La justicia investiga las pensiones por invalidez del gobierno de Fernández

Entre 2020 y 2023 la asignación de estos beneficios aumentó en más de un 1500 %. Además se detectaron irregularidades graves como certificados acompañados por radiografías de animales o poemas como estudios complementarios.

El fiscal federal Guillermo Marijuán denunció hoy al ex presidente Alberto Fernández y a otros ex funcionarios, los ex Directores Ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Flavio Augusto Espósito y Fernando Gastón Galarraga, y la ex Directora Nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas, Paula Martínez. por el aumento desproporcionado de las pensiones por invalidez entre 2020 y 2023.

La denuncia enumera decretos y resoluciones mediante los cuales se habrían flexibilizado los criterios para otorgar esos beneficios, pero también expone una maniobra para hacer “favores políticos” a intendentes y gobernadores. En ese caso, dice la presentación, se detectaron “personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición medica de discapacidad”. Además, se estableció que el proceso de otorgamiento, que podía tardar dos o tres años, se reducía hasta a tres meses.

Marijuán habla de “un plan sistemático desplegado en el periodo comprendido entre los años 2020 y 2023, consistente en el dictado de normas tendientes a flexibilizar el proceso de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez para permitir la entrega masiva e irregular de tales beneficios destinándolo especialmente “a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes”.

Según la investigación de Marijuán, en ese periodo se otorgaron casi 300 mil nuevos beneficios “lo cual reflejó un crecimiento exponencial en la concesión de aquellos de más del 1500%, pues de 79.581 casos asignados en el año 2003 se habría ascendido a 1.222.882 prestaciones conferidas en la actualidad”.

La denuncia enumera cada una de las concesiones que se hicieron en esos cuatro an1os para obtener la pensión: se quitó el requisito de 76% de incapacidad laboral, la imposibilidad de trabajar, se redujo la cantidad mínima de residencia de extranjeros de 20 años a 10 años, se quitó el chequeo nacionalidad y de residencia mínima contra datos fiables de migraciones, el limitante de sustento de grupo familiar, y se cambió la definición de vulnerabilidad para permitir poder darle la pensión no contributiva a más personas, inclusive no vulnerables.

Por último, Marijuán apunta a los “favores políticos” y destaca 259 operativos de alta masiva de pensiones que se hicieron en las provincias. Las más beneficiadas habrían sido las que estaban gobernadas por el peronismo como Chaco (Jorge Capitanich), Formosa (Gildo Insfrán), Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Tucumán (Juan Luis Manzur), Misiones (Oscar Herrera Ahuad) y Buenos Aires (Axel Kicillof).

“En las provincias en las que el Gobernador no era “amigo”, por ejemplo, Corrientes (gobernador Gustavo Valdés), posiblemente acordaban sus planes con los intendentes”, dice la presentación.