahora no prosperó.

Pero el hecho de que apareciera mencionado en la megacausa de la denominada “banda mixta” como integrante de un grupo de funcionarios judiciales que “agarra coimas”, hacía que estuviera bajo sospecha por su mal desempeño al menos desde 2011.Otro hito en la historia del fiscal fue una causa en la que estuvieron involucrados miembros de la Policía bonaerense que cumplían funciones en la localidad de San Vicente. En este caso un agente denunció la desaparición de una carpeta con partes policiales en donde se imputaba a una persona por un ilícito. De la desaparición se acusó a una sargento que “tenía fama de roba causas” y dos oficiales “impulsaron” una causa armada en connivencia con el fiscal Garganta, según las fuentes. Pero el objetivo habría sido en realidad el esposo de la denunciada, que cumplía funciones como comisario y denunciaba corrupción policial en “connivencia con el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires”.Al respecto el hombre recordó que en el allanamiento a su domicilio -ordenado por Garganta-, “entraron con arietes y se aseguraron de que no haya nadie en la casa. Se llevaron desde calzoncillos hasta dinero en efectivo y una computadora”.En 2013, un profesor de música fue denunciado por reiterados abusos sexuales en perjuicio de niños de entre 4 y 6 años. En ese momento Álvaro Garganta estaba de turno y por eso tomó las riendas de la investigación. El fiscal, acusaron los denunciantes, «tenia constancias en la causa sobré de qué color eran las ropas íntimas del profesor ya que los niños lo habían declarado, y pese a eso nunca allanó la vivienda del docente y nunca acusó».

«Nos explicó que no actuaba porque se iba de vacaciones”, aseguraron. La misma inacción se observó en el caso de Jesica Emilia Uscamayta Curi, que murió ahogada en la pileta de una quinta en la que se organizó una fiesta clandestina. Fue en 2016, y la familia de la víctima aún clama justicia.

Pero volviendo a la cuestión fotomultas, después de este breve recorrido por la trayectoria del fiscal Garganta, el problema parece ser su cercanía con el denunciante Camani. En este punto y a modo de ilustrar esa cercanía, no faltan los que aseguran que «así como Oyarbide tenía su Garbellano, Garganta tiene su Camani».

Los infidentes de siempre también se preguntan por el patrimonio del fiscal, un hombre de gustos caros, afecto a marcas como Rolex, y propietario de cuatro viviendas: una en La Plata, otra en el country Grand Bell, una tercera en Pinamar (Costa Esmeralda), y la última, un departamento en el cotizadísimo Puerto Madero, además de varios viajes a paradisíacos destinos del exterior.

Habrá que ver cómo sigue sustanciándose la causa fotomultas, y de acuerdo a ese discurrir, se sabrá entonces si lo de Yofe fue solo un bravucón «chapeo» o una certeza indiscutible.