Intento fallido: Camani no logró el cambio de sede para la causa por extorsión agravada

Manotazo de ahogado. Así podría calificarse el intento del empresario Leandro Camani de mudar a otra jurisdicción el expediente que en Pilar lo tiene como imputado -junto al dirigente de la CC Matías Yofe- por el delito de «extorsión agravada».

Puntualmente, el «rey de las fotomultas» pidió al jefe de los fiscales bonaerenses, Cosme Iribarren, «se disponga la reasignación de la investigación a otra Unidad Funcional de Instrucción, a fin de garantizar el debido proceso«, invocando para ello «una serie de graves irregularidades verificadas en el desarrollo de la investigación penal en curso, las cuales comprometen seriamente las garantías del debido proceso y el principio de objetividad que debe regir la actuación del Ministerio Público Fiscal«.

A través de su abogada Camila Nerea Moris, el empresario cuestionó la declaración de Enzo Ferrari -el testigo que habilitó la presentación en estas actuaciones como particular damnificado del presidente de AFA y del CEAMSE, Claudio «Chiqui» Tapia-, quien afirmó haber recibido  amenazas telefónicas por parte de Camani entre los meses de mayo/junio del año 2025: «Decile a tu jefe, ese negro de mierda, que se va a caer con el helicóptero y en la casa de Pilar, ¿te suena la casa de Pilar? Los voy a denunciar a todos«.

En ese sentido, al negar la existencia de dicho diálogo, Camani puso duda el trabajo del fiscal Germán Camafreitas quien «ha tomado por cierto dicho testimonio prestado por el Sr. Ferrari, y ha sido en virtud del mismo es que ha cimentado su hipótesis de investigación«.

Del mismo modo, cuestionó al funcionario por el levantamiento del secreto fiscal y bancario «sin
fundamentación alguna«, por la «demora injustificada en permitir el acceso al expediente«, y por «ausencia de resolución respecto del planteo de incompetencia territorial formulado por esta defensa, pese a que los hechos denunciados habrían ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no en la jurisdicción de Pilar«.

En este punto, instó a la Fiscalía General a que «disponga reasignar la investigación a otra Unidad Funcional de Instrucción, a fin de garantizar la objetividad е imparcialidad que deben regir el proceso«.

Por su parte la oficina que dirige Iribarren, tras dejar en claro que «la dirección de la investigación penal preparatoria se encuentra a cargo del agente fiscal, con los alcances y límites que la normativa procesal establece«, advirtió que «la intervención del Fiscal General se encuentra legalmente delimitada, no configurando una instancia revisora general de las decisiones adoptadas por los fiscales de instrucción, ni un órgano habilitado para canalizar planteos de parte vinculados con la estrategia investigativa, producción de prueba o valoración de los elementos reunidos«.

«En ese marco, corresponde señalar que los cuestionamientos introducidos por la
defensa -relativos a la producción, denegatoria o alcance de medidas de prueba, así como a la
eventual afectación de garantías o al modo en que se conduce la investigación- no habilitan la
intervención de esta instancia, sino que cuentan con vías procesales específicas dentro del
sistema acusatorio, las cuales deben ser articuladas ante el órgano jurisdiccional competente,
con el debido control judicial y contradictorio«, agregó.

La pretensión de Camani en cuanto a que la Fiscalía General disponga la producción de medidas probatorias, reasigne la investigación a otra unidad funcional o incluso se expida sobre la competencia territorial, «excede las facultades legalmente conferidas y desnaturaliza el esquema de distribución de competencias propio del sistema acusatorio vigente«.

«En definitiva, el desacuerdo de la defensa con el criterio investigativo, la estrategia
procesal o las decisiones adoptadas por el agente fiscal interviniente (en tanto no se traduzca
en la configuración de alguno de los supuestos expresamente previstos por la normativa
vigente) no habilita la intervención de esta Fiscalía General en los términos pretendidos, ni
autoriza a desplazar las competencias propias del fiscal de la causa o de los órganos
jurisdiccionales llamados a ejercer el debido control«, abundó el Procurador antes de concluir con que «la presentación efectuada no resulta formalmente admisible por esta vía, debiendo la parte interesada canalizar sus planteos por los canales procesales correspondientes«.

De esta manera, la Fiscalía General cerró toda discusión acerca de la sede en la que deben tramitarse estas actuaciones caratuladas en principio «extorsión agravada», y que tienen como imputados al propio Camani, al dirigente de la Coalición Cívica Pilar Matías Yofe, y a su mano derecha Diego Escobar.

Este es el segundo recurso que presenta el empresario en el marco de esta investigación y que es rechazado de plano por la justicia. El anterior tuvo que ver con el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre su patrimonio, que también tuvo el visto bueno de la Procuración provincial.

Tampoco éste habrá de ser el último incidente planteado por la defensa de Camani, sindicado como el financista de un grupo dedicado, aparentemente, a extorsionar con denuncias judiciales replicadas y amplificadas mediáticamente, con el objetivo de obtener beneficios económicos.

En ese sentido, fuentes judiciales anticiparon para la semana próxima la citación a indagatoria de Yofe y no descartan que como resultado se produzca el primer procesamiento en esta causa, camino que seguramente seguirán tanto Camani como Escobar.