Investigación: grave denuncia de corrupción en el PAMI

La obra social de jubilados y pensionados más grande de América Latina sigue siendo la caja preferida para los negocios de los amigos y allegados al poder. Registra toda clase de maniobras non sanctas, y cada vez presta menos servicios a sus afiliados.

En principio, digamos que el PAMI depende del Ministerio de Salud que comanda el médico Mario Lugones, que también supo gestionarlo en épocas menemistas. Fue por esos años que quedó al frente del Sanatorio Güemes, como titular de la empresa Silver Cross America Inc., que por entonces se dedicaba a administrarlo. En los años 2000 fundó y quedó al frente también de la Fundación del mismo sanatorio. En el año 2002 creó y dirigió durante ocho años la Cámara de Entidades Prestadores de Salud (CEPSAL). También es accionista de Prestaciones Integrales de Salud (Presal).

Desde hace décadas está muy bien conectado con pesos pesados de la “casta” política como el histórico operador radical y ministro del Interior, Enrique “Coti” Nosiglia o el burócrata gastronómico y empresario Luis Barrionuevo, quienes a su vez son socios de la Fundación Sanatorio Güemes.

Su visión respecto al ámbito que le toca gestionar, quedó en claro en el último foro empresarial de AmCham, cuando sostuvo que “no podemos decir que todo el mundo tenga derecho a todo”, en relación al derecho esencial a contar con una cobertura de salud integral. “Todos pagamos para ir a un hospital público. ¿Ustedes creen que se puede dar salud con dos mil pesos, como aporta el personal doméstico? No se puede”, afirmó categórico.

Y en consonancia con su pensamiento, desde el comienzo del gobierno libertario se dedicó a aplicar el ajuste en el área, primero desde las sombras cuando el ministro era Mario Russo y luego oficialmente al frente de la Ministerio: en un año y medio se desreguló el precio de los medicamentos, provocando aumentos siderales e incluso la caída en las ventas (es decir la población no puede comprar los remedios que necesita), especialmente entre los jubilados. Para ese sector, el PAMI suspendió los descuentos sobre un tercio de los medicamentos. También se ajustó con énfasis en el sector de discapacidad y se cerraron distintas direcciones y coordinaciones de programas fundamentales del área, se concretaron decenas de despidos en el Hospital Laura Bonaparte, entre otros. También definió el arancelamiento del acceso a la salud para extranjeros, entre una larga serie de medidas destinadas a avanzar en el desguace de la salud pública.

Porque de eso es, precisamente, de lo que se trata: de desfinanciar lo público para financiar privados, como ya ocurre en los hospitales de Villa Gessell y General Madariaga, donde el PAMI deriva las cápitas a clínicas y sanatorios privados. Otro tanto se registra en el hospital Posadas, desde donde se entregaron 20 mil cápitas por 300 millones de pesos al Santa Clara de Morón, propiedad del grupo Olmos, vinculado al sindicalista de la UOM Antonio Caló, y dueño de medios como Crónica, BAE, y revista Veintitrés, entre otros.

Casualmente, el médico Alejandro Damián Wittenberg, destacado integrante de ese grupo, desde enero del 2024, ocupa la titularidad de la Unidad de Gestión y Control de la Prestación Médica (UGCPM) del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), una dependencia creada para auditar y supervisar el cumplimiento de los contratos con prestadores externos y la correcta aplicación de los recursos destinados a medicamentos y prestaciones sanitarias.

Cabe apuntarse que la UGCPM concentra la mayor parte de la potestad decisoria en materia de:

• Negociación de convenios con laboratorios y distribuidores.
• Auditoría de precios y márgenes de ganancia sobre los medicamentos incluidos en la “cartera básica” de cobertura.
• Fiscalización del cumplimiento de los contratos vigentes con centros de salud privados.
• Autorización final de licitaciones y “llamados a compulsa” para medicamentos de alto costo (oncología, hemofilia, UTI pediátrica, entre otros).

En ese sentido, un dato curioso para destacar: el titular de la UGCPM no solo revisa expedientes sino que define qué fármacos deben incluirse en la cobertura al 100 por ciento para los jubilados, qué laboratorios son “colaboradores estratégicos” y, sobre todo, aprueba o rechaza adjudicaciones de licitaciones millonarias. Es decir, es como si un mismo gerente aprobara la licitación y después audite los precios que él mismo decidió pagar.

Pero dejemos de lado al doctor Wittenberg -involucrado en lo que se conoció como «la mafia de los medicamentos» allá por el 2010 y también por su rol de auditor en PAMI-, y vayamos a Carlos Blas Zamparolo, subdirector ejecutivo y hombre del «Coti» Nosiglia.

Fue reclutado para los libertarios desde la DOSUBA, la obra social de los trabajadores universitarios. «Bajo su tutela, DOSUBA sufrió un brutal vaciamiento, recorte de prestadores y de prestaciones, y todo tipo de negocios lucrando con la salud de los trabajadores de la UBA», aseguran los afiliados. Zamparolo llegó al PAMI en acuerdo con el vicerrector de la UBA Emiliano Yaccobiti -también del riñón del «Coti»- y su ladero, el senador Martín Lousteau.

De hecho, dicen que hoy por hoy, los centros de jubilados pertenecientes a Evolución, el partido del «Coti» y el legislador, son los más ayudados por el PAMI.

En su edición de este sábado, el equipo de El 1° de la Mañana que por Cadena Premium 94.5 conduce el periodista Claudio Ponce de León, habrá más detalles respecto a este tema, referidos, concretamente, a su costado político.