Graves denuncias contra el presidente del Consejo Asesor a la Víctima de Pilar

Se trata de Claudio Enrique Milens, el papá de Carla, asesinada en 2011 al salir de su trabajo en el bingo Oasis. La denuncia alcanza también a su esposa, Marta Analía Palatnik de Milens, y fue formulada por Sandra Noemí Corrado, madre de Alan Ruiz, víctima de la delincuencia en el partido de San Miguel.

Los delitos que se imputan a Miilens, según la presentación que firma el abogado Marcelo Mendoza, son: amenazas reiteradas, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, violencia de género, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos, y fue presentada en una fiscalía de San Martín, aunque se espera que en los próximos días sea derivada a la N° 4 de Pilar.

Por el delito de amenazas, también fueron denunciados el candidato a intendente por el Frente Patriota Federal Fabián Llanos, lista que participará de las PASO con el propio Milens como primer concejal, y otros integrantes de ese espacio.

Corrado llegó a a justicia después de que el 8 de junio pasado fuera duramente increpada por  Milens en la estación de trenes de Pilar. A los gritos y a los empujones, con frases como «te voy a cagar a trompadas, estás mal atendida, te voy a enseñar lo que es un hombre…», el funcionario y candidato a concejal respondía así a la decisión de la señora Corrado de desvincularse al Consejo Asesor de Víctimas y retirar la placa con el nombre su hijo Alan del monumento ubicado en la plazoleta del tanque de agua, debido a diversas inconductas de su presidente y su esposa que fueron informadas oportunamente a la municipalidad sin que se adoptara medida alguna.

Entre las irregularidades referidas por la denunciante se consigna que el Consejo Asesor que preside Milens, conformado en 2016 e «integrado por su esposa Marta Analía Palatnik, su hermana Patricia Milens, y sus hijos Ezequiel y Jimena», establece en su estatuto la renovación de autoridades cada dos años, «lo que jamás se ha realizado a la fecha».

También se refirió a la denuncia de la ONG Ayudemos a Ayudar, que acusó directamente al matrimonio Milens de quedarse con una cocina nueva que se había donado para un comedor barrial, «al igual que otros particulares que donaban prendas de vestir nuevas o casi sin uso, juguetes electrónicos, medicamentos, etc., que los mencionados disponían quedándose con los mismos para sí y comercializando el remanente en ferias americanas de Pilar».

Otra situación que se denunció en Recursos Humanos del municipio y que consta en la presentación judicial, fue un proyector de video, propiedad de la comuna, que durante el gobierno de Ducoté «la familia Milens se llevó a su casa como si fuera de su propiedad, lo que se repetía con los insumos de trabajo otorgados al área».

Los reclamos de los empleados por estas situaciones eran respondidas por el matrimonio Miles «con agresiones verbales e incluso físicas», lo que resultó en que algunos recurrieran a Recursos Humanos mientras otros solicitaran un cambio de área de trabajo, y algunos optaran directamente por renunciar. En este punto, Corrado citó los casos de «algunas personas que fueron víctimas de amenazas de muerte, acoso laboral y sexual por parte del denunciado», entre ellos Susana Aguiar (madre de Gisela Vallejo), Ramona de los Santos (madre de Yanina Lovera) y Claudio Almirón (hermano de Sandra), a quienes pidió se convoque a prestar declaración testimonial.

La mujer aseguró además que el asesor letrado del Consejo, Eduardo Canti, «por orden de la señora Analía Palatnik de Milens, debía cobrar la asesoría jurídica, situación que en ste caso está vedada ya que es una dependencia gubernamental, y todos cobrábamos por nuestro trabajo un sueldo liquidado por la municipalidad de Pilar»,

Por último, Sandra Corrado aludió a las denuncias públicas que hacía Milens acusando a Enrique Zúccaro, el hijo del ex intendente, de ser el responsable del asesinato de su hija Carla, lo que ocurrió «en el último acto homenaje realizado en el Monumento a las Víctimas de la Inseguridad».

En el caso de la denuncia contra los integrantes del Frente Patriota Federal, también por amenazas contra su persona, están radicadas en la UFI N° 2.