Durante más de ocho décadas, el peronismo edificó en la Argentina un régimen que, en los hechos, se apartó de los principios constitucionales que dieron origen al país. No se trató simplemente de una deriva ideológica: fue la consolidación de un modelo que reemplazó la cultura del esfuerzo por la del privilegio, la institucionalidad por la discrecionalidad y la libertad por la dependencia. El resultado está a la vista: un país empobrecido, socialmente fragmentado, atravesado por la envidia y marcado por la proliferación de la marginalidad estructural.
Ese proceso, sin embargo, generó su propia reacción. La acumulación de frustración, violencia y decadencia terminó por empujar a la sociedad a rechazar ese esquema y a abrir una puerta —quizás única— a un conjunto de ideas orientadas a restaurar el orden original de la Constitución. No es un cambio menor: es un intento de reconfiguración profunda, de volver a las bases que alguna vez hicieron de la Argentina un faro de progreso.
Pero precisamente por la magnitud de esa tarea, la exigencia moral y política debería ser extrema. No alcanza con tener razón en el diagnóstico o en el rumbo: la ejecución debe ser prácticamente inmaculada. Porque cualquier mancha, cualquier desvío, cualquier gesto impropio se transforma automáticamente en combustible para quienes esperan —agazapados— la oportunidad de desacreditar el cambio y reinstalar su lógica de saqueo.
Y es ahí donde aparece el problema más inquietante. Un gobierno que, en apariencia, comprende la dimensión histórica del desafío, incurre con llamativa frecuencia en errores evitables, innecesarios, casi infantiles. En lugar de blindar el proceso de transformación frente a una oposición demagógica y corrupta, le entrega —día tras día— argumentos para reconstruir su narrativa.
No se trata de detalles menores. En un contexto donde la velocidad del cambio, por definición, no puede ser inmediata, la sociedad está atravesando un desierto exigente, incómodo, cargado de incertidumbre. Ese tránsito requiere no solo resultados, sino también ejemplaridad. Porque cuando los frutos tardan en llegar, lo único que sostiene la esperanza es la confianza en la conducta de quienes conducen.
Casos como los de Adorni, Libra o Andisno son escándalos por su magnitud, sino por su insignificancia frente al deber histórico del momento. Son distracciones absurdas, errores evitables, concesiones innecesarias que erosionan la credibilidad de un proceso que no puede darse ese lujo. En otras palabras: soberanas idioteces.
El riesgo es claro. Si el gobierno no acompaña el sacrificio social con una conducta intachable, a prueba de oportunistas y resentidos, corre el peligro de que esas mismas torpezas se conviertan en la explicación de un eventual fracaso. Y no de cualquier fracaso: del desperdicio de una oportunidad que difícilmente vuelva a presentarse.
En este escenario, solo cabe esperar que un éxito económico contundente —y relativamente rápido— logre extender la paciencia social y amortiguar el impacto de estos errores. Que, de algún modo, los resultados terminen por imponerse sobre las formas y que la sociedad decida “hacer la vista gorda” frente a deslices que, en otro contexto, serían imperdonables.
Eso no implica renunciar a la responsabilidad. Cada acto debe ser investigado, cada error señalado y cada conducta impropia corregida. Pero también es cierto que el objetivo superior del momento exige una mirada estratégica: impedir que la maquinaria peronista e izquierdista, siempre lista para capitalizar cualquier traspié, logre frustrar el proceso de restauración.
La Argentina está frente a una disyuntiva histórica. Recuperar el espíritu de una Constitución que supo ser de las más avanzadas del mundo o volver a caer en el ciclo de decadencia que la ha definido en las últimas décadas. Perder esa oportunidad por errores conceptuales sería trágico. Pero perderla por estupideces sería, además, imperdonable.
(*) Periodista de actualidad, economía y política. Editorialista. Abogado, profesor de Derecho Constitucional. Escritor
