Provincia

Impulsan una mega ley para el abordaje integral de la violencia de género

La senadora bonaerense, Mónica Macha, presentó en las últimas horas una mega ley para el abordaje integral de la violencia de género en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

La senadora bonaerense del bloque de Fuerza Patria (FP), Mónica Macha, presentó en las últimas horas una mega ley para establecer un régimen integral de abordaje de la violencia de género en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa amplía las modalidades contempladas y propone herramientas judiciales para intervenir, incluso, ante agresiones digitales.

En la iniciativa, Macha propone unificar criterios de prevención, asistencia, protección, sanción y reparación frente a las violencias que sufren las mujeres y diversidades con el propósito de dar una respuesta integral por parte de los distintos poderes del Estado provincial, así como de las administraciones de los 135 municipios bonaerenses.

Para ello, la senadora peronista establece un marco específico para proteger a mujeres y personas de la comunidad LGBTTIQNB+ frente a las distintas formas de violencia, contemplando tanto las agresiones que se producen en el ámbito privado como aquellas que tienen lugar en instituciones, espacios laborales, medios de comunicación, plataformas digitales y ámbitos de participación política.

“Se trata de una propuesta superadora al ampliar las definiciones de tipos y modalidades de violencia por motivos de género, clarificar los recorridos institucionales necesarios y establecer la perspectiva de género y diversidad como un lineamiento de política pública de manera trasversal”, alegó Macha en los fundamentos de la iniciativa.

Entre las disposiciones, el proyecto establece la ampliación de los tipos de violencia de género reconocidos. Además de las formas física, psicológica, sexual, económica y simbólica, incorpora la violencia política, digital y la violencia vicaria, entendida como aquella que se ejerce contra hijos, hijas, animales u otras personas afectivamente significativas para provocar daño a la víctima.

En materia digital, la propuesta contempla situaciones de acoso, amenazas, extorsión, vigilancia, difusión de información personal y publicación de imágenes íntimas o de desnudez sin consentimiento, entre otras conductas. También incorpora herramientas para que la Justicia pueda intervenir frente a estos hechos, ordenando a plataformas y sitios web la eliminación de contenidos que constituyan violencia digital.

En esos casos, los jueces podrán solicitar además la conservación de determinados datos informáticos vinculados con el material denunciado, por un plazo de 90 días, con posibilidad de renovación por otros 90. El objetivo es evitar que la eliminación de las publicaciones impida preservar información que pueda resultar relevante para una investigación judicial.

Otro de los ejes del texto de Macha está puesto en fortalecer la respuesta territorial. Para ello, establece responsabilidades para el Gobierno provincial y los municipios, que deberán promover servicios gratuitos de atención interdisciplinaria, dispositivos de protección, hogares integrales y espacios de acompañamiento. En tanto, plantea la creación de una línea telefónica provincial gratuita y el fortalecimiento de las mesas locales de articulación en materia de género.

Por último, la propuesta de Macha incorpora la autonomía económica y habitacional como parte de las políticas de salida de las situaciones de violencia. En ese marco, propone impulsar herramientas que permitan acompañar a las víctimas en la construcción de condiciones materiales para sostener una vida libre de violencias.

Las herramientas judiciales

En cuanto al acceso a la Justicia, Macha propone un procedimiento gratuito, con patrocinio especializado, confidencialidad y medidas para evitar la revictimización. Entre las herramientas previstas figuran la prohibición de acercamiento y contacto, incluso por medios digitales, la exclusión del agresor del hogar, la restitución de pertenencias, la asistencia médica y psicológica y la fijación de cuotas alimentarias provisorias.

En paralelo, la legisladora bonaerense dispone que las audiencias se realicen dentro de las 48 horas y descarta la mediación y la conciliación en estos casos. La propuesta también contempla la creación de un Observatorio de Violencia de Género en el ámbito de la Suprema Corte bonaerense, que tendrá a su cargo reunir información estadística sobre las causas, las medidas de protección y las sanciones. El organismo deberá elaborar informes anuales de acceso público para contribuir al diseño y evaluación de las políticas provinciales.

En el articulado, Macha aclaró que la iniciativa no plantea derogar la Ley de Violencia Familiar (12.569), sino crear un régimen específico para las violencias por motivos de género y mantener la aplicación de aquella norma para los casos de violencia familiar que no estén contemplados en el nuevo marco.

“En un contexto de desmantelamiento sistemático de las políticas de prevención y asistencia de las violencias por motivos de género a nivel nacional, consideramos fundamental fortalecer las políticas provinciales, entendiendo que la articulación territorial con protagonismo en las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento transfeminista es parte de las respuestas que el Estado debe elaborar”, cerró Macha.

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