En Luján premian con casi 500 millones a un compañero de ruta judicial de Ducoté

Leo Boto Alvarez, el camporista a cargo de la intendencia de Luján le otorgó la “Reparación, Parquizado e Iluminación del Puente de Control” por casi 500 millones al emprendimiento de un empresario que se encuentra procesado, embargado y a la espera del inicio de un juicio oral y público por sobrevaluar precios y certificar obras que no fueron cumplidas, con el objeto de defraudar al Estado.

El pasado 31 de marzo el intendente Leo Boto Alvarez adjudicó la Licitación Pública 23/2022 a la empresa TORDEL SA por la suma de $486.056.669,39 para realizar la ejecución de la obra denominada: “Reparación, Parquización y Puesta en Valor del Puente Control“, según consigna El Disenso.

TORDEL SA es una empresa creada en 2006 por Sergio Miguel Russo, actualmente procesado y embargado en el marco de la causa 8920 “DUCOTE, NICOLAS JOSE Y OTROS s/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) y INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249)” que se encuentra a la espera del inicio del juicio oral y público.

Según los detalles del expediente, Sergio Miguel Russo en tanto presidente de TORDEL SA junto a Nicolás Ducote y varios ex funcionarios de Pilar “efectuaron en distintos estadios de la maniobra aportes que derivaron en la desviación de los fondos que fueron girados desde el ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación a la Municipalidad de Pilar -en el marco del ya aludido convenio específico “Peruzzotti”-, en favor de terceros y en perjuicio de la administración pública nacional».

De acuerdo a los jueces de Cámara Lugones, Morán y Barral, Sergio Miguel Russo “sobrevaluó precios y certificó la realización de obras que, en definitiva, no fueron cumplidas, con el claro designio de apoderarse de fondos públicos“.

“Estamos en presencia de dos obras públicas de distinta entidad costeadas por el Estado Nacional, que fueron abonadas al municipio de Pilar por sumas millonarias a pesar de que no fueron concluidas”, indicaron los jueces en el escrito.

Russo es la pareja de la ex concejal zuccarista y ex intendente interina de Pilar Liliana Monje. Su empresa TORDEL SA es continuamente adjudicada desde municipios conurbanos como Vicente López y Escobar.

En base a estos hechos, Tordel SA no se podría haber presentado  a la Licitación Pública ya que de acuerdo al Artículo 9 del pliego que detalla las inhabilitaciones para la postulación, se especifica que no podrán concurrir como oferentes “las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción“ como así también “aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encontraren comprendidos en dichas causales”.

Pero Tordel SA presentó una DDJJ asegurando que la empresa no se encuentra comprendida en las causales de incompatibilidad e inhabilidad para contratar con la Municipalidad de Luján lo que es extraño dado que la Resolución de Cámara de la causa “DUCOTE, NICOLAS JOSE Y OTROS s/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS” se emitió el 29 de octubre de 2022 y la DDJJ de Tordel SA lleva fecha del 28 de noviembre de 2022.

Para más detalles, Tordel SA en la DDJJ de “Antecedentes de Obras” pone como “Obra Realizada” la “Construcción de Red Cloacal y planta depuradora de líquidos cloacales en Barrio Peruzzotti S/OC 2072” por $14.199.618,30 que es precisamente la obra por la que el dueño de Tordel SA se encuentra procesado y embargado, acusado de haber estafado al Estado y no haber cumplido con la ejecución.

Hace ya mas de un año Boto Alvarez presentó el faraónico emprendimiento señalando que gracias a esta obra, el Puente Control contará con iluminación que cambiará de colores según la ocasión. Con esta excusa en mano, el intendente le entregó casi 500 millones a un contratista a quien la justicia embargó y procesó por sobrevaluar precios y certificar la realización de obras que no fueron cumplidas, con el claro designio de apoderarse de fondos públicos.