Por construir en predio ajeno, De Achával se ganó su «muro de los lamentos»

La construcción de un muro perimetral de unos tres metros de altura en el predio del KM 46 por parte del municipio, se constituyó en otro dolor de cabeza para el intendente De Achával: la justicia ordenó investigarlo por «desobediencia» al disponer del lugar cuando ya se había ordenado su devolución a la empresa Pilar Bicentenario S.A.

Textualmente, el juez en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, Alberto Recondo, ordenó «disponer la extracción de testimonios y su remisión a la Cámara Federal de San Martín para su sorteo a fin de que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia por parte del señor Intendente de la Municipalidad de Pilar».

La medida recuerda el procedimiento realizado el 12 de marzo pasado en el predio del km 46, donde se emplazó el ex Vacunatorio General, por parte de la Dirección de Inteligencia e Investigación Criminal de la Prefectura Naval Argentina, cuando además de un allanamiento se dispuso realizar una inspección detallada de la propiedad.

«De dicha diligencia -apuntó el magistrado-  surge que el predio en su sector SUR y ESTE se encuentra enmarcado y protegido por un tejido perimetral el cual establece los límites del mismo, siendo el sector OESTE contiguo a la estación de trenes Cecilia Grierson del Ferrocarril Belgrano, mientras que en el sector NORTE encontramos un muro perimetral, en etapa de encofrado sin finalizar su construcción, por lo que los accesos contienen un límite perimetral mixto entre el tejido y el citado muro”.

«Igualmente se tomaron registros fotográficos que ilustran respecto a la existencia de este muro», precisó al tiempo que indicó que en una segunda constatación, el personal comisionado a tal efecto «da cuenta que, junto a dos testigos, fueron recibidos por personal de la Municipalidad (el Director de Licencias, la apoderada del municipio y el Secretario de Legal y Técnica) y tras un recorrido por toda la parcela del lugar, el cual cuenta con dos accesos, dejándose constancia que existen 10 contenedores que ‘funcionan como oficinas del Circuito de Renovación de Licencias y como depósitos del municipio de Pilar’, estando en pleno
funcionamiento al momento de la inspección”.

Además, verificaron la existencia de una “edificación de mampostería de aproximadamente
100 mts de largo por 30 mts de ancho, estructuralmente y de diseño símil estacionamiento de vehículos, compuesto por cinco (5) pisos, donde en su primer piso funciona un centro de vacunación con diversos módulos y mobiliario médico”.

En consecuencia, según el acta y a criterio del magistrado, «al 12/3/25 la Municipalidad de Pilar continuaba con el uso del lugar e incluso con la explotación en el predio de una actividad arancelada».

De esta manera, concluyó, «ante la posible configuración del delito de desobediencia (art. 239 del Código Penal), corresponde extraer testimonio de lo actuado a fin que se investigue la conducta del señor Intendente de la Municipalidad de Pilar ante lo ordenado en la manda cautelar dispuesta en estos autos el 20/9/24 y la intimación a su cumplimiento del 17/2/25».

«A tales efectos, corresponderá remitirlo para su sorteo a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, en atención al lugar donde se estaría llevando a cabo la conducta a investigar», cerró.

Ahora, el intendente Federico De Achával no sólo deberá explicarle a la justicia su negativa a restituir el predio a sus dueños en tiempo y forma, tal como se lo ordenaron en distintas instancias, sino también a los ciudadanos de Pilar por el uso de recursos públicos en una propiedad que ya no obraba en su poder.

Esto, para no hablar de la fortuna que hipotecará al distrito cuando la empresa perjudicada por su accionar encare las acciones resarcitorias por los daños causados.

Por otra parte, y  con este pronunciamiento judicial como fundamento, los abogados del presidente de la Coalición Cívica, Matías Yofe, y el candidato a concejal por ese espacio, Claudio Ponce de León, ya trabajan en una presentación penal contra Federico De Achával por malversación de fondos públicos utilizados en la construcción de ese muro. Esto, en procura de salvaguardar los intereses de los vecinos del distrito y frente a la manifiesta inacción del Concejo Deliberante.