Denunciado por la CC: la Justicia imputó al ministro Lugones por mal manejo del Garrahan

La denuncia la iniciaron Elisa Carrió y Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica. Aseguraron que el ministro “de manera arbitraria y contraria a la normativa” solicitó la renuncia del Consejo Directivo del hospital.

El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó hoy medidas de prueba para avanzar en la investigación de un presunto intento de forzar la renuncia del Consejo Directivo del Hospital Garrahan, ocurrido en octubre de 2024. La denuncia señala que el pedido se habría producido luego de que las autoridades del hospital otorgaran un bono de 500 mil pesos al personal.

Las denunciantes -Carrió y Campagnoli- consideraron que el pedido de Lugones se hizo con “anuencia de sus superiores” y “de manera arbitraria y contraria a la normativa”.

En el escrito presentado ante la justicia, remarcaron que «el bono entregado obedecería a una suma que habitualmente se entrega a los profesionales de la salud y que proviene de un fondo que el Consejo administra y del cual puede decidir, sin necesidad de consultar con el Ministerio de Salud, tal como históricamente se ha efectuado».

Ahora, el fiscal Marijuan pidió a las autoridades del hospital de niños «un organigrama que contenga el cuadro completo de las autoridades del hospital, con indicación de sus cargos, funciones y dependencias», según informó la agencia de noticias NA.

Además, el fiscal solicitó un informe detallado sobre la composición del Consejo de Administración del Hospital Garrahan antes y después de octubre de 2024, así como copias de las resoluciones adoptadas por dicho órgano en relación con la entrega de un bono económico al personal durante ese mes.

Además, encargó un informe sobre la integración del Consejo de Administración del Hospital, antes y después del mes de octubre de 2024 y copias de las resoluciones que habrían sido adoptadas por el Consejo de Administración del hospital para la entrega de un bono dinerario al personal en ese mes.

La denuncia fue presentada por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, figuras que contemplan conductas incompatibles con las obligaciones legales y éticas que deben observar los funcionarios en el ejercicio de sus cargos.