La calma como enemiga del fanatismo: por qué el caos necesita militantes

La paz no suele ocupar los titulares. No genera épica, no convoca multitudes ni alimenta relatos heroicos. Sin embargo, es el cimiento silencioso sobre el que se construyen la democracia, el desarrollo económico y el funcionamiento del capitalismo moderno. Sin estabilidad social, sin reglas claras y sin un mínimo de previsibilidad, no hay inversión posible, no hay progreso sostenible ni existe una vida institucional saludable.

El capitalismo —entendido no como dogma sino como sistema práctico de organización económica— depende de una premisa básica: la confianza en el futuro. Invertir, producir, contratar o innovar solo es posible cuando el mañana no parece una amenaza constante. Lo mismo ocurre con la democracia: necesita orden, normas respetadas y un clima donde los conflictos se procesen sin violencia.

Pero ahí surge una tensión incómoda. Porque la estabilidad, aunque deseable para la mayoría, resulta profundamente inconveniente para ciertos sectores políticos cuya identidad se construye sobre el conflicto permanente. Para ellos, la paz no es una meta: es un obstáculo.

En una porción de la izquierda más radicalizada —no toda, pero sí la más ruidosa— el malestar no es un problema a resolver sino un insumo estratégico. Si la sociedad está tranquila, el relato se debilita. Si la economía funciona, aunque sea imperfectamente, la indignación pierde potencia. Si la democracia canaliza demandas, la épica revolucionaria se vuelve innecesaria.

Por eso el conflicto se cultiva. Se lo exagera, se lo empuja, se lo dramatiza. La tensión social deja de ser una consecuencia del sistema para convertirse en un objetivo político. Y en ese esquema aparecen los militantes de la violencia callejera: actores que no buscan persuadir, sino forzar; no debatir, sino intimidar; no construir, sino desgastar.

No son rebeldes. Son funcionales. Funcionan como herramientas de presión, como generadores de caos, como catalizadores de un clima de inestabilidad permanente. Cortes, escraches, destrozos y provocaciones se presentan como “lucha”, cuando en realidad son expresiones de impotencia política. No hay ideas que convencer, entonces se busca incomodar. No hay proyecto viable, entonces se recurre al ruido.

Estos militantes no defienden a los sectores vulnerables: los usan. No buscan justicia social: buscan visibilidad. No luchan contra el poder: intentan reemplazarlo por otro igual de intolerante, pero propio. Operan desde una lógica profundamente autoritaria, aunque se disfracen de progresismo. Desprecian el orden porque no saben sostener uno. Odian la estabilidad porque los deja sin relato.

El problema no es la protesta. La protesta es legítima y necesaria. El problema es su fetichización, su conversión en método permanente de presión y su uso como coartada para la violencia. Cuando el conflicto deja de ser un medio y se convierte en un fin, la política se degrada y la sociedad se empobrece.

La paz, en cambio, exige más. Obliga a argumentar, a gestionar, a rendir cuentas. Expone la mediocridad del grito vacío. Y por eso resulta tan incómoda para quienes necesitan el caos para existir políticamente.

En este contexto, el momento que atraviesa hoy la Argentina marca un quiebre relevante. Por primera vez en años, tanto el gobierno nacional como el de la Ciudad de Buenos Aires parecen haber decidido trazar un límite claro frente al atropello sistemático del espacio público. No como gesto autoritario, sino como acto de responsabilidad institucional.

El mensaje empieza a ser nítido: la protesta es un derecho, la violencia no. El reclamo es legítimo, la extorsión no. La expresión es libre, el bloqueo permanente de la vida ajena no lo es. Recuperar esa frontera no es “mano dura”; es Estado de derecho.

Durante demasiado tiempo se confundió tolerancia con debilidad. Se aceptó el desorden como si fuera sensibilidad social. Se cedió ante el chantaje por temor a ser acusado de insensibilidad. El resultado fue una sociedad rehén de minorías ruidosas, una economía paralizada por la incertidumbre y una democracia erosionada por la falta de reglas claras.

El cambio que empieza a insinuarse no es ideológico: es civilizatorio. Implica afirmar que el espacio público es de todos, no del que grita más fuerte. Que la ley no es una sugerencia. Y que la convivencia no puede estar subordinada al capricho del más violento.

Tal vez por eso la reacción es tan virulenta. Porque cuando el orden vuelve, el negocio del caos se achica. Cuando la ley se aplica, el relato se desarma. Y cuando la paz se defiende sin complejos, la violencia queda expuesta por lo que es: no un acto de rebeldía, sino una forma primitiva y estéril de hacer política.

La verdadera grieta no es entre izquierda y derecha. Es entre quienes creen que el futuro se construye con reglas, trabajo y responsabilidad, y quienes necesitan incendiar el presente para sentirse relevantes.

(*) Periodista de actualidad, economía y política. Editorialista. Abogado, profesor de Derecho Constitucional. Escritor